La defensa de los cuatro comuneros mapuches condenados por el atentado al fiscal Mario Elgueta en 2008, anunciaron que en los alegatos por el recurso de nulidad insistirán ante los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema que en el juicio realizado en Cañete, Región del Biobío, se vulneró el debido proceso al valorarse la declaración de un testigo secreto.
El defensor penal, Pelayo Vial, dijo que en el proceso «el desorden y la falta de acuciosidad del Ministerio Público que influyó en la posibilidad de defenderse, la mala valoración de la prueba por parte del Tribunal, la errónea aplicación del derecho por parte del Tribunal al evento del condenar a uno de los condenados que fue José Huenuche, a lo menos. Entonces hay varios puntos que hacen que este fallo sea anulado. Hay que siempre recordar que este fallo se dictó por mayoría, esto es 2 por 1, y por estos mismo hechos hay otro proceso paralelo en Justicia Militar que también fue de absolución.
Por su parte, la abogada particular de Jonathan Huillical, Victoria Fariña, estimó que «mediáticamente también es un tema que está en boga. Está el caso bombas, están otros casos donde hay comuneros mapuches también procesados, donde se está tratando de aplicar la ley 18.314, por lo tanto hoy día mediáticamente hay preocupación o por lo menos hay opiniones, así también la opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del alto comisionado de las Naciones Unidas (…) esto también ayuda de una y otra manera a que el contexto en el que se está debatiendo este tema se ve precisamente ahora cuando se está conociendo del recurso de nulidad respecto de, yo diría, uno de los juicios más complejos desde la Reforma Procesal Penal».
Este viernes comenzaran los alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema, primero por parte del defensor Pelayo Vial y luego de los otros defensores particulares de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, para después dar paso al Ministerio Público y el querellante del Ministerio del Interior.
Esta etapa podría extenderse hasta el lunes próximo y luego el máximo tribunal tiene 20 días para entregar su veredicto.
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