Diputados de la Democracia Cristiana (DC) piden que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, se refiera a las sanciones y a la investigación que debiera realizarse debido a la denuncia de utilización de soldados en empresas de seguridad y que la Contraloría General evalúe si corresponde investigar este caso.
Lo anterior, tras el programa de TVN, Informe Especial, revelara que una empresa de seguridad desde abril pasado reclutaba a conscriptos pertenecientes a un regimiento de la capital para que trabajaran como guardias de seguridad.
El diputado Jorge Burgos (DC), junto con reiterar la necesidad de fiscalizar esta actividad relativa a la seguridad privada, calificó como «grave» la situación de los conscriptos del Regimiento de Peñalolén, que son ofrecidos para trabajar como guardias en empresas de seguridad.
Al respecto, señaló que «todo lo que vimos es muy grave, pero en particular, la denuncia relativa al uso de conscriptos. Que una empresa privada saque soldados con el posible aval de oficiales o suboficiales para ofrecerlos como guardias requiere no sólo de una investigación, sino de fuertes sanciones. Recordemos que algo muy similar ocurrió en Temuco, donde sacaban conscriptos para trabajar en una embotelladora.
Aquí los responsables no son los soldados, sino quienes tienen un grado mayor».
Agregó que «los conscritpos, por ley de reclutamiento, no pueden y no tienen ningún espacio para salir a trabajar».
Por lo anterior, el diputado Ricardo Rincón, integrante de la comisión de Defensa, solicitará hoy, desde la Cámara, los oficios respectivos señalando que «especialmente el tema de los conscriptos nos preocupa ya que a todas luces es contraria a la ley. El Ministro de Defensa ha reprochado estos hechos. Solicitamos, entonces, que el Ministro informe en detalle, sobre las disposiciones legales infringidas, sobre la fecha de inicio del sumario, sobre la fecha aproximada en que se esperan los resultados, y particularmente del envío de las conclusiones, a este Cámara, cuando corresponda».
Agregó que se pedirá, además, que «el Contralor de la República, en uso de sus facultades, pueda investigar los hechos denunciados en el programa periodístico teniendo presente el eventual involucramiento en los mismos de recursos fiscales, y de funcionarios del Estado».
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