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[Lo+Leído] No eran únicamente 56 casos de delitos sexuales: bajaron condenas a presos de Punta Peuco
A las 56 rebajas de condena por abuso sexual y violación de menores concedidas por el Ministerio de Justicia por vía administrativa se suman tres por secuestro calificado y tortura. Dos corresponden a presos de Punta Peuco. La revelación abre un flanco en La Moneda.
• Una investigación reveló que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condenas: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. Solo una solicitud fue rechazada. La situación abrió paso a una interpelación al ministro, una eventual comisión investigadora y dos sesiones especiales para el lunes y martes siguientes.
• La Unidad de Investigación de El Mostrador comprobó que las rebajas de condenas no se limitarían a delitos sexuales contra menores, sino que también se habían dictado otros tres decretos exentos por delitos de extrema gravedad, entre ellos tortura y secuestro calificado.
• Entre esos casos figuran dos condenados recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco: uno por secuestro calificado y otro por tortura. A ellos se sumaría un tercer preso que no estaría recluido en ese penal y cuya condena también correspondería a un delito de extrema gravedad.
• El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que los decretos se dictaron “por orden del Presidente de la República” y que las decisiones recogieron la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo. Sin embargo, el artículo señala que el máximo tribunal ha rechazado beneficios similares, incluido un recurso de un condenado por delitos sexuales contra menores en marzo de ese año.
• La Defensoría de la Niñez, a través de Anuar Quesille, calificó los antecedentes de preocupantes y pidió una explicación clara al Ministerio de Justicia. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, advirtió que las rebajas a condenados por delitos sexuales o crímenes de lesa humanidad podrían vulnerar las obligaciones internacionales de derechos humanos de Chile en materia de justicia.