Ante el Presidente Sebastián Piñera, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, rindió este jueves la undécima Cuenta Pública de actividades, y la tercera de su gestión.
En su balance, propuso modificar la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas, a través de la incorporación del uso de técnicas especiales de investigación y de herramientas procesales, como el uso de agentes encubiertos autorizados para introducirse en una organización o grupo de carácter subversivo.
En la ceremonia, que tuvo lugar en el terreno donde se erigirá el edificio institucional, Chahuán sostuvo que la Fiscalía de Chile debe dotarse de mejores herramientas para perseguir los delitos de corrupción, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Convención de Naciones Unidas, sugiriendo la adopción de técnicas como la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas, disponibles actualmente en Chile sólo para la investigación del lavado de activos.
El Fiscal Nacional recalcó que la Reforma Procesal Penal fue posible en Chile, gracias a la unidad de los más diversos sectores y actores. Y expresó su reconocimiento al permanente diálogo, coordinación y cooperación mantenido con el Poder Judicial, en general, y con la Corte Suprema, en particular, en la persona de su anterior Presidente Urbano Marín y del actual, Milton Juica, quienes con su experiencia, criterio jurídico y probidad han hecho más expedita la labor de la Fiscalía.
Junto con asegurar que los fiscales y funcionarios del Ministerio Público han estado a la altura de la crisis sufrida, producto del terremoto del 27 de febrero, Sabas Chahuán afirmó que la reforma procesal penal es un camino sin retorno, y la persecución del delito de manera eficiente y oportuna, es una cuestión prioritaria para los chilenos.
«Por ello confiamos y esperamos que se consideren nuestros anhelos y planteamientos institucionales. La sociedad toda debe confiar y esperar lo mejor de la Fiscalía de Chile, porque la justicia no triunfa sola, para hacerlo necesita soldados que peleen por ella. Y en eso estamos», indicó. Y por ello, reiteró el llamado a las autoridades a apoyar el Proyecto de Fortalecimiento institucional que, entre otras materias, pretender dotar de más fiscales y funcionarios a la institución, además de crear una Fiscalía que investigue casos de alta complejidad.
En la oportunidad, aprovechó de solicitar la modificación de algunos artículos de la ley 20.000 de Drogas, proponiendo una mayor fiscalización del comercio y transporte de precursores y sustancias químicas esenciales; y que los dineros obtenidos de la enajenación de bienes y valores decomisados de los narcotraficantes, ingresen a un fondo especial para utilizarlos en programas de prevención del consumo de drogas, y también en el financiamiento de la persecución penal de estos delitos.
Chahuán pidió además una modificación legal para excluir de beneficios como el indulto y la eliminación del prontuario, a condenados por delitos sexuales o reincidentes de los mismos.
A su vez, solicitó a los legisladores reponer el proyecto de ley que faculta a fiscales requerir directamente de las compañías de teléfonos, sin autorización judicial, la localización y datos de tránsito de las comunicaciones, entre otros, de un teléfono determinado.
El Fiscal Nacional anunció que, para incentivar una Cuenta Pública más participativa, durante marzo de cada año estará disponible un correo electrónico donde se recibirán las inquietudes de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la Fiscalía.
También, acogió la idea del Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, de convocar a una mesa de coordinación entre el Poder Judicial y la Fiscalía, a la que se invitaría también a la Defensoría Penal Pública.
LOGROS DE LA GESTIÓN 2009
La máxima autoridad de la Fiscalía de Chile destacó los resultados de la gestión durante 2009, año en que ingresaron al sistema 1.276.296 causas; se obtuvieron 248.140 condenas; y el promedio de tramitación disminuyó a 72 días en causas con salida no judicial, es decir, 20 días menos que en 2008, mientras que en las causas con salida judicial este periodo bajó a 126 días.
Sobre el tráfico de drogas, el Fiscal Nacional resaltó que en 2009 fueron condenados 9.744 personas, un 25,6% más que en 2008. Y en materia de microtráfico, en el marco del Proyecto de Investigación Focalizada, se logró la detección e intervención de 168 focos de alta concentración de este delito entre Arica y Puerto Montt, logrando la detención de 679 sujetos.
En materia de delitos sexuales contra menores de edad, el
Proyecto sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes -creado en 2008 en las zonas Occidente y Sur de la Región Metropolitana- fue extendido a la Región de Valparaíso. Ello permitió la detección de 135 focos de prostitución infantil, 74 en la Región Metropolitana y 61 en la V Región.
Los ingresos de delitos de corrupción en 2009 se mantuvieron en el 0,1% respecto del total de causas ingresadas. Entre ellos, destacan los delitos de estafas, cohecho y fraude al Fisco, y malversación de caudales públicos, los que representan un 85% del total de ingresos por estos ilícitos. En el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la Fiscalía de Chile recibió 52.770 casos en los que participó al menos un adolescente, registrándose una baja del 0,7% en relación a 2008.
Y respecto de la asistencia penal internacional, en 2009 se registró un sustancial incremento de requerimientos formales, aumentando éstos en un 56% respecto al año anterior.
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS
En materia de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, el Fiscal Nacional resaltó la implementación en seis fiscalías regionales del Programa Orientación, Protección y Apoyo (OPA), modelo de operación que responde a las necesidades de los usuarios en el proceso penal. En el marco de este proyecto, Sabas Chahuán destacó la puesta en marcha del Call Center de la Fiscalía de Chile (600 333 000), que desde octubre de 2009 ha atendido más de 30.000 llamadas de víctimas y testigos, provenientes de las seis regiones donde actualmente se implementa el OPA.
Asimismo, en 2009 se puso en marcha el Proyecto de Protección Especializada para Víctimas y Testigos de Casos Complejos, implementado como piloto en la Fiscalía Regional de Tarapacá. El modelo de intervención para casos vinculados a la criminalidad organizada, fue diseñado y planificado en una mesa de carácter nacional junto a Carabineros y a la Policía de Investigaciones.
En materia de atención a víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF), el Proyecto de Intervención Especializada fue implementado en 2009 en 11 regiones y en al menos una fiscalía local de las 4 restantes. Así, el modelo atendió a más de 40 mil víctimas, alcanzándose altos niveles de satisfacción, según un estudio realizado por una empresa externa que determinó que un 87,7% de las víctimas encuestadas apreciaron la atención brindada, como «Buena», «Muy buena» o «Excelente». «Durante este año, el proyecto se ampliará a nivel nacional, por lo que toda víctima de violencia intrafamiliar será contactada dentro de las primeras 24 horas, desde el ingreso de la causa a la Fiscalía, para luego evaluar su situación de riesgo que permita adoptar oportunamente, en un plazo máximo de 48 horas, de las medidas de protección adecuadas», dijo el Fiscal Nacional.
Sobre la seguridad de los fiscales, Sabas Chahuán informó que desde 2009 y hasta la fecha se han registrado 21 casos de fiscales que han sido amenazados, intimidados u objeto de atentados en 9 fiscalías regionales. Para ello, se estableció un Procedimiento de Protección de Fiscales, que busca brindar una intervención especializada, adoptando medidas tales como la reubicación del fiscal y su familia, la entrega de teléfono móvil, entre otras medidas.
OTRAS PROPUESTAS
Chahuán también propuso otras medidas de mejoramiento del sistema de justicia penal, como acceder a las bases de datos sobre detenidos de Gendarmería, considerando indispensable conocer características, en especial físicas, de los detenidos. «Tener acceso completo a esas bases de datos nos permitirían lograr descartar eventuales imputados con mayor rapidez, minimizar errores y también mejorar aún más los reconocimientos fotográficos que se realizan con las víctimas», afirmó.
Además anunció la utilización del artículo 87 del Código Procesal Penal que faculta al Fiscal Nacional a dar instrucciones generales a las policías. Para ello, informó que todo el país dispondrá de un manual práctico, que cada carabinero de servicio llevará consigo, con instrucciones obligatorias para la realización de diligencias inmediatas de la investigación de determinados delitos.
En el mejoramiento de la persecución de delitos menores, el Fiscal Nacional promoverá la interacción con las Municipalidades, estimulando la coordinación al nivel de Fiscalías Regionales, las que serán evaluadas, entre otros ítems, por el contacto con organizaciones comunales.
Manifestó también la necesidad de cruzar información respecto a todos los casos de menor complejidad, para así contar con resultados más eficaces en fenómenos delictivos, como robo de vehículos, robo a farmacias, bombas de bencina, entre otros, en una Unidad de Análisis Criminal.
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