Con el objeto de hacer extensivas al transporte público las normas existentes para las licitaciones que se realizan en la administración del Estado, un grupo de senadores presentó una iniciativa que busca excluir de los procesos de licitación a quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales.
La iniciativa, promovida por los senadores del Partido Socialista (PS) Pedro Muñoz, Isabel Allende, Camilo Escalona, Fulvio Rossi y la DC Ximena Rincón, fue remitida a la comisión de Transportes y Telecomunicaciones para su estudio.
Según explican los autores de la iniciativa, en el Congreso ya se aprobó una norma que está vigente, mediante la cual se contempló la exclusión por dos años, de las empresas sancionadas por prácticas antisindicales, de la posibilidad de ser proveedores de bienes y servicios de los organismos e instituciones públicas.
«Dicha medida constituye un complemento a las sanciones pecuniarias (multa) y al castigo social (publicación del listado de empresas infractoras) respecto de esta grave infracción que atenta contra el derecho básico de los trabajadores a organizarse en defensa de sus derechos», aseguraron.
Más aún, agregan, cuando han manifestado su intención de renovar los contratos «empresas que durante los últimos años han violado sistemáticamente, en forma contumaz, los derechos más elementales de sus trabajadores, como es su posibilidad de organizarse».
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