En forma unánime la Sala del Senado aprobó el informe elaborado por una comisión mixta de senadores y diputados para zanjar las discrepancias que hubo entre ambas ramas del Congreso, en torno al proyecto que sanciona el uso de las licencias médicas falsas.
Ahora corresponde que el informe sea votado por la Cámara de Diputados para que quede en condiciones de convertirse en Ley de la República.
Durante la votación se destacó que sólo por concepto de licencias falsas se destinan cerca de US$250 millones.
El senador de Renovación Nacional (RN) Baldo Prokurica dijo que la iniciativa «tiene una tremenda importancia respecto de la vulneración que se hace día a día con el abuso de las licencias médicas que no son tales. Aquí se prestan profesionales médicos que están plenamente identificados, y en algunos casos se entregan 10 licencias por minuto. Hay una verdadera maquinaria montada de gente que obtienen licencias médicas para salir de vacaciones, para engañar a sus empleadores y para engañar al sistema».
Agregó que con los recursos que se utilizan por ese concepto, «se podrían construir varios hospitales del país, eliminar varias de las listas de espera para poder operarse, atenderse con médicos especialistas y entregar una mejor calidad en salud».
En una línea similar, el senador de la Democracia Cristiana (DC) Hosaín Sabag expresó que «este es un muy buen proyecto que tiende a establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso correcto de las licencias médicas mediante la aplicación de medidas de control y de fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales y abusivas relacionadas con dicho instrumento».
Agregó que «existen prácticas alarmantes en que algunos profesionales han otorgado miles de licencias sobre este sistema… aquí ha habido una muy mala práctica y las personas inescrupulosas deben ser sancionadas».
El objetivo central de la iniciativa es establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las isapres y Fonasa, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas.
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