La coordinadora del Programa Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Libertad, Eliana Claro, aseguró que el proyecto de ley sobre indulto general va en la dirección correcta, puesto que optimiza la utilización de las cárceles, que en Chile es un recurso escaso —existe sobre población superior al 50%— priorizando a aquellos delincuentes más peligrosos.
La medida será aplicada sobre 4.800 personas que hoy cumplen reclusión nocturna; a 1.066 extranjeros, que haya cumplido al menos un tercio de su pena y no cuenten con una residencia definitiva, se les aplicará la pena de extrañamiento, expulsándolos del territorio nacional; a 600 condenados que hoy tienen el beneficio intrapenitenciario de salida al medio libre, quienes quedarán con firma y vigilancia de un delegado y 150 mujeres que hayan tenido comportamiento excelente y además hayan cumplido al menos dos tercios de su pena.
Por otra parte, Claro también destaca que dicha conmutación de la pena no aumenta la sensación de impunidad, ya en su mayoría, las personas a las que se les aplica el indulto tienen amplio contacto con el medio libre y por ende es gente que ya está «expuesta» al delito, y además serán controladas en diversas modalidades por los próximos tres años.
Por último, remarcó que es importante mencionar «que todo proyecto que apunte a mejorar la rehabilitación y reinserción de los condenados es positivo, situación que tiene importante relación con descongestionar la sobre población y mejorar las condiciones carcelarias que existen hoy en nuestro país».
El proyecto tiene carácter conmutativo, por lo tanto, no extingue la pena de quienes han infringido la Ley, sólo la modifica, e incluye sólo a aquellos que cometieron delitos menores, excluyendo los delitos graves como violación, homicidio, secuestro, robo con violencia, entre otros. Además exige que éstos se queden sujetos bajo un control de Gendarmería por tres años.
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