Justicia más cercana, una nueva política penitenciaria, el mejoramiento de la situación de los adolescentes privados de libertad y el fortalecimiento del sistema de protección para la infancia y la adolescencia, son los lineamientos que tendrá el ministerio de Justicia para el año 2012, cartera cuya partida presupuestaria fue aprobada hoy por la Cámara de Diputados.
La votación constó de dos partes. La primera se focalizó en los recursos para efectuar pericias en zonas donde no tiene presencia el Servicio Médico Legal y la segunda respecto del resto de la partida, resultando ambas aprobadas.
El ministerio de Justicia considera montos totales por $777.055 millones, lo que significa un aumento de un 5,94% respecto de 2011. Incluye recursos para la Secretaría y Administración General ($201.505 millones); el Servicio de Registro Civil e Identificación ($82.808 millones); el Servicio Médico Legal ($24.688 millones); y Gendarmería de Chile ($267.840 millones).
El titular de la cartera Teodoro Rivera explicó ante la Tercera Subcomisión de Presupuesto que la cartera contempla la implementación de un sistema se asesoría jurídica a las personas para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a la justicia, de forma que las personas más desposeídas reciban un servicio jurídico de calidad a través de la Corporación de Asistencia Judicial.
Además, se contempla la implementación de una Unidad Coordinadora de Tribunales de Tratamiento de Drogas y el mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios del Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Superintendencia de Quiebras.
En política penitenciaria, precisó que se considera la construcción de establecimientos penitenciarios dignos y modernos, con verdaderas oportunidades de trabajo y rehabilitación y con un mejor sistema costo/eficiencia que permita aumentar la oferta de plazas en el sistema. Además, se incluyen subsidios de operación y construcción para recintos concesionados, la segunda etapa de implementación de redes húmedas y secas, la construcción de Unidades Psiquiátricas Forenses Transitorias en Colina I y el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, y la habilitación y equipamiento de ese tipo de Unidades en los penales de Arica (inversión de $ 534 millones) y Valparaíso (inversión de $ 119 millones).
En la oportunidad, la Sala también aprobó por unanimidad una indicación del Ejecutivo por medio de la cual se incrementan los montos destinados a la alimentación de los reclusos en los penales del país, ello conforme a un proyecto destinado a eliminar las cocinillas a gas y restar, de ese modo, situaciones de riesgo.
Según explicitó, el presupuesto de Gendarmería considera también el financiamiento del plan de modernización de la institución que, para el año 2012, contempla la incorporación de 956 miembros (143 oficiales y 813 gendarmes).
La partida también incluirá recursos provisionados desde el Tesoro Público que financiarán la modificación a la Ley Nº 18.216, sobre penas sustitutivas, actualmente en trámite en el Congreso Nacional; y el establecimiento de un sistema de verificación de cumplimiento efectivo de sanciones a través de dispositivos de monitoreo telemático, para las penas de reclusión parcial y de libertad vigilada intensiva.
En esta área, se consideran programas de bonificación a la contratación de personas que hayan cumplido condena o se encuentren en libertad condicional y en proceso de reinserción social; y el tratamiento de hombres que ejercen violencia intrafamiliar contra la pareja y menores de edad.
La partida de Justicia contempla recursos para la aplicación de un programa de intervención para jóvenes mayores de edad que delinquieron siendo menores y que cumplen condenas en las secciones juveniles de los penales de adultos, y la puesta en funcionamiento del Centro de Intervención Provisoria y Cerrado de Tiltil.
El Servicio Nacional de Menores (Sename) proyecta un gasto por $157.822 millones. Considera para el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP CRC) de Tiltil, que contempla ampliar la oferta a 315 nuevas plazas, $391 millones para atención socioeducativa; $268 millones para atención social y familiar; $361 millones para atención psicológica; $348 millones para apresto laboral; $269 millones para recreación, deporte y cultura; y $219 millones para atención socioeducativa nocturna.
También se consideran recursos por $2.442 millones destinados a suplir las necesidades de aumento de plazas en los proyectos llevados a cabo por los organismos colaboradores que atienden a los menores; y montos para la aplicación del artículo 80 bis de la Ley Nº 19.968 que permite a los Tribunales de Familia ordenar un programa de atención psicosocial para niños o niñas, que debe ser otorgado en forma inmediata o en el más breve plazo por esta red de colaboradores. Adicionalmente, se incluyen montos para disminuir la brecha entre los costos reales y el monto de la subvención de los centros residenciales.
El Servicio Médico Legal presenta recursos para 2012 por de $24.688 millones, proyectándose, entre otros ítems, desarrollar la cuarta etapa del plan especial de levantamiento de fallecidos que se inició en 2009, alcanzando una cobertura para 25 sedes distribuidas en 10 localidades.
La Defensoría Penal Pública presenta una disminución del 0,73% respecto del presente año y contempla focalizar recursos en dos programas de acción: reasignación para peritajes; y de licitaciones de la Defensa Penal Pública.
APROBACIÓN DE PARTIDA DE PRESUPUESTO PARA EL PODER JUDICIAL
Gastos por un total de $356.360 millones fueron autorizados para el Poder Judicial para el año 2012, tras aprobarse en la Cámara de Diputados por 103 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones, la partida presupuestaria correspondiente, la cual incluye recursos para la Corporación Administrativa, la Academia Judicial y el proyecto de fortalecimiento institucional ($1.773 millones).
Al momento de presentar a la subcomisión este proyecto de presupuesto, el Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, señaló que él ha sido concordado con el Ministerio de Hacienda y corresponde, aproximadamente, a los mismos montos del año presupuestario en curso, reajustados en la variación que ha experimentado el índice de precios al consumidor, más un mínimo aumento real de un 1,1%.
Afirmó que los fondos contemplados permitirán al Poder Judicial alcanzar las metas que se ha propuesto para el próximo año, aunque reconoció que ello no se desarrollará con holgura.
Precisó que cerca del 70% de los recursos están destinados a sufragar los gastos en personal, destinándose el saldo a los gastos de operación.
En cuanto a inversiones, se indicó que el 90% de los montos asignados se destinan a la adquisición de edificios para satisfacer la necesidad de inmuebles que requiere la Reforma de Familia.
La Academia Judicial considera un presupuesto de $3.029 millones, de los cuales el 63% se destina a Transferencias Corrientes. Sus objetivos para el año 2012 es mejor el diseño de los cursos de perfeccionamiento, formación y habilitación, intentando incrementar la calidad de los mismos y realizar esfuerzos para incrementar la calidad y capacidad de los mismos capacitadores y formadores de la Academia, realizando actividades que tengan por propósito perfilar profesionales específicamente preparados para labores de capacitación judicial.
En el debate, la oposición puso de relieve el escaso margen de crecimiento que presenta el presupuesto del Poder Judicial, sin embargo, el oficialismo y el Gobierno recordaron que durante la discusión en la Tercera Subcomisión de Presupuesto las autoridades del ámbito reconocieron que el erario fue concordado y aceptado, entendiéndose como un esfuerzo para destinar mayores recursos para apoyar la reconstrucción.
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