Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) María José Hoffmann y Gonzalo Uriarte solicitaron al contralor general de la República, Ramiro Mendoza, que realice una auditoría completa por los fondos transferidos en los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet a Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones.
Uriarte reconoció que no se está frente a un caso de ilegalidad frente a este hecho pero que de todas maneras debe ser investigado exhaustivamente.
«Nosotros no estamos impugnando la legalidad de estas transferencias, y sabemos que está acotado a la ley de presupuestos y que es una facultad que existe. Sin perjuicio de ello, creemos que hay que saber qué ha pasado, cuál es el destino de esos fondos», afirmó.
El parlamentario planteó que se trata de un uso abusivo de la facultad de discrecionalidad que poseen los Presidentes de la República.
«Está claro que es un uso abusivo. Es un abuso del derecho, lo que se ha hecho es anticipar fondos como si se hubiese acabado el año 2010 y la verdad es que ni siquiera estamos terminando el primer trimestre del año 2010», declaró.
Añadió también que la designación de estos (aprox.) 3.106 millones de pesos es un «estéticamente impresentable».
Los legisladores establecieron que no se le recomendó ni exigió ningún plazo al organismo fiscalizador, es más «le hemos pedido al Contralor que se tome todo el tiempo del mundo para que nos haga un buen informe», aseguraron.
Cortinas de humo
Uriarte tuvo palabras para las declaraciones de parlamentarios de la Concertación, quienes acusaron que estas críticas por la entrega de fondos a organizaciones de la sociedad civil son una «cortina de humo» para ocultar su «falta de liderazgo».
«Basta ver las cifras que se han traspasados, que las ONGs, las corporaciones y fundaciones que aparecen recibiendo estos montos y la oportunidad en que se hace, para darse cuenta que está muy lejos de ser un volador de luces», expresó.
El legislador gremialista, a modo de respuesta, apuntó al momento en el que se hace esta transferencia, y declaró que espera que este gasto no se haya hecho por cuestiones políticas.
«No vaya a ser cosa que nos encontremos con sorpresas, en que lo que ha habido acá es una intención de darle un uso político a una facultad legal que existe, pero que para que no se cuestione su legitimidad debe ser ejercida con prudencia y creo que en este caso estamos muy lejos de eso».
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