Este mediodía en Antofagasta fueron abiertas las ofertas económicas de los consorcios que participaron en la concesión vial de Autopistas de la Región de Antofagasta, ocasión en que la empresa Skanska Inversora en Infraestructura S.A. presentó la mejor oferta sin solicitar subsidio del Estado, lo que implica un importante ahorro para las arcas fiscales.
Con una extensión de 200 kilómetros y un costo aproximado de 320 millones de dólares, la iniciativa propone elevar el estándar de calidad de un conjunto de rutas de la región, a través de la ampliación a doble calzada de Ruta 1, entre el norte de Antofagasta y el acceso sur a Mejillones, y el aumento a doble calzada de la Ruta 5, entre Uribe y Carmen Alto, beneficiando a las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda.
«Se ha dado un paso más en la meta de dejar el más alto nivel de inversión en infraestructura de la historia de Chile para el año del Bicentenario. En 2009, tuvimos un récord desde que existe la Ley de Concesiones, alcanzando el volumen mayor de obras adjudicadas y licitadas desde 1993. Hoy hemos adjudicado la obra más importante de Antofagasta», sostuvo desde Santiago el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar.
La concesión incorpora cruces de ferrocarril desnivelados, intersecciones a desnivel con las principales rutas, paraderos de buses y pasarelas, áreas de servicios en el sector de Baquedano, iluminación, señalización y postes S.O.S. de emergencia a lo largo de todas las rutas.
«Los antofagastinos tendrán una mejor infraestructura, se podrá abaratar costos, para llegar a los puertos y su aporte a la minería. La obra se iniciará con un estudio de ingeniería el 2010 y puede comenzar la ejecución el 2011, por tanto va a ser construida en el próximo gobierno. Una vez más estamos dejando obras en curso de manera que Chile siga progresando en los próximos 4 años con proyectos ya lanzados», sostuvo la autoridad.
El plazo operación del contrato quedó en 245 meses, incluyéndose el período de construcción, es decir, unos 20 años. Además, Skanska Inversora en Infraestructura S.A., de origen sueco, no solicitó el subsidio estatal ofrecido, consistente en UF 2,2 millones, por tanto esto significa un ahorro para el Estado.
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