Los diputados RN Pedro Browne y José Manuel Edwards, junto al UDI Cristián Letelier, solicitaron la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el caso de falsos exonerados.
Tras la cita con el presidente del CDE, Sergio Urrejola, Letelier comentó que «hemos sido notificados por parte del presidente del Consejo de Defensa del Estado, de que el Comité Penal tomó la decisión de hacerse parte de este caso».
Browne acotó que en las cerca de cuatro mil carpetas en cuestión, figuran alrededor de 300 situaciones irregulares, por lo que «hay que seguir investigando. Lo importante es que las personas que realmente fueron afectadas reciban el beneficio, y quienes no lo son, reciban la sanción pertinente».
Edwards, por su parte, recalcó que «tenemos la sospecha de que hay una red de corrupción y clientelismo político incluso más grande que la que pudo haber en el caso MOP-Gate».
El legislador argumentó que partidos de gobierno, como RN, tienen 20 ó 30 empleados, y «el Partido Comunista está diciendo que tenía más de 1.200 empleados rentados el años 73′, lo cual es un porte evidentemente ridículo para lo que es un partido político».
La ofensiva emprendida por los parlamentarios de RN y la UDI continuó en la Contraloría General de la República, lugar al que llegaron los diputados Letelier, Edwards y Frank Sauerbaum (RN), para solicitar formalmente el inicio de una auditoría por parte del ente fiscalizador.
Al respecto, Sauerbaum explicó que «el contralor ha declarado que no tiene ninguna petición formal para llevar adelante la investigación. Hoy, vinimos a pedir formalmente que inicie esta investigación, que sea una investigación acabada y a fondo».
«Aquí se han hecho muestreos que han demostrado que al menos un 20% de los casos tiene algún nivel de irregularidad, por lo tanto, nos parece relevante que la Contraloría se pronuncie y apoye, de esa forma, la investigación que estamos haciendo tanto en el Congreso como la que lleva adelante tribunales», agregó.
Los parlamentarios oficialistas dijeron, además, estar «esperanzados» en la decisión que el próximo lunes debe tomar la Corte Suprema, en relación con designar un ministro en visita para asumir la investigación del caso.
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