Por el delito de desórdenes fue presentada una querella en contra de quienes resulten responsables, por los desmanes ocurridos tras las manifestaciones en rechazo al proyecto energético Hidroaysén durante este fin de semana.
El ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla, junto al intendente Metropolitano Fernando Etcheverría y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, estampó la acción legal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En la ocasión las autoridades fueron acompañadas por ex fiscal Alejandro Peña.
Los libelos buscan que se investigue y sancione a los responsables de los delitos de lesiones, daños a la propiedad, desórdenes graves y alteración del orden público, acontecidos los días viernes 20 y sábado 21, en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Aysén.
Ubilla aseveró que es de público conocimiento «el desborde de grupos organizados que fueron a estas actividades a generar desorden público, sobrepasando las intenciones de los convocantes: En Coyhaique se lanzaron bombas molotov a la Intendencia; en el Biobío, hubo saqueos y daños; lo mismo que en Valparaíso, donde además hubo lesionados. En la Región Metropolitana, se registraron el viernes la agresión brutal a carabineros y daños relevantes».
El ministro del Interior (s) fue enfático al condenar estos hechos, aduciendo que «los grupos organizadores tienen que revisar su política, tienen que asumir su responsabilidad en los graves sucesos acaecidos durante los actos públicos del fin de semana. No puede uno llamar y convocar, para luego, en el momento de los desbordes, señalar que se trata de grupos marginales».
PERMISO PARA NUEVAS MARCHAS
Consultado por la autorización de nuevas marchas, el ministro del Interior (s) aseveró que «el Gobierno garantiza el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, pero con la misma fuerza que garantizamos ese derecho, creemos que los organizadores deben asumir el deber de garantizar el orden público».
Por lo anterior precisó que «cada solicitud de marcha se evalúa por parte de la intendencia o gobernación respectiva y es ahí donde se definen los recorridos y horarios. Hasta ahora no se han recepcionado solicitudes de nuevas marchas, por lo que espero que los organizadores sean responsables y pidan los permisos correspondientes, tal como lo han hecho en otras ocasiones para que, en conjunto, se pueda definir el mejor lugar para garantizar el derecho a manifestarse y el orden público».
El intendente Echeverría indicó que esperará que se le solicite la autorización para, en conjunto, definir el lugar donde se puede autorizar la nueva marcha.
En tanto, el alcalde Zalaquett afirmó que la manifestación del viernes generó daños, hasta ahora, avaluados en una cifra superior a los 50 millones de pesos, sólo en lo que respecta a la propiedad pública.
«La gente de Santiago me solicitó que nos querellemos en contra de quienes están identificados por imágenes, para que respondan, porque los santiaguinos están cansados: llevamos más de 600 manifestaciones en el año, con daños que superan los 500 millones de pesos», sostuvo.
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