Jordán y por qué Rabat no entrega decretos: “Lo ponen en una posición de acusabilidad altísima”
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El constitucionalista advirtió que conocer los detalles de las rebajas de condenas podría complicar la defensa del ministro de Justicia. “El dilema ético supera esa lealtad”, afirmó, cuestionando que el Gobierno exija respaldo a sus parlamentarios frente a una eventual acusación constitucional.
La entrega de los detalles de los 56 decretos de rebaja de condenas podría complicar considerablemente la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, frente a una eventual acusación constitucional. Así lo advirtió el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, quien sostuvo que conocer los antecedentes de cada caso haría más difícil que parlamentarios oficialistas respaldaran al secretario de Estado.
En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Jordán abordó la controversia por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y la discusión sobre las responsabilidades del ministro.
El análisis se produce después de que la Comisión Política de la UDI descartara la existencia de fundamentos constitucionales o legales para acusar a Rabat, cuestionando además a los partidos del Socialismo Democrático por respaldar la iniciativa opositora.
Para Jordán, uno de los elementos centrales será el contenido de los decretos que la oposición ha solicitado conocer. “Que el entregar los decretos, vamos a conocer caso a caso, sin el perjuicio de que no se pueden conocer las personas, pero sí las situaciones”, planteó, apuntando a la necesidad de establecer por qué se concedieron los beneficios y cuáles eran las circunstancias penales de los condenados.
En ese escenario, advirtió que “el conocer el detalle de los horrendos delitos que están ahí, lo ponen en una posición de acusabilidad altísima”.
El constitucionalista también cuestionó la estrategia política del Ejecutivo para enfrentar la eventual acusación, particularmente los llamados a la unidad y lealtad de los parlamentarios oficialistas.
“Acá se trataba de poner en jaque a los parlamentarios como una especie de lealtad al gobierno, y quién está con el gobierno y quién no está con el gobierno, pero ese es un falso dilema”, afirmó.
A su juicio, la gravedad de los hechos debe prevalecer sobre las consideraciones partidarias. “El dilema acá está en que el hecho es atroz, la rebaja a abusadores es atroz”, sostuvo.
Jordán planteó que, si una acusación constitucional expone los antecedentes de cada decreto, incluso resguardando la identidad de los involucrados, los legisladores oficialistas enfrentarían mayores dificultades para justificar su respaldo a Rabat.
“Es imposible o muy difícil que un parlamentario oficialista diga, sabe que por lealtad al gobierno, o por distintas razones, encuentre que el ministro tiene razón”, afirmó.
En esa línea, insistió en que la controversia no debería resolverse únicamente desde la disciplina política. “El gobierno trató de poner el dilema político, o la lealtad política, por encima del dilema ético”, cuestionó.
Finalmente, el académico recordó que los parlamentarios tienen una responsabilidad de representación ciudadana, más allá de su pertenencia a una coalición.
Según sostuvo, es la propia ciudadanía, “más que la oposición, la que ha encontrado que es imposible aceptar lo que pasó”.
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