Directivos de la Corporación para la Regionalizacion del Biobío (Corbiobío) se refirieron a las principales demandas regionalistas y llamaron al Ejecutivo a recordar lo comprometido en su Programa de Gobierno y a elaborar una política de Estado para una descentralización progresiva y efectiva del país, en un plazo no superior a seis meses.
Corbiobío ratificó su convicción que «descentralizar es vital para la superación de la pobreza y de la desigualdad, y para el desarrollo armónico e integral de Chile» y, por ello, la importancia que el Gobierno escuche y acoja las demandas regionalistas.
El vicepresidente de Corbiobío, Jorge Porter Taschkewitz; el director ejecutivo de la corporación, Juan Villanueva Medina; y el asesor jurídico, abogado Carlos Maturana, recordaron que el Presidente Sebastián Piñera en su Programa de Gobierno inicial, declaró el compromiso de «eliminar las barreras que impiden una verdadera descentralización, dando un salto significativo en favor de las regiones y comunas».
Afirmaron que las expectativas generadas al respecto no se han cumplido y que en el foro organizado por la Subdere en Concepción, con la participación del subsecretario Miguel Flores, la corporación ya expuso que si bien los proyectos de ley de elección directa de consejeros regionales y Ley de Transferencia de Competencias a los gobiernos regionales contienen elementos que constituyen un aporte, la evaluación jurídica general «lleva a concluir que ellos no significan un impulso, ni menos una profundización del proceso de descentralización administrativa».
Asimismo, los directivos mencionaron cinco objetivos y metas de descentralización: elaborar una política del Estado chileno descentralizado; iniciar el traspaso de atribuciones, funciones, servicios y otros a gobiernos regionales; tener en vigencia: participación en presupuestos, cuentas públicas, publicación de estadística de inversiones de decisión regional; revocatoria de mandatos; entregar incentivos económicos a regiones para despegue y salvar a la Región Metropolitana, tener en vigencia incentivos para detener el flujo de capital humano de las regiones a la Región Metropolitana.
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