Pasadas las 10 de la mañana comenzó la audiencia de formalización de cargos en contra de los 8 gendarmes a los que se les imputa responsabilidad por el incendio de la cárcel de San Miguel del pasado 8 de diciembre.
El juez Rodrigo Cayo de 11° Juzgado de Garantía es el encargado de llevar adelante el procedimiento.
El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Alejandro Peña, anunció que se «se van a imputar cargos por delitos en calidad de reiterado», advirtiendo que tres de los centinelas serán responsabilizados por homicidio por omisión (Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete) y los otros cinco por cuasidelito reiterado de homicidio (Carlos Bustos -director regional metropolitano- Jaime Ernesto San Martín -jefe operativo regional- Segundo Sanzana -alcaide de la cárcel de San Miguel-, Patricio Campos -jefe administrativo del penal- y José Alexis Hormazábal -oficial de guardia).
En ese marco el investigador precisó que con la diligencia de hoy con concluye el proceso, por lo que no descartó que más adelante puedan darse nuevas formalizaciones, incluso en contra de gendarmes de cargos más altos.
«Hay diligencias pendientes y que eventualmente pueden configurar hechos delictivos, pero hay que esperar su resultado. Lo de hoy es responsabilizar a los actores directos de lo que pasó el 8 de diciembre», dijo Peña.
Según el persecutor aún restan muchas pericias por recibir por lo que aseguró que «esta es una investigación que recién se está judicializando. Hay que evaluar si los hechos configuran nuevos delitos y en ese contexto se harán efectivas las responsabilidades penales».
En las afueras del tribunal hay gran cantidad de familiares de las 81 víctimas que dejó como saldo el incendio del penal. Todos están a la espera de lo que se resuelva en la audiencia.
A pesar de que no se confirmó si el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva de quienes hoy serán imputados, se prevé que la diligencia dure alrededor de 10 horas, lo que hace suponer que efectivamente la discusión se centrará en las medidas cautelares que se pretenden en contra de los responsabilizados.
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