Abogados de Atala: al restarse la Suprema de la mesa se sepultó posibilidad de cambio
Los abogados de la jueza Karen Atala, Helena Olea de Corporación Humanas, Jorge Contesse del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales e Iván Harasic de Libertades Públicas, reaccionaron este martes por la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile por la supuesta discriminación sufrida por la magistrada en el proceso de tuición de sus hijas.
El abogado Contesse explicó frente a las ideas del Ejecutivo de elaborar una mesa de trabajo para realizar modificaciones en miras a resarcir los daños causados fue determinante que al marginarse de la mesa la Corte Suprema se sepultaron las posibilidades de cambios.
«Este caso se origina por una sentencia de la Corte Suprema y en consecuencia es del más alto interés que sea la Corte Suprema y el Poder Judicial en general quienes estén presentes en las medidas que se adoptan. Cuando la Corte decide sustraerse de la mesa de trabajo, las posibilidades de producir cambios a nivel nacional son sepultadas», dijo.
El abogado de la Universidad Diego Portales añadió que «la mesa de trabajo nos parece una buena medida, se puede seguir haciendo, pero después de años tramitando el caso no es aceptable o suficientes a ojos de la comisión implementar cambios a través de esta mesa».
Los juristas recalcaron que este es un caso sin precedentes pues es la primera vez que la CIDH deberá pronunciarse por un caso de discriminación por orientación sexual, por lo que desde ese punto de vista es un hecho histórico.
«Chile hoy día es puntualizado como un país que discriminó por la orientación sexual», dijo Contesse y agregó que «la demanda es sin precedentes, es una decisión histórica en que la CIDH tendrá que pronunciarse respecto de la orientación sexual como una causa de discriminación en contra de las personas en la región. En este sentido se trata de un caso que ha suscitado el interés no sólo de organizaciones de derechos humanos en Chile, sino en América Latina, sino en países del norte como Estados Unidos y Canadá».
PLAZOS
El juicio podría durar un año y medio y los alcances podrían ser desde que se condene al Estado reparar de forma patrimonial (a través de una indemnización económica) por el daño causado a Atala y sus hijas, hasta modificaciones sustantivas que se hagan a nivel legislativo e incluso constitucional.
Harasic señaló que incluso esto podría repercutir en la modificación del artículo número 2 de la Constitución para determinar que nunca más en Chile se discrimine a una persona en ningún nivel, menos por su orientación sexual.
«Lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pretende al demandar hoy al Estado de Chile es impedir que el día de mañana un padre sea privado de la tuición de sus hijos menores por el sólo hecho de ejercer libremente su orientación sexual», sostuvo.
LA HISTORIA DEL CASO
En 2004 la Corte Suprema decidió negar la tuición de sus hijas a Atala basados en que ella vivía con su pareja, la historiadora Emma de Ramón, señalando que «esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo síquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas».
«(…) la convivencia entre Atala y su pareja, sitúa a las menores en un estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal», señaló la Suprema.
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