Matar al canario: beneficiar a violadores infantiles y sacrificar a la niñez

Durante décadas, en las minas de carbón se utilizaban canarios para advertir la presencia de gases tóxicos. Cuando el ave enfermaba o moría, quienes trabajaban allí sabían que sus propias vidas estaban en peligro. El canario era la primera señal de alarma. Su muerte anunciaba que la mina estaba envenenada.

Matar al canario es sacrificar a quienes primero sufren el peligro, creyendo que el resto de la sociedad permanecerá a salvo. Eso está ocurriendo hoy con la niñez en Chile.

El presidente José Antonio Kast, en campaña, se comprometió una y otra vez a no beneficiar a abusadores sexuales infantiles ni violadores de menores. Prometió que cumplirían sus condenas. Sin embargo, durante los primeros seis meses de su Gobierno, el Ministerio de Justicia, por orden del Presidente de la República, otorgó mediante decretos administrativos 56 rebajas de condena: 27 a personas condenadas por abuso sexual infantil y 29 por violación de menores.

Un beneficio a pedófilos cada tres días desde que comenzó el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El Gobierno no solamente redujo condenas. Según la estimación de su propio ministro, sus decisiones ya han contribuido a que personas condenadas por violar y abusar sexualmente de niñeces y adolescentes recuperen su libertad. Todo esto mediante decisiones administrativas, sin que existieran órdenes judiciales individuales que obligaran al Gobierno del Presidente Kast a conceder masivos beneficios a abusadores sexuales infantiles y violadores de menores.

El Ejecutivo intentó justificar sus decisiones invocando a la Corte Suprema. Sin embargo, la presidenta del máximo tribunal aclaró que fue el ministro quien dictó los decretos. Además, existen fallos que han respaldado negar estos beneficios incluso cuando los delitos fueron cometidos antes de la reforma legal de 2022.

Por tanto, no estamos hablando solamente de interpretaciones jurídicas. Estamos hablando de decisiones políticas, de responsabilidades gubernamentales y de sus consecuencias para la sociedad.

Como Red de Sobrevivientes Chile, desde 2018 articulamos a personas sobrevivientes de abusos sexuales y otras violencias en entornos institucionales, como la Iglesia católica, el Sename y sus organismos colaboradores.

Llevamos años recorriendo Chile, desde el desierto hasta la Patagonia, educando para prevenir el abuso sexual infantil, promoviendo herramientas de protección, acompañando procesos y exigiendo justicia y reparación. Sabemos de qué estamos hablando.

En Chile los ataques sexuales han sido el tercer delito en alza a nivel nacional y la mayoría de esos ataques sexuales son contra la niñez. Cada año hay aproximadamente 40 mil denuncias por abusos sexuales infantiles. El 82% de las víctimas registradas estuvo compuesto por niñas y adolescentes mujeres. Y cerca de tres de cada cuatro denuncias terminaron archivadas.

El nuevo criterio del Gobierno del Presidente Kast para beneficiar de manera masiva a pedófilos de “buena conducta” es un peligro para la niñez, y también para toda la sociedad. Aunque inicialmente el Gobierno había señalado que seguiría con su nuevo criterio político de aprobar beneficios a abusadores sexuales infantiles y a violadores de menores condenados por la justicia, posteriormente decidió suspenderlos.

Mientras tanto, en el Congreso Nacional buscan criminalizar las denuncias de abuso sexual infantil que no puedan ser acreditadas, que son la gran mayoría, puesto que los pedófilos se encargan de abusar sin dejar pruebas.

Hay sobrevivientes de abuso que luego han muerto por suicidio. Hay vidas atravesadas por traumas, enfermedades, empobrecimiento, exclusión y ausencia de reparación. Y mientras miles de víctimas luchan por ser escuchadas, el Gobierno del Presidente Kast demuestra una enorme capacidad administrativa para tramitar beneficios a quienes fueron condenados por violentarlas sexualmente.

La Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Ley 21.430 obligan al Estado a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a todas las formas de violencia. No se trata de una concesión presidencial ni de una preferencia política. Es una obligación de derechos humanos.

La pregunta que debemos hacernos es profundamente sencilla: ¿qué clase de sociedad estamos construyendo cuando miles de niñas denuncian violencia sexual, sus causas terminan archivadas y, al mismo tiempo, el Gobierno facilita rebajas de condena a personas que sí fueron declaradas culpables?

En las minas, cuando moría el canario, el peligro ya estaba presente. No había que esperar a que murieran también quienes trabajaban allí para comprender la gravedad de la amenaza. Matar al canario es creer que podemos sacrificar los derechos de la niñez sin poner en peligro los derechos de toda la sociedad. Es olvidar que la violencia que hoy toleramos contra quienes tienen menos poder termina transformando las condiciones de vida de todas las personas.

No estamos solamente frente a 56 decretos. Estamos frente a una señal de alarma sobre el valor que el Estado está otorgando a la vida, la justicia y los derechos humanos de la niñez. Y cuando una sociedad decide ignorar esa alarma, no está salvando la mina. Está aprendiendo a vivir envenenada.