Expedientes digitales, notificaciones por Internet a las partes, mayor presencia del juez para fallar rápidamente en primera instancia y la creación del Servicio de Asistencia Judicial con abogados profesionales, son algunos de los «revolucionarios» cambios que plantea el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil, según detalla el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
En entrevista con Agencia UPI, el secretario de Estado afirmó que la moción que recién inicia su legislación en el Congreso implica una verdadera «revolución en materia de procedimiento civil».
El actual Código que regula la forma de tramitar las demandas ante los tribunales civiles, como cobranzas e indemnizaciones, data del año 1903 y según Ribera es «extremadamente formalista» e impide al juez que ejerza el tutelaje directo de las causas, lo que se traduce en procesos casi interminables.
En promedio, detalla Ribera, la dictación de un fallo de primera instancia en un juicio ordinario actualmente demora 821 días, el cual si es apelado se extiende por la misma cantidad de tiempo. El proyecto busca rebajarlo a 170 días.
«Mucha gente no va a la justicia, porque es lenta, incompresible y cara», sentencia el ministro.
Una de las medidas para acercar la judicatura a los ciudadanos es el reemplazo de la Corporación de Asistencia Judicial por el Servicio de Asistencia Jurídica.
El nuevo organismo estará compuesto por abogados profesionales o por estudios jurídicos que licitarán la representación y defensa de las causas.
El proyecto del Ejecutivo contempla además que todos los procedimientos serán digitales y orales, por lo que se pone fin al papel, la cola fría y la aguja.
«No es que vayamos a digitalizar el expediente. Vamos a buscar el fin del expediente en la medida en que sea posible. Dejamos atrás el carácter escrito e introducimos oralidad. Al introducir oralidad, disminuimos las etapas procesales. El juez que antes estaba ausente y uno rara vez lo veía, ahora va estar presente», explica Ribera.
Otro cambio sustancial que valora el ministro es que se privilegiará la ejecución del fallo de primera instancia, lo que se traducirá en menor trabajo para los tribunales de apelación.
«Queremos que los jueces se dediquen a fallar y defender los derechos de las personas y no que pierdan tiempo en trámites administrativos».
De esta forma, para Ribera, la justicia será más transparente, democrática y dinámica.
«Eso implica menor conflictividad social, porque si yo sé que la justicia resuelve, yo soy menos conflictivo, porque se me puede condenar y a la vez va a haber menos personas que van a hacer justicia por sus propios medios, porque la justicia es efectiva», advierte el secretario de Estado.
El ministro detalla que el nuevo código significará una fuerte inversión en infraestructura, ya que los tribunales deberán contar con diversos espacios, como salas de audiencia y nueva ubicación del juez.
Agrega que también se dotará de tecnología de punta para la digitalización de los procesos y de video cámaras para las audiencias.
Un aspecto clave será la capacitación de los funcionarios judiciales y de los magistrados, y se evaluará el aumento de la planta administrativa.
EN 2014 SE PONDRIA EN MARCHA DE FORMA GRADUAL
El secretario de Estado adelantó que la tramitación en el Congreso se extenderá por los próximos 2 años y que no espera dificultades políticas.
«Es un código que ha pasado por mucho ministros y por muchos gobiernos. Es una sentida necesidad nacional y, por tanto, códigos como estos, que posiblemente van a durar por muchos años, no son temas de alto contenido ideológico. Son temas de alto contenido republicano», recalca Ribera.
Paralelamente al nuevo código, explica el ministro, se deberán modificar otras leyes complementarias, como el Código Orgánico de Tribunales y las que afectarán al futuro Servicio de Asistencia Jurídica.
El ministro advierte que «en el mejor de los casos» estará en funcionamiento de manera gradual en algunas regiones para el 2014 y que en todo el país para el 2018.
«Probablemente empecemos con algunas regiones que tienen una menor cantidad de procedimientos civiles», puntualizó Ribera.
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