Tres años y un día de presidio con el beneficio de la libertad vigilada deberá cumplir la técnico paramédico María Cecilia Valderrama Gutiérrez, tras ser condenada como autora del delito de homicidio frustrado, cometido en contra de una menor de dos años y cinco meses de edad a quien infiltró aire con una jeringa, en el hospital regional de esta ciudad.
De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, ella cometió su acción en tres oportunidades, cuando la pequeña estaba internada y le ocasionó una embolia gaseosa, que la tuvo al borde de la muerte.
La imputada fue investigada y llevada a juicio por la fiscal Paula Rojas, quien a través de diversos testigos, peritos y evidencias, logró acreditar ante los jueces orales que el 27 de octubre de 2008, la víctima estaba hospitalizada en pediatría del Hospital Regional de Talca, con diagnóstico de neumopatía bilateral y con tratamiento medicamentoso que se suministraba mediante goteo, por vía intravenosa.
En estas circunstancias, alrededor de las 18:00 horas, Valderrama Gutiérrez, le aplicó el medicamento que introdujo en el suero y, a fin de despejar la vía, procedió a infiltrarle aire con una jeringa en tres oportunidades, en pleno conocimiento de su prohibición y consecuencias. Esto le causó una embolia gaseosa, a raíz de lo cual, la menor gritó de dolor, se puso cianótica, tiesa y se desvaneció. Frente a esta situación, la imputada no le prestó la ayuda necesaria y fue asistida por otros funcionarios y médicos del mismo hospital, quienes le proporcionaron los auxilios oportunos que permitieron salvarle la vida.
La sentencia establece que la imputada tenía pleno conocimiento de las consecuencias mortales de su conducta y la alta probabilidad de deceso de la víctima, debido a su preparación como técnico paramédico, la instrucción recibida, procedimientos que reglan el suministro de medicamentos y el tiempo de antigüedad que tenía en el servicio. A ello se suma que ni si quiera pidió auxilios médicos.
Considerando que la imputada tiene irreprochable conducta anterior y el informe favorable elaborado por el Centro de Reinserción Social Social, la imputada podrá cumplir su condena de tres años y un día con el beneficio de la libertad vigilada.
A esto se suma la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas del procedimiento.
El fallo fue dictado por los jueces Iván Villarroel, Amelia Avendaño y Jeannette Valdés.
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