La Sala Penal de la Corte Suprema acogió los recursos de nulidad en el proceso por fraude al Fisco y estafa en contra de Luis Fernández Sarmiento, Max Leonidas Bastidas Pinilla y Fernando Demetrio Avendaño Schlick, cometidos en las ciudades de Viña del Mar y Quillota en 2005, y que es conocido como caso Programa de Generación de Empleo (PGE).
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron las presentaciones del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso que absolvió a los tres imputados.
El fallo de la Corte Suprema determina que se vulneraron las normas del debido proceso en el juicio oral al no considerar una serie de pruebas. «Cuando el tribunal decide cercenar la prueba nueva de cargo consistente en la incorporación de la copia de la sentencia de un procedimiento abreviado, por los mismos hechos pero respecto de otros imputados, y la declaración, como testigos, de tres condenados por los acontecimientos materia de la averiguaciones que derivaron en un juicio oral, lo que hace en realidad es atentar contra la garantía constitucional del debido proceso.
Que, en este escenario, el Ministerio Público y el querellante institucional quedaron en una posición desventajosa, ya que se les inhibió la posibilidad de rendir prueba de cargo, en carácter de prueba nueva, experimentaron así el perjuicio requerido por la nulidad, con atropello de las normas relativas a la garantía ya aludida consagrada en el artículo 19, N° 3°, inciso 5°, de la Carta Magna», dice el fallo.
El máximo tribunal anuló la sentencia absolutoria y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado.
El fallo se adoptó con el voto en contra del ministro Ballesteros, quien estuvo por desestimar la anulación por la causal de infracción al debido proceso y analizar otras causales planteadas.
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