Al mediodía de este jueves, las bancadas de diputados de la Concertación y el Partido Comunista ingresarán la acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, debido a la polémica generada por la entrega de subsidios habitacionales en la Población Aurora de Chile, en Concepción.
El apoyo de la oposición al libelo es casi irrestricto, de no ser por el ex PPD René Alinco, quien planteó sus reparos ante los méritos jurídicos de la iniciativa.
Mientras, en el oficialismo, a pesar del apoyo absoluto del Ejecutivo a la autoridad regional, se ve con preocupación la actitud de los diputados de RN Karla Rubilar, Marcela Sabat, Roberto Delmastro y Frank Sauerbaum.
Además, la directiva de la tienda, el senador Carlos Larraín (presidente) y el ex subsecretario de Investigaciones, Mario Desbordes (secretario general), han reiterado que los parlamentarios de la colectividad están en libertad de acción.
El éxito de la acusación podría inhabilitar a Van Rysselberghe para usar cargos públicos por cerca de cinco años y la destitución de su actual cargo.
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