Los jefes de bancada de la Concertación rechazaron lo que calificaron de «externalización» de servicios educativos que trae consigo la creación de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad.
Ello, después que los legisladores se reunieron este lunes en Santiago con el presidente de la Asociación de Empleados del ministerio de Educación (Andime), Egidio Barrera, y el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, quienes les mostraron su preocupación por el futuro de estos dos organismos.
El diputado jefe de la bancada PPD, Ramón Farías, expresó que «el problema mayor es que existe una clara intención de externalización, y se hace a través acotaciones de ciertos artículos donde se permitiría la entrega de servicios a terceros, es decir, la tercerización y sacar al ministerio y al Estado finalmente de tareas primordiales, y eso nos preocupa, y no estamos de acuerdo, creemos que la educación pública debe ser pública, debe ser manejada desde el Estado y no ser manejada por terceros», afirmó Farías.
Los trabajadores del Ministerio de Educación expusieron sus principales aprensiones con el proyecto que actualmente se debate en el Congreso Nacional, afirmando que lo que se intenta es privatizar la Educación y que, por ejemplo, el 30% de los funcionarios serían traspasados a la Superintendencia y la Agencia, pero se desconocen las reales condiciones laborales y de contrato que mantendrán.
Farías indicó que «el resguardo de la carrera funcionaria no se está respetando, se pasa a llevar a funcionarios que han trabajado durante muchos años en el ministerio, con una evidente contradicción por parte del gobierno, donde se despide a más de 500 trabajadores con el argumento de exceso de personal, sin embargo, se contratan 300 nuevas. Esto lógicamente nos produce suspicacias, a tener desconfianza sobre las verdaderas razones de los despidos y de lo que se pretende con este proyecto».
Por su parte, el subjefe de la bancada, Tucapel Jiménez (PPD) indicó que «lo que acordamos fue conversar con nuestros diputados que integran la comisión mixta para que respalden las peticiones de la Anef y de la Andime, porque no es posible que se pretenda externalizar la educación pública».
A su vez, el jefe de bancada del Partido Radical, Marcos Espinosa, afirmó que «compartimos con ellos las inquietudes y desde ya le anunciamos a los parlamentarios de oposición que nosotros vamos a defender con mucha fuerza lo planteado hoy, y si el proyecto que llega a la sala no contiene las indicaciones, votaremos nuevamente en contra de la creación de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad».
«Nosotros como Bancadas de la Concertación y de la oposición en general vamos a respaldar las indicaciones que ellos han presentado y obviamente vamos a alinear a nuestros parlamentarios para que una vez que el informe de la comisión mixta salga y vaya a sala a votación, lo votaremos negativamente si vienen incorporadas estas indicaciones», precisó.
Por su parte, el presidente de la Andime, Egidio Barrera, expresó que la «mayor preocupación es que prácticamente todas las dificultades que se entregan desde el ministerio de Educación a la Superintendencia y a la Agencia terminan siendo externalizadas, porque los millonarios recursos que se entregan en subvenciones perfectamente en el futuro pueden ser fiscalizados por terceros. Con esto se vulnera la Ley General de Educación. Cuando se crearon las figuras de la Superintendencia y la Agencia y cuando se hicieron las especificaciones de las facultades en ningún caso se daba la posibilidad de privatizar las facultades que están pasando desde el Mineduc a esta dos instituciones», indicó el dirigente.
Barrera expresó que esperan que «los diputados tengan alguna posibilidad formal de influir especialmente sobre el senador Ignacio Walker (DC) porque con los otros miembros de la comisión de Educación hemos tenido reunión y hemos sido bastante bien escuchados, y además que por ellos fue rechazada en una primera instancia la ley, y esta ley recuérdense fue rechazada prácticamente en un 95%. Sólo 5 o 6 artículos fueron aprobados en la primera instancia».
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