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Foto: AgenciaUNO
Couso rebate a Schubert: ni Piñera ni Boric usaron estados de excepción con facultades de guerra
El constitucionalista contradijo el argumento del diputado republicano: aunque exmandatarios recurrieron a estados de excepción, ninguno aplicó facultades de la intensidad que contempla la propuesta de Kast, y advirtió que incorporar control del Congreso no resuelve el problema de fondo.
El diputado republicano Stephan Schubert intentó bajar la temperatura a las críticas contra el nuevo estado de excepción de seguridad pública impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. Su argumento: Chile conoce históricamente estas herramientas y administraciones tan distintas como las de Sebastián Piñera y Gabriel Boric recurrieron a ellas.
Pero la comparación tiene un problema: ni Piñera ni Boric utilizaron un estado de excepción con el nivel de intervención sobre derechos que contempla la propuesta original de La Moneda. El constitucionalista Javier Couso —y tal como informó El Mostrador este jueves— advierte que varias de esas atribuciones pertenecen al Estado de Asamblea, reservado constitucionalmente para una guerra exterior.
“Esto no es algo nuevo, esto es algo histórico en la Constitución”, sostuvo Schubert este jueves en Al Pan Pan con Mirna Schindler. “Varios gobiernos, Piñera, Boric, ahora Kast, han hecho uso de los estados de excepción constitucional”, agregó.
El diputado afirmó que por eso le sorprende que algunos sectores “rasguen vestiduras” ante la eventual restricción de derechos.
En términos generales, Schubert tiene razón en que los estados de excepción han sido utilizados durante la democracia. Piñera decretó estado de emergencia durante la crisis de octubre de 2019 y recurrió al estado de catástrofe durante la pandemia. Boric, en tanto, decretó y prorrogó reiteradamente el estado de emergencia en la Macrozona Sur.
El punto, sin embargo, está en qué derechos permite afectar cada uno.
La Constitución establece que bajo estado de emergencia —el utilizado tanto por Piñera como por Boric frente a problemas de orden público— el Presidente puede restringir las libertades de locomoción y reunión. El Estado de Asamblea, en cambio, está diseñado para una guerra exterior y permite suspender o restringir la libertad personal, además de intervenir comunicaciones, restringir la asociación y disponer requisiciones, entre otras atribuciones.
Y ahí está precisamente la diferencia que Couso pone sobre la mesa.
En diálogo con El Mostrador, el profesor titular de Derecho Público de la UDP sostuvo que concentrar el debate únicamente en los 240 días que originalmente podía mantenerse el nuevo estado sin autorización parlamentaria significa mirar “solo la mitad del problema”.
“Las medidas que este nuevo Estado de seguridad pretende habilitar al Presidente a decretar son las propias de la peor circunstancia existencial para un Estado, como es la guerra externa con el enemigo operando en el territorio”, afirmó.
La propuesta ingresada por el Ejecutivo facultaba al Presidente para suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión; restringir la asociación; interceptar, abrir o registrar comunicaciones; y disponer requisiciones de bienes. El catálogo presenta una fuerte similitud con el que la Constitución reserva actualmente al Estado de Asamblea.
Para Couso, la palabra clave es “suspender”.
El Presidente José Antonio Kast encabezó en Chillán Viejo la ceremonia conmemorativa por los 248 años del natalicio de Bernardo O’Higgins.
No se trata simplemente de limitar la libertad personal. Según explicó, suspender el derecho significa que su goce deja de operar mientras se mantenga vigente el régimen excepcional.
“La facultad de suspender la libertad personal permitiría que una autoridad administrativa detuviera a discreción a quien quisiera”, advirtió el constitucionalista, quien mencionó entre los escenarios jurídicamente posibles la detención o relegación de personas durante la vigencia de la medida.
Couso enfatizó que ni siquiera el Estado de Sitio, previsto para guerra interna o grave conmoción interior, entrega el mismo margen. La Constitución permite bajo esa figura restringir la locomoción y arrestar personas en sus domicilios o en lugares determinados por ley, además de suspender o restringir reuniones. El Estado de Asamblea va más lejos y es el único de los actuales estados de excepción que permite suspender directamente la libertad personal e interceptar toda clase de comunicaciones.
De hecho, el Estado de Asamblea está constitucionalmente reservado a un escenario que Chile no ha vivido desde el retorno a la democracia: una guerra exterior. Durante las administraciones de Piñera y Boric se recurrió a estados de emergencia y, en el caso del primero, también al de catástrofe, pero no al de Asamblea.
“Esto implica pasar del estado de emergencia, que es el que hemos aplicado en los últimos 36 años para situaciones incluso como la del estallido social, saltarnos el estado de sitio y llegar a las medidas propias de un estado de guerra externa”, resumió Couso.
El cambio oficialista no cierra el problema
La controversia ya obligó al oficialismo a mover piezas. Los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) anunciaron este jueves que presentarán indicaciones para que el nuevo estado de excepción requiera acuerdo del Congreso desde el primer momento, sea revisado cada 30 días y se elimine la facultad de intervenir comunicaciones.
El giro recoge parte de los reparos que habían surgido en la propia derecha. Longton había advertido que la propuesta era muy similar al Estado de Asamblea, pero con un problema adicional: este último necesita obligatoriamente la intervención del Congreso.
Para Couso, sin embargo, introducir control parlamentario no resuelve por sí solo el asunto. Incluso con autorización del Congreso y aunque se retire la intervención de comunicaciones, si permanece la facultad de suspender la libertad personal subsiste una atribución que hoy la Constitución reserva al escenario extremo de una guerra externa.
Por eso cuestiona la idea de equiparar el mecanismo diseñado por Kast con los estados de excepción que Chile ha utilizado habitualmente desde 1990.
“No es solo el hecho de que podía ser decretado sin mediar la autorización del Congreso por hasta ocho meses”, sostuvo. El problema, añadió, está también en la intensidad de las medidas que se pretende habilitar.
La discusión que Schubert presentó como una controversia sobre una herramienta constitucional conocida toca así un punto bastante menos rutinario: el Gobierno no está simplemente proponiendo otro estado de emergencia como los utilizados por Piñera o Boric. Está creando una quinta categoría que, al menos en su diseño ingresado al Congreso, tomó atribuciones que la Constitución chilena reserva para cuando el país está en guerra.
