La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) expresó este miércoles su desazón luego de conocerse que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior resolviera no apelar para lograr el procesamiento de militares en retiro imputados por el crimen del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973.
Para la entidad que dirige Lorena Pizarro Sierra la medida «lentamente avanza en su trazado de impunidad».
Y agrega la AFDD en su declaración que «a la ya denunciada lentitud y actitud conciliadora para con los violadores de los derechos humanos, se agrega el desistimiento de la apelación para que se detuviera a militares imputados en el brutal homicidio de Víctor Jara, hecho que sorprendió incluso a los magistrados que veían la causa».
La Agrupación sostuvo que las razones esgrimidas por la actual encargada del Programa, Rossy Lama, y por el ahora abogado encargado de tramitarla, Francisco Ugas, «escapan a la lógica que en rigor debe tener un organismo cuya función es perseguir las responsabilidades penales de quienes cometieron esos delitos de lesa humanidad».
«Si sumamos esto a las ya denunciadas prácticas de desmantelamiento de la frágil institucionalidad, construida con el esfuerzo y lucha constante de los familiares organizados, es que estamos en presencia de verdaderas políticas de estado que aseguran la impunidad, compromiso asumido por las nuevas autoridades en la campaña electoral, tantas veces negado, pero que en los hechos demuestran lo contrario», estableció la organización.
De acuerdo a informaciones de prensa, el entonces abogado querellante Cristián Cruz, solicitó la prisión preventiva para los oficiales en retiro Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo, planteamiento que fue desestimado por el ministro del caso, Juan Fuentes Belmar.
A la fecha el único procesado en la causa es el ex conscripto José Paredes Vásquez.
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