Ministro Beyer pide desestimar acusación constitucional en su contra por ‘improcedente’
El ministro de Educación Harald Beyer solicitó a la Cámara de Diputados desestimar la acusación constitucional presentada en su contra por diputados de la oposición, argumentando que «adolece de errores de hecho que la tornan inadmisible», además de establecer «su absoluta improcedencia y desproporción».
Este martes la comisión que estudia el libelo acusatorio presentado en contra del secretario de Estado conoció los descargos presentados por escrito por el ministro Beyer, y en los cuales rechaza cada una de las imputaciones formuladas en su contra por parlamentarios de oposición.
En el texto leído ante la comisión, el ministro señala respecto de la acusación en su contra que «no hay hechos probados ni antecedentes sustentables que acrediten la responsabilidad constitucional de este
ministro. Solo hay acusaciones genéricas basadas en opiniones personales, artículos de prensa y otras noticias de conocimiento general de la ciudadanía que, bajo ningún respecto, pueden sustentar ni demostrar generar una eventual vulneración de normas constitucionales o una conducta omisiva por parte del suscrito, como la que se alega».
En su respuesta, el secretario de Estado plantea además la cuestión previa «por no contar este libelo con los requisitos que la Constitución y las leyes exigen para admitirlo a trámite».
En este caso se señala que «en caso alguno puede prosperar una acusación constitucional que se funda en infracciones o incumplimientos que no son atribuibles directamente a la autoridad acusada por cuanto la responsabilidad que persigue hacer efectiva la acusación es siempre de carácter personal», señala el texto.
«El texto no formula más que acusaciones por omisiones genéricas y del todo indeterminadas, atribuibles más bien a una responsabilidad institucional e histórica por parte del Estado que a esta autoridad», se expresa.
En la cuestión previa se concluye además que «todas las supuestas infracciones reprochadas al Ministro se construyen sobre la base de apreciaciones de mérito subjetivas de los acusadores, que bajo ninguna perspectiva habilitan el ejercicio de una herramienta excepcional y de la entidad de una acusación constitucional».
En este punto se agrega que «el ministro no faltó en ningún momento a la verdad y por ende jamás se ha infringido el principio de probidad, ya que es efectivo, como ha sido expuesto y ha quedado demostrado con la reciente aprobación en general del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que las atribuciones de fiscalización que establece nuestra legislación vigente son débiles y deficientes y no resultan adecuadas para solucionar los problemas de nuestro sistema de educación superior».
En otra de sus partes, señala que «acusarme constitucionalmente por no fiscalizar, en circunstancias que este gobierno ha sido el primero no solo en utilizar las facultades que para ello le transfiere la ley sino que proponer una solución seria, profunda y definitiva a este problema, no puede sino calificarse como un acto de grave irresponsabilidad e inexcusable ceguera».
«El tenor de las imputaciones y los principales fundamentos de éstas, dejan ver con entera claridad que las imputaciones que se me hacen solo se fundan en apreciaciones de mérito político y por lo mismo no son susceptibles de constituir los argumentos para una acusación constitucional conforme a nuestro ordenamiento jurídico», señala el texto enviado por el titular del Mineduc a la instancia legislativa.
En sus descargos, el ministro agrega finalmente que la intensidad de la sanción que una acusación constitucional conlleva confirma el carácter calificadísimo de las infracciones que la hacen procedente, planteando su rechazo por «la absoluta improcedencia y desproporción de la acusación constitucional».
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