El vocero de la Corte Suprema, Nibaldo Segura, mostró la preocupación del máximo tribunal del país por las presuntas irregularidades detectadas en el tribunal de garantía de Arica, donde tres jueces están siendo indagados por presuntas faltas a la probidad.
Una investigación de la suprema Margarita Herreros, quien viajó a Arica a investigar el hecho, determinó que los magistrados Gonzalo Díaz, Juan Araya y Gonzalo Urrutia, quienes tramitaron el cúmplase de una condena por estafa en contra del empresario Carlos Herrera, sin que éste haya cancelado -como ordenó la sentencia del Tribunal Oral- restituir al municipio los $75 millones que fueron defraudados.
Ayer el juez Gonzalo Díaz reconoció además haber pagado a Herrera $15 millones para la compra de un vehículo, que finalmente nunca le entregó.
«Desde el comienzo la preocupación existió. Se tomaron las medidas para que se comenzaran a clarificar los hechos. Con la información que nos proporcionó la Ministro en Visita (Margarita Herreros) nos dimos cuenta que la situación amérita una investigación como ésta y amerita la concesión para ella de las medidas extraordinarias referidas», dijo Segura.
El Pleno de Ministros del máximo tribunal determinó ayer abrir un sumario administrativo en la zona a cargo de la jueza Herreros quien dispondrá de amplias facultades, incluso para denunciar eventuales delitos.
«Es un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Si hubiesen ilícitos, se analizarán, la ministro puede hacer la denuncia al Ministerio Público», explicó Segura.
«La gravedad se mide en los tribunales en relación a la sanción que se aplica. Por lo tanto las sanciones serán proporcionales. Después de la investigación se analizan esas responsabilidades. Eso ha sido preocupación permanente de los tribunales, no tan sólo lo que trasciende al interés de la prensa. Permanentemente los tribunales están haciendo averiguaciones e investigaciones sobre hechos que constituyen faltas», dijo el magistrado.
upi/so/
