A solicitud de la defensa de los ocho imputados en el caso Alto Río, este martes el Juzgado de Garantía de Concepción ordenó la reapertura de la investigación hasta el 30 de noviembre, a fin de que la Fiscalía tome declaración a cerca de 200 personas vinculadas a la construcción del edificio que colapsó tras el terremoto del 27/F, donde fallecieron ocho personas.
El 7 de septiembre pasado el Ministerio Público cerró las diligencias y el 16 de este mes el fiscal regional Julio Contardo formalizó la acusación en contra de los ex ejecutivos de la inmobiliaria Socovil, por cuasidelito de homicidio y de lesiones graves.
Sin embargo esta jornada, la defensa encabezada por el abogado Alejandro Espinoza solicitó la suspensión del proceso y la ampliación de la investigación, con el fin de que testifiquen quienes materializaron la construcción, que en total superan las 400 personas.
Según Espinoza, la Fiscalía además de los imputados, sólo interrogó a cuatro personas. «Nos parecía que se estaba vulnerando gravemente el derecho constitucional a la defensa, por que la defensa requiere plazos y proveerse adecuadamente de los medios para ejercer ese derecho y la Fiscalía, a nuestro juicio, sin fundamento alguno había negado diligencias pedidas oportunamente y pertinente y además había informes periciales pendientes, que aún no han sido evacuados», dijo el defensor.
Asimismo se pidió incorporar un estudio de ingeniería del Dictuc de la Universidad Católica y otro al Idiem de la Universidad de Chile.
Por su parte, el fiscal del caso, Nelson Vigueras, sostuvo que «está dentro del proceso penal esta posibilidad para la defensa de reabrir la investigación. Nosotros sí mantenemos que, tal cual como lo señalamos en nuestra resolución, la declaración de estas personas es dilatoria, no tiene pertinencia con el debate central de la investigación y en ese sentido se había fundado nuestra negativa».
Sin embargo, el representante del Ministerio Público aseguró que tiene la obligación de tomar estas declaraciones.
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