Cuando evaluar mal también es una decisión política

Recientemente, el Ministro de Hacienda ingresó, con un hermetismo nunca antes visto, la propuesta de Ley de Presupuesto para el año 2027, que deberá ser discutida por el Congreso en su conjunto y despachada a fines de noviembre de 2026.

Hemos visto cómo la ciudadanía ha debido escuchar por la prensa las desafortunadas noticias y declaraciones de los encargados del erario público que han planteado políticas de ajuste fiscal dolorosas, pero que tienen que doler de acuerdo al Ministro Mas. Todo esto, luego de la tramitación de una de las reformas tributarias más regresivas desde la vuelta a la democracia, que redujo impuestos e impactará en la recaudación fiscal. Es más, este presupuesto es la antesala de recortes aún más profundos que el gobierno realizará.

Es en el marco de esta discusión en la que se logró adelantar uno de los puntos conflictivos, más que en términos financieros, en términos simbólicos: el fin del programa Yo Elijo mi PC, que consiste en la entrega de computadores a los alumnos de buen rendimiento escolar en séptimo básico a lo largo de todo el país. Esta medida ha sido muy impopular, incluso entre quienes conforman la coalición de gobierno, y ha puesto sobre la mesa una interesante discusión sobre las políticas públicas, a través de los indicadores de gestión que respaldan esta decisión. Desde esa perspectiva, como autoras de este texto sostenemos que las evaluaciones no son antojadizas y que decidir qué componentes incluir en los indicadores para construir las matrices de análisis de evaluación de políticas públicas también constituye una decisión política y no técnica.

El Subsecretario del Interior, Máximo Pávez, justificó la medida señalando que el programa “ha estado mal evaluado y se ha verificado que no tiene un efecto relevante en el aprendizaje”. La Ministra de Educación también justificó su término señalando que “no está teniendo el impacto que uno esperaría en los aprendizajes”; y el economista Sebastián Gallegos, asesor externo de la evaluación realizada por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en 2022, sostuvo que “no sirve mucho darle un PC a un niño en términos de aprendizaje”.

A pesar de la insistencia institucional de Hacienda y de las declaraciones del autor, para quienes conocen los principios básicos de la evaluación de políticas públicas, el documento utilizado para sustentar los argumentos del Gobierno y del académico plantea interrogantes importantes. Estas abarcan desde la definición de las variables de resultado hasta las limitaciones de la estrategia de identificación causal. Algunas son eminentemente técnicas, pero otras remiten a una cuestión mucho más elemental: ¿estamos evaluando un programa en función de los objetivos para los que fue creado?

El programa Yo Elijo Mi PC nació en 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con el propósito de reducir las brechas digitales que afectaban especialmente a los estudiantes de hogares de menores recursos. En una sociedad donde el acceso a computadores y a las tecnologías de la información estaba profundamente condicionado por el nivel socioeconómico, la entrega de equipamiento buscaba reducir una desigualdad material concreta. El acceso a estas herramientas no solo permitía apoyar las actividades escolares, sino también ampliar las oportunidades de participación en una sociedad cada vez más digitalizada.

No obstante, la evaluación de impacto publicada por la Dipres en 2022 se centró en variables como el rendimiento académico, la asistencia escolar y ciertas habilidades no cognitivas. Es decir, examinó principalmente si recibir un computador mejoraba las notas, la asistencia o ciertas dimensiones del comportamiento estudiantil. Aunque estos resultados pueden ser relevantes como efectos indirectos, no equivalen necesariamente al objetivo central de reducir las brechas de acceso digital.

Más aún, en la evaluación del programa publicada por Dipres y utilizada para justificar su descontinuación, estas dimensiones no solo ocupan un lugar central, sino que reemplazan la evaluación del objetivo original. Esto sin una justificación técnica suficientemente sólida ni con antecedentes que se transparenten. Esto no es trivial, pues medir el cumplimiento de los objetivos de los programas constituye un requisito mínimo no solo de transparencia, sino también para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Es evidente entonces que el no encontrar efectos estadísticamente significativos en las notas o la asistencia no permite concluir que una política destinada a disminuir la desigualdad en el acceso a la tecnología haya fracasado. Incluso si se obviaran los problemas metodológicos de la evaluación, el impacto del programa sobre la brecha digital en estudiantes chilenos no fue medido. No es, bajo ningún punto de vista técnico, evidencia de que la eliminación del programa constituya una decisión de política pública mejor ni más eficiente.

La Dipres ha desarrollado, durante décadas, un sistema de evaluación que constituye un importante activo institucional para el Estado chileno. En ese esfuerzo, la incorporación de evaluaciones de impacto mediante metodologías experimentales y cuasiexperimentales ha buscado fortalecer la identificación de relaciones causales y mejorar la calidad de la evidencia disponible para la toma de decisiones. Pero la sofisticación de una metodología nunca reemplaza la pertinencia de la pregunta que se busca responder.

Esta distinción resulta importante cuando los resultados se presentan como evidencia concluyente para justificar decisiones presupuestarias. A diferencia de un artículo académico sometido a revisión de pares, donde la pertinencia de las variables, los supuestos metodológicos y el alcance de las inferencias son objeto de escrutinio externo de expertos sin conflictos de interés, las evaluaciones institucionales pueden adquirir una autoridad inmediata en el debate público y político. Esto exige los más altos estándares de transparencia y honestidad, tanto académicos como políticos. Evaluar no consiste simplemente en producir estimaciones aparentemente sofisticadas desde el punto de vista estadístico, sino en generar conocimiento pertinente para tomar mejores decisiones.

Cuando la autoridad técnica de una evaluación termina por sustituir la discusión sobre los fines de una política pública, la evidencia deja de contribuir al debate democrático. Y cuando esto ocurre, corre el riesgo de convertirse en una justificación aparentemente neutral de decisiones que son, inevitablemente, políticas.