La ministra en visita, Gloria Ana Chevesich, condenó por el delito de fraude la Fisco en en el caso MOP-Gate al ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, a la pena de tres años de presidio remitido.
También, al ex jefe de finanzas de la dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, Sergio Cortés, a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.
En total fueron 30 los condenados y 17 absueltos. En total fueron mil 253 millones de pesos los que defraudaron al Fisco. En esta arista específica fueron cerca de 800 millones.
Luego de dictar la sentencia en primera instancia, la jueza Chevesich, señaló que «como juez no me corresponde hacer ningún balance. Simplemente la obligación de un juez es cumplir un cometido, en este caso recibido por la excelentísima Corte Suprema, y no corresponde hacer balance.
Con respecto a las indemnizaciones solidarias a favor del Fisco que suman más de 3 mil millones de pesos, establecidas en el fallo para los condenados, Chevesich sostuvo que «como son demandas civiles es el Consejo de Defensa del Estado quien asume la representación del Fisco de Chile. Quien en su momento, en una vez que quede ejecutoriada la sentencia debe iniciar el cobro pertinente. En ese caso, es el Consejo el que tiene que iniciar las acciones y como son obligaciones solidarias se aplica las normas establecidas en el artículo 1511 y siguiente del Código Civil que establece y regula las obligaciones solidarias».
En relación a que no existe prisión por este tipo de delitos, la jueza explicó que «(…) a cada uno de los condenados se les concedió, a la mayoría, el beneficio de la remisión condicional de la pena y se los eximió de la obligación de satisfacer las indemnizaciones civiles (…) Respecto a Cortés Castro que se le dio el beneficio de la libertad vigilada, también se le eximió de la obligación de pagar las sumas de dinero dispuesta(…)la pena parte de 541 días a 5 años, por lo tanto, si se consideran atenuantes que están acreditados en el proceso, el juez tiene obligación de considerarlas y rebajar las penas. Si una persona tiene 3 atenuantes de responsabilidad penal como es el caso de uno de los condenados, el juez tiene la obligación de hacer la rebaja que establece el Código».
Respecto a las presiones que rondaron la investigación que duró más de siete años, Chevesich, comentó que «un juez tiene que tener la fuerza moral para asumir todo lo que importa ejercer el cargo, hay que tener fuerza (…) no puede verse afectado por la persona que tiene que ser interrogada, ya sea en calidad de inculpado o testigo. Todas las personas tiene que comparecer ante el tribunal, independientemente, de la calidad de las personas que está compareciendo ante el tribunal».
A lo anterior agregó que «se inició un proceso, se tramitó, desgraciadamente bastante tiempo. Uno siempre pretende que las cosas sean mucho más cortas, las investigaciones, precisamente porque hay tanta gente involucrada, pero uno va tramitando conforme al Código y las normas establecidas y tiene que cumplir con una sentencia y ahí está la sentencia y el resultado de la investigación».
De acuerdo a los 600 millones de pesos que no se pudieron comprobar su destino del monto defraudado al Fisco, y que aparentemente podrían haber estado destinados al financiamiento de las campañas políticas, Chevesich, respondió que «la sentencia responde. Se inició un proceso, se acusaron personas, lagunas fueron absueltas y otras condenados y ahí esta el resultado la investigación. (Desvío de fondos) Pero lean la sentencia y hay preguntas que una de las defensas se formula y que se responden en el mismo fallo (…) Un juez tiene que utilizar todos los mecanismos que establece la ley para pesquisar quién se benefició con el dinero fiscal pero efectivamente no pude pesquisarlos, no hubo manera, no obstante las diligencias que se decretaron con ese fín».
Una parte importante del monto defraudado estuvo destinado al pago de sobresueldos, frente a lo cual la juez afirmó «que lo que yo dije la escala de sueldos persigue que todos los funcionarios que desempeñan la misma función, reciban el sueldo asignado en la escala única de sueldos y que por lo tanto no se vean mejorado los sueldos de algunos funcionarios por otras motivaciones que puedan estar motivadas en afinidades personales o políticas».
INISTRA GLORIA ANA CHEVESICH DICTA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN CASO MOP-GATE
La ministra en visita Gloria Ana Chevesich Ruiz dictó sentencia de primera instancia en la investigación por la serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas y denominado por los medios de comunicación como caso MOP-Gate.
La magistrada dictó las sanciones que se detallan contra quienes se individualiza:
– Carlos Cruz Lorenzen. 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al Fisco continuado.
– Sergio Cortés Castro. 5 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al Fisco continuado.
– Roberto Salinas Briones. 60 días de prisión por su responsabilidad como autor de fraude al Fisco continuado.
– Sergio Hinojosa Ramírez. 60 días de prisión por su responsabilidad como autor de fraude al Fisco continuado.
– Ramón Silva Améstica. 60 días de prisión por su responsabilidad como autor de fraude al Fisco continuado.
– Eduardo Bartholin Zanetta. 61 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al Fisco.
– Gonzalo Castillo Navasal. 61 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al Fisco.
– Nassir Sapag Chai. 200 días de presidio por su responsabilidad como autor de fraude al Fisco.
– Héctor Quiroz Astorga. 60 días de prisión por su responsabilidad en el delito de fraude al Fisco continuado.
– Dolores Rufián Lizana. 60 dias de prisión por su responsabilidad como autora de fraude al Fisco continuado.
– Óscar Araos Guzmán. 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del fraude al Fisco continuado.
– Héctor Peña Véliz. 61 días de presidio por su responsabilidad como cómplice de fraude al Fisco.
– Luis Jara Nuñez. 40 días de prisión por su responsabilidad como encubridor de fraude al fisco.
Respecto de los acusados Leonel Vivallos Medina, Marcos Luraschi Pandolfi, Abdón Naim Pajundakis, Sergio González Tagle, Víctor Rey Pozo, Francisco Aguirre Arias, Jorge Echenique Larraín, Francisco González del Río, Jorge Quiroz Castro, Eduardo Valenzuela Freraut, Luis Arrau del Canto, Alejandro Gutiérrez Arteaga, Francisco Donoso Díaz, Carlos Calderón Pinto, Luis Solar Pinedo, Eduardo Paredes Molina y Yerko General Carrasco se dictó la absolución
Al condenado Cortés se le concedió el beneficio de la libertad vigilada por 5 años, mientras que al resto de los sentenciados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.
EN LO CIVIL
En el aspecto civil se acogió la demanda civil deducida por el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, y se condena a los acusados a pagar lo siguiente: Carlos Enrique Cruz Lorenzen la suma de $ 799.142.217, Sergio Cortés Castro la suma de $ 777.842.217.-, Roberto Salinas Briones la suma de $ 133.700.000.-, Héctor Peña Véliz la suma de $ 777.842.217.-, Héctor Quiroz Astorga la suma de $ 350.177.717. Ramón Silva Améstica la suma de $ 57.925.617.-, Luis Antonio Jara Núñez la suma de $ 150.390.000.-; Eduardo Bartholin Zanetta, Gonzalo Castillo Navasal y Nassir Sapag Chaín la suma de $ 21.300.000.-, Oscar Araos Guzmán la suma de $ 543.562.836, y María Dolores Rufián Lizana
la suma de $ 307.573.953, de manera solidaria.
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