El diputado de Renovación Nacional (RN), Joaquín Godoy, junto a la ex jefa del Centro de Asistencia de Víctimas de Delitos Violentos (CADV), Jenny Carreño, llegaron hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para que se investiguen irregularidades detectadas en la puesta en marcha del CADV de la región.
La oficina de asistencia aún no ha sido inaugurada a pesar que desde el año 2007 se paga arriendo por el inmueble ubicado en calle Freire 657. Actualmente allí funciona el centro, pero de manera bastante deficiente, según señalan los denunciantes.
Godoy explicó que el contrato de arriendo suscrito entre la división de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y el dueño del inmueble, la Sociedad Unitor Ltda., se firmó a fines del 2007 por un monto total de 98,49 UF mensuales ($ 2.076.000. aproximadamente), sin embargo, sólo comenzó a funcionar a medias al año siguiente.
«Se gastaron 25 millones de pesos al año en arriendo, donde no se utilizó el inmueble, los que finalmente se botaron a la basura. Cuando comienza a funcionar presenta una serie de falencias. No tenía techumbre, no tenía piso, y el sistema eléctrico era un desastre», afirmó.
El parlamentario declaró que se está en presencia de un proyecto fantasma, donde iba a funcionar un año completo, lo que no ocurrió. «Esto es un símil a lo que ocurrió con el Hospital de Curepto. Todo de utilería», dijo.
Por su parte, Carreño, ex funcionaria que fue despedida tras hacer estas denuncias, dijo que se recibió un centro desmantelado, sin cielo ni piso, y sin condiciones mínimas para trabajar allí. Agregó que ahí se ofrecía atención telefónica, que ni siquiera tenía la implementación necesaria.
El diputado aseguró que este jueves se reunirá con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, puesto que de esta cartera dependen los centros para entregarle todos los antecedentes sobre su funcionamiento.
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