La tercera sala (constitucional) de la Corte Suprema acogió este miércoles el recurso de protección presentado por una comunidad indígena de Valdivia en contra de una resolución de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Los Ríos que calificó favorablemente una Declaración de Impacto Ambiental (DEIA) de un proyecto de estación de transferencia de residuos sólidos.
La resolución establece que la Comunidad Indígena Puquiñe y el Comité Agrícola Campesino Salto de Agua tenían razón respecto a que el proyecto Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Lanco-Panguipulli (de la Municipalidad de Lanco) requería un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una mera DEIA por lo que se actuó de manera ilegal y arbitraria al calificarlo favorablemente.
Asimismo, el máximo tribunal agregó que se debe cumplir con el requisite de consulta de acuerdo a la Ley de Bases del Medio Ambiente y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Que lo anterior importa que en este caso la autoridad administrativa debió considerar el procedimiento de participación ciudadana de los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300, contemplando además los estándares del Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales», afirma.
Los efectos del fallo obligan a los autores del proyecto a realizar nuevamente los estudios para obtener los permisos medioambientales necesarios para llevarse a cabo la estación de transferencia de residuos.
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