Del F-5 a los cazas de quinta generación

En julio de 1976, los primeros F-5E y F-5F de la Fuerza Aérea de Chile aterrizaron en la Base Aérea Cerro Moreno, en Antofagasta, después de recorrer más de 10 mil kilómetros desde California. Dos años antes, Chile había firmado el contrato para adquirir 18 aeronaves (15 monoplazas y 3 biplazas) que durante las décadas siguientes se convertirían en uno de los principales componentes de su capacidad de combate aéreo. Modernizados posteriormente al estándar Tigre III, los F-5 operaron durante años desde el norte del país y actualmente integran el Grupo de Aviación Nº 12, asentado en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas.

Por eso, la conmemoración de sus 50 años de servicio, realizada hace pocos días por la FACH, tiene inevitablemente algo de despedida. Los F-5 se acercan al término de una extraordinaria vida operacional y la planificación institucional contempla su retiro en una ventana situada entre 2030 y 2035.

Parece mucho tiempo, pero para una decisión de esta magnitud no lo es. Y Chile debe comenzar a resolver con qué reemplazará la capacidad que representan.

La distinción no es menor. Como señaló el director de Planificación y Doctrina de la FACH, general de brigada aérea Milton Zablah, el objetivo es “recuperar la capacidad, no necesariamente el avión”. Y agregó otro elemento particularmente relevante: entre las alternativas estudiadas se encuentra la incorporación de un avión de quinta generación.

En ese terreno, las posibilidades reales son bastante más reducidas de lo que parece. Por ejemplo, Rusia dispone del Su-57, pero Chile nunca ha construido su sistema de combate aéreo sobre material ruso. Incorporarlo significaría introducir una cadena logística, armamento, entrenamiento y doctrina completamente diferentes. Eso, además de las consideraciones políticas derivadas de comprar aviones de combate al país que invadió Ucrania en 2022, iniciando así la primera guerra en Europa desde 1945.

China, por su parte, posee el J-20, pero este aparato no constituye actualmente una alternativa de exportación disponible para Chile. Además, también implicaría una transformación radical de la arquitectura logística y operacional sobre la cual la FACH ha construido durante décadas sus capacidades de combate.

Estados Unidos aparece, entonces, como la alternativa que merece el análisis principal. Y allí surge inevitablemente el F-35A Lightning II.

El salto a la quinta generación

Sería un error considerarlo simplemente un avión más moderno que el F-16, porque el F-35 representa otra concepción del combate aéreo. Combina baja observabilidad, una nueva clase de sensores, guerra electrónica y capacidad para procesar y distribuir enormes cantidades de información.

Zablah lo definió gráficamente como un “computador que básicamente tiene alas”, en la medida que puede detectar amenazas, construir una imagen del campo de batalla y compartir esa información con otras plataformas. En otras palabras, no solamente combate: permite que otros también combatan mejor.

Su incorporación tendría, además, una lógica operacional evidente, porque Chile ya posee una importante flota de F-16 y lleva décadas trabajando con sistemas, entrenamiento y doctrina estadounidenses.

Pero decidir que Chile necesita un avión de quinta generación no significa simplemente elegir un modelo, acordar un precio y esperar su llegada. Comprar un sistema de armas de estas características no es como adquirir un automóvil y salir conduciéndolo de la concesionaria.

En una eventual adquisición estadounidense existiría primero una etapa de conversaciones destinada a determinar qué capacidad necesita Chile, cómo se integraría con los sistemas existentes, qué configuración podría ser autorizada y cómo sería financiada. Posteriormente, el Gobierno chileno tendría que presentar una solicitud formal (Letter of Request) al Gobierno de Estados Unidos, dentro del sistema de Foreign Military Sales (FMS).

A partir de allí comienza un proceso que involucra a distintas agencias estadounidenses, ya que debe determinarse, entre otras cosas, si la tecnología solicitada puede ser transferida al país interesado y bajo qué condiciones. El Departamento de Estado tiene que autorizar la operación y el Departamento de Defensa, a través de la Defense Security Cooperation Agency y de las agencias correspondientes, estructura el eventual paquete de venta.

En adquisiciones de esta magnitud también interviene el Congreso estadounidense, que debe ser formalmente notificado y dispone del período establecido por la legislación para examinar la operación antes de que esta pueda continuar.

Solo después de superar esas etapas puede llegarse a una Letter of Offer and Acceptance (LOA), el acuerdo Gobierno a Gobierno que establece qué está dispuesto a vender Estados Unidos, en qué condiciones y por qué monto. Y aun entonces queda por delante la contratación, producción, construcción o adaptación de infraestructura, preparación de pilotos y técnicos, establecimiento de sistemas logísticos y, finalmente, entrega e incorporación operacional de los aviones.

Por eso, una eventual compra tampoco consistiría simplemente en adquirir, por ejemplo, una determinada cantidad de F-35. El paquete tendría que incluir entrenamiento, simuladores, infraestructura, sistemas de misión, repuestos, mantenimiento, apoyo logístico y armamento. Además, habría que considerar el costo de sostener esa capacidad durante las décadas siguientes.

Todo ello explica por qué una decisión cuyo horizonte parece encontrarse entre 2030 y 2035 debe comenzar a estudiarse muchos años antes.

Mucho más que comprar aviones

Pero existe una cuestión todavía más importante. La capacidad disuasiva de un país no puede medirse contando aviones, tanques o buques de guerra. Una docena de cazas extraordinariamente avanzados sirve de poco si no existen pilotos suficientemente entrenados, horas de vuelo, armamento, mantenimiento, inteligencia, radares, mando y control, reabastecimiento, infraestructura y recursos para mantenerlos operativos durante una crisis prolongada.

La disuasión tampoco consiste necesariamente en poseer más medios que un eventual adversario. Consiste en disponer de capacidades suficientemente creíbles para elevar el costo de una agresión hasta hacerla inconveniente.

Hace 50 años, Chile decidió incorporar el F-5 para responder a las necesidades estratégicas de una época determinada. Medio siglo después, la ceremonia que conmemoró su llegada obliga a mirar nuevamente hacia adelante.