Luego de que se decretara la prisión preventiva para el ex rector del Colegio Salesiano de Concepción, Audín Araya, por la denuncia de tres víctimas, entre 15 y 17 años, de presuntos abusos sexuales reiterados entre marzo y noviembre de 2008, se anunció este viernes que se indagará la responsabilidad de la congregación en los hechos.
El Ministerio Público, en el transcurso de los cuatro meses de plazo para la investigación de los hechos, deberá determinar si hubo complicidad, donde el abogado querellante de uno de los afectados, Renato Fuentealba, aseguró que «desconocemos todavía a esta altura de la investigación si hubo complicidad o no. Sí podemos decir que está acreditado en el proceso, que tanto el director nacional de los establecimientos Salesianos tomó conocimiento de esta acusación de abuso sexual cometida por el imputado Audín Araya. De esta manera resulta grave el hecho de que no haya cumplido con su obligación legal de denunciar los antecedentes».
«Todo docente encargado de un establecimiento educacional tiene la obligación legal de denunciar los hechos que pueden ser constitutivos de delitos y que ocurran dentro del establecimiento educacional. Por ello reviste una grave situación para nosotros que la estudiaremos y veremos las acciones legales correspondientes tanto en contra las personas que no denunciaron, como también eventualmente en contra el establecimiento educacional», adelantó Fuentealba.
Por su parte, el fiscal especialista en delitos sexuales, Carlos Palma, explicó que «hay varias diligencias que están pendientes, hay exámenes psiquiátricos del imputado que están pendientes, un examen pericial cronológico del imputado, un examen psicológico de credibilidad respecto de uno de los niños, la declaración de algunas personas que creemos que son fundamentales y que hasta este momento no podemos ver… algunas personas que el día 2 de diciembre tomaron conciencia de estos hechos y que en su momento determinaron, decidieron, la salida del imputado de la rectoría del colegio».
Por su parte, el abogado defensor Marcelo Torres desestimó las denuncias y explicó que «yo he sostenido que no ha constituido delito, por dos razones. Primero porque no están justificados estos hechos, los antecedentes que intentan demostrarlo son contradictorios. De acuerdo a algunos antecedentes estos hechos habría sucedido, de acuerdo a otros no habrían sucedido. Segundo, si nos ponemos en el caso de que hubiera sucedido, tampoco son constitutivos del delitos de abuso sexual del artículo 363, porque este exige abuso de parte del sujeto activo y entiendo que la Fiscalía no lo ha acreditado».
El imputado arriesga penas entre los 10 años y un día y los 20 días de privación de libertad.
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