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Agencia Uno
No eran solo pedófilos: Gobierno también rebajó condenas a narcotraficantes internacionales
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Una investigación identificó 115 rebajas de condenas a extranjeros sentenciados por delitos de drogas, incluidos traficantes detenidos en la frontera norte. Los decretos aplican la denominada “Doctrina Rabat”, que impide denegar beneficios por la gravedad del delito.
La controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores suma nuevos antecedentes. Una investigación de Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia también concedió reducciones de penas a condenados por narcotráfico, incluidos extranjeros detenidos con importantes cargamentos de drogas en la frontera norte.
El reportaje examinó 150 decretos de rebaja de condenas a ciudadanos extranjeros, de los cuales 115 beneficiaron a personas condenadas por delitos de drogas. En ninguno de esos casos el ministerio se opuso a la reducción.
Los documentos aplican un mismo criterio jurídico, denominado por el medio como la “Doctrina Rabat”, según el cual “este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
Se trata de la misma interpretación utilizada para justificar las 56 rebajas de condenas a abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, reveladas el pasado 21 de octubre.
Entre los casos identificados figura Fredy Orlas Heredia, ciudadano colombiano condenado en noviembre de 2022 a cinco años y un día de presidio por transportar 52 kilos de pasta base de cocaína en Antofagasta.
Durante su cumplimiento de condena, Gendarmería lo evaluó con un nivel alto de riesgo de reincidencia y no recomendó concederle una pena mixta. Posteriormente, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta también rechazó su solicitud por unanimidad, al considerar que no había demostrado avances en su reinserción social.
Pese a esos antecedentes, el 1 de junio el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, actuando como ministro subrogante, firmó un decreto que redujo su condena en seis meses.
Otro de los casos corresponde al ciudadano boliviano Jhoel Ramos Antesana, condenado por participar en una operación de tráfico que involucraba más de una tonelada de drogas, entre marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base.
La operación fue detectada en julio de 2021 en la Región de Tarapacá. Según la sentencia, el cargamento estaba avaluado en más de mil millones de pesos y era trasladado mediante vehículos coordinados por radio.
Ramos fue condenado a cinco años y un día de presidio. Sin embargo, el pasado 12 de mayo, el Ministerio de Justicia redujo su pena en tres meses y fijó el término de su condena para dos días después.
La investigación también identificó al menos 13 beneficiados que habían sido detenidos en la frontera norte o en controles de las rutas provenientes de ella, principalmente en Colchane. Entre ellos figuran ocho ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. En cinco casos, las sentencias acreditaron ingresos por pasos no habilitados.
Uno de los beneficiados fue Wilber Tenajas Orellana, condenado por ingresar desde Bolivia junto a otras personas que transportaban 291,5 kilos de marihuana. Pese a que anteriormente se le había rechazado una pena mixta, Silva firmó un decreto que adelantó siete meses el término de su condena, desde abril de 2027 hasta septiembre de 2026.
También aparece el caso del venezolano José Luis Liscano Bermúdez, detenido en octubre de 2021 cuando trasladaba 32,7 kilos de ketamina junto a otro sujeto. Durante el procedimiento se incautaron además una granada de uso militar y dos pistolas, aunque ambos acusados fueron absueltos de los cargos relacionados con las armas y el explosivo por deficiencias en la acusación y las pericias.
Liscano recibió una condena de cinco años y un día por tráfico de drogas y vio rechazadas sus solicitudes de pena mixta en 2024 y 2025. No obstante, el 10 de abril, Rabat firmó el decreto que modificó el término de su condena. Su acompañante, Víctor Mora Araya, también recibió una rebaja firmada por el ministro. Según la investigación, ambos se encuentran actualmente en libertad.
Los antecedentes incluyen además a condenados por transportar marihuana y cocaína a través de pasos no habilitados en Colchane y Arica, algunos de los cuales habían recibido previamente resoluciones desfavorables para acceder a beneficios penitenciarios.
La revelación amplía los cuestionamientos sobre la aplicación de los decretos de reducción de condenas durante la gestión de Rabat. A las rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores se suman ahora los casos de narcotráfico, mientras el ministro continúa enfrentando presiones políticas por los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
La investigación de Interferencia también recordó que anteriormente había informado sobre reducciones de condenas a integrantes de una banda de extorsionadores que afirmaban pertenecer al Tren de Aragua.
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