El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) formuló un llamado a asumir la «oportunidad histórica» que, a su juicio, se ha generado a partir de la «justa demanda» de los movimientos estudiantiles y de la ciudadanía, en torno a la «necesidad de avanzar» en los cambios que permitan contar con un proyecto educativo «inclusivo y de calidad», acorde con la plena garantía y respeto del derecho a la enseñanza.
Por medio de una declaración pública, el organismo manifestó que el Estado debe tener un rol «protagónico e insustituible en la creación de mecanismos de control adecuados y suficientes para garantizar el derecho a la educación».
Asimismo, recalcó que tiene «la obligación de velar porque la libertad de enseñanza no provoque disparidades en materia de instrucción, asegurando una educación de calidad en el conjunto del sistema escolar y evitando así, se configuren situaciones de incumplimiento en materia de garantía del derecho a la educación».
Además, enfatizó que debe «redoblar los esfuerzos para implementar las medidas que permitan a grupos especialmente vulnerables -como los niños/as y jóvenes migrantes, de familias nómades, con discapacidad, afectados por desastres naturales, pertenecientes a pueblos indígenas, las personas privadas de libertad y las mujeres y niñas- gozar, en igualdad de condiciones, de los procesos educativos».
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