La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), realiza una investigación técnica para determinar las responsabilidades y trasgresiones a la norma, en el derrame de petróleo ocurrido al interior de la planta que la empresa Colún tiene en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos.
El incidente ocurrió el martes 20 de marzo, cuando, por causas que están siendo indagadas, se produjo el sobrellenado de un tanque, cayendo el combustible hacia niveles inferiores de la planta, yendo a dar finalmente, al cauce del Río Llollelhue.
El personal fiscalizador de SEC Los Ríos, encabezado por el director regional, Luis Illanes, concurrió hasta la planta en cuestión, realizando las primeras indagaciones, encontrando algunas situaciones que estarían fuera de norma, lo que podría dar pie a eventuales formulaciones de cargo contra la compañía.
«Se están evaluando las acciones a seguir. Lo más urgente y necesario era contener el derrame para evitar que siguiera filtrando hacia las afueras de la planta, lo que afortunadamente, ya está controlado. Ahora lo que corresponde es analizar si es que hay incumplimientos para formular cargos y eventuales sanciones y multas, si es que la investigación así lo amerita», indicó Illanes.
El director regional de SEC agregó que la investigación que realiza el organismo fiscalizador es paralela a la que lleva adelante la Policía de Investigaciones, PDI, y el Ministerio Público, y que se acota más bien a aspectos técnicos de los estanques y de los procesos asociados al uso de los combustibles.
«Nuestro objetivo es determinar si es que se estaba cumpliendo con la normativa y si los procesos de trasvasije y llenado cumplían los estándares de seguridad dictados por la reglamentación vigente», sostuvo Illanes.
En cuanto a la cantidad total de petróleo vertido, trascendió que sería una cifra no menor a 500 litros, cantidad que debe ser verificada por la investigación que lleva adelante la SEC. Y en lo referido a eventuales sanciones, dependiendo del resultado del proceso, ellas podrían variar desde multas de hasta 10.000 UTA (Unidades Tributarias Anuales), pasando por la clausura temporal hasta el cierre de la instalación.
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