La jueza francesa de instrucción Sylvie Gagnard, quien está a cargo de las indagatorias en contra de Gilberte Van Erpe, más conocida como «Madame Gil», imputada por los delitos de estafa reiterada y defraudaciones cometidas en Chile en perjuicio de 4.400 personas por el caso «Quesitos Mágicos», dispuso el cierre la etapa de plenario, por lo que estaría en condiciones de dictar sentencia a mediados del presente año.
Así lo informó el abogado Raúl Meza, de acuerdo a los antecedentes entregados por su par francés, Jaques Boedels, quien tiene la representación judicial de 736 víctimas chilenas ante el Tribunal de la Gran Instancia de París.
De acuerdo a las indagatorias, «el tribunal francés determinó que los mandatos que enviaron las víctimas chilenas desde la ciudad de Coltauco a Francia y que suscribieron los días que la jueza Gagnard estuvo en Chile fueron rechazados por no contar con abogado patrocinante en Francia», consigna una declaración emitida por Meza.
Por lo anterior el jurista acusó «un evidente abandono de estas victimas chilenas por parte del Ministerio Público y de la Cancillería» bajo el gobierno de Michelle Bachelet.
En la nota de prensa se indica que el número total de afectados chilenos que tienen la calidad de partes civiles ante el Tribunal de París son definitivamente 736, sin embargo, el total de estafados en Chile fueron 4.400 personas.
Meza dio cuenta que en la etapa de plenario, «la juez Sylvie Gagnard le otorgó al abogado francés representante de las 736 victimas chilenas 30 días para acreditar y describir los perjuicios patrimoniales de cada una de las víctimas chilenas y señalar el monto del perjuicio. Para cumplir con dicho requerimiento, será fundamental los antecedentes que serán solicitados por el abogado representante de las victimas en Chile, Raúl Meza Rodríguez al Ministerio Público chileno».
El jurista explicó que si se acreditan los perjuicios ante el tribunal galo, «el Estado francés estaría, indemnizando sólo a aquellas víctimas chilenas que tienen la calidad de partes civiles ante la justicia francesa, con montos que serían aproximadamente entre 500 EU y 1200 EU dependiendo del monto del perjuicio de la víctima, pudiendo llegar a un monto total de EU 625.600 por las partes civiles chilenas».
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