El Décimo Primer Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar en 90 días la investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur por la muerte de 81 reos en la Torre 5 de la Cárcel de San Miguel la madrugada del 8 de diciembre de 2010.
Esta mañana se desarrolló una audiencia para examinar el estado de la indagatoria, donde el fiscal a cargo Pablo Sabaj había solicitado que se extendiera el plazo investigativo por un mes más, sin embargo, la magistrada resolvió entregar tres meses para cerrar el sumario.
Sabaj aseguró que «nosotros como Fiscalía vinimos con la intención de extender sólo por un mes la investigación ya que nos falta un peritaje sobre los gases que se dieron esa noche, ya que en un principio sólo teníamos el monóxido de carbono y ahora hemos descubierto también la presencia de muchos otros gases, concretamente el gas cianhídrico, que es muy letal y que se constató su presencia en los cuerpos de las víctimas», apuntó el persecutor.
En abril del año pasado, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel otorgó la libertad a los tres gendarmes procesados y formalizados por la muerte de los 81 reos fallecidos en el incendio de la cárcel de esa comuna.
Se trataba de Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete, quienes permanecían recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad como medida cautelar mientras la Fiscalía realizaba la investigación del caso.
Además, la Corte determinó modificar la tipificación que pesa sobre los centinelas de homicidio por omisión a cuasidelito de homicidio, ya que estableció que se investiga imprudencia o negligencia de parte de los detenidos.
Los gendarmes quedaron con orden de arraigo nacional y firma quincenal mientras se realiza la investigación.
Junto a ellos, en marzo del 2011 fueron imputados por cuasidelito de homicidio reiterado el ex alcaide del recinto, coronel Segundo Sanzana, el ex director metropolitano, coronel Carlos Bustos, el ex jefe de administración, el teniente coronel Patricio Campos, y el ex jefe metropolitano de seguridad, el teniente coronel Jaime San Martín además del oficial de turno esa fatídica madrugada, el subteniente José Hormazábal.
Estos cinco oficiales quedaron con medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, y arriesgan desde tres años y un día hasta los cinco años de presidio.
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