El aluvión de San Carlos de Apoquindo: una seria advertencia política

Resulta insólita la persistencia de quienes aún relativizan el cambio climático o lo reducen a una controversia ideológica. En Chile y en el mundo son demasiadas las autoridades, líderes políticos, empresarios y opinólogos que actúan como si negar la evidencia pudiera detener el ascenso del nivel del mar, la acidificación de los océanos o la intensificación de algunos eventos climáticos extremos.

Para un país con más de 4.500 kilómetros de costa, zonas de precordillera habitadas, ciudades que se expanden hacia quebradas y una institucionalidad fragmentada, ignorar esta evidencia no es escepticismo: es una irresponsabilidad pública.

Las causas de nuestra emergencia climática

Los datos ya no permiten la comodidad de la duda. En las últimas cinco décadas, los océanos han absorbido cerca de un tercio del dióxido de carbono emitido por la actividad humana y alrededor del 90% del calor adicional retenido por los gases de efecto invernadero. Esta función de amortiguador climático tiene un costo: mares más cálidos y más ácidos, con consecuencias sobre los ecosistemas y sobre la dinámica de algunos fenómenos extremos.

La conclusión es incómoda, pero simple: mientras Chile siga tratando la crisis climática como un asunto secundario, seguirá llegando tarde a riesgos que la ciencia permite anticipar.

El calor acumulado por los océanos durante 2025 superó los registros históricos. Sobre ese escenario de calentamiento global actúa ahora el fenómeno de El Niño, modificando los patrones de circulación atmosférica y aumentando, en determinadas regiones y bajo ciertas condiciones, la probabilidad de eventos extremos.

Ya no se trata de una amenaza lejana ni abstracta: es una presión física concreta sobre el territorio chileno. Los océanos, que durante décadas absorbieron buena parte del exceso de calor generado por las emisiones humanas, están experimentando cambios profundos que debemos incorporar a nuestra planificación.

El Décimo Informe de Copernicus (“Ocean State Report 10”), publicado en 2026 por Copernicus Marine Service y Mercator Ocean International, señala que el nivel medio global del mar aumentó a una tasa promedio de 3,8 ± 0,3 milímetros por año entre 1999 y 2025, acelerándose a 4,2 ± 0,3 milímetros anuales entre 2012 y 2025.

El mismo informe estima que el océano global se volvió aproximadamente un 17% más ácido entre 1985 y 2025. Estas cifras no son una nota al pie: forman parte del contexto físico en el que ocurren las marejadas, inundaciones y otros eventos extremos que afectan a las zonas costeras y urbanas de Chile.

Los riesgos para Chile

El Niño se intensificó rápidamente en el Pacífico ecuatorial durante 2026. En septiembre, la región Niño 3.4 registró anomalías cercanas a +2 °C y superó los +2,5 °C en octubre. La zona Niño 3 alcanzó valores próximos a +3 °C, mientras la región Niño 1+2, frente a Sudamérica, se acercó a +4 °C. Esto significa que una extensa franja del Pacífico tropical ha presentado temperaturas anormalmente altas, aumentando la disponibilidad de humedad y energía para la atmósfera y modificando las probabilidades de determinados patrones de precipitación en Chile.

Sin embargo, los fenómenos meteorológicos adversos que actualmente afectan al país no deben considerarse eventos aislados ni atribuirse automáticamente a una sola causa. El Niño no es responsable de cada precipitación, desborde o aluvión, pero puede generar condiciones que, al interactuar con sistemas frontales, ríos atmosféricos, una isoterma cero elevada y territorios con baja capacidad de resiliencia, favorezcan episodios de mayor intensidad.

Si se confirma que este ciclo de El Niño puede prolongarse hasta comienzos de 2027, Chile debe prepararse para distintos escenarios, entre ellos, precipitaciones fuera de temporada, crecidas de ríos, aumentos repentinos de caudal y posibles remociones en masa en zonas precordilleranas. Al mismo tiempo, durante el verano, algunas regiones del centro-sur, Norte Chico y la Región Metropolitana podrían enfrentar olas de calor y un mayor riesgo de incendios forestales, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas y de humedad.

No podemos decir después que no fuimos advertidos sobre los riesgos. Tampoco podemos seguir tratando estos fenómenos como acontecimientos completamente imprevisibles. La pregunta que deben hacerse las autoridades es otra: ¿estamos utilizando toda la información científica disponible para anticiparnos a ellos?

 El aluvión

El aluvión de San Carlos de Apoquindo del 8 de octubre constituye una seria advertencia para el Estado y para quienes tienen responsabilidades en la gestión del territorio. No fue solo una lluvia intensa: fue la convergencia de precipitaciones concentradas, quebradas de fuerte pendiente, suelos vulnerables, arrastre de barro, rocas y material vegetal, y un territorio urbano que durante años ha avanzado sobre espacios donde los procesos naturales de la cordillera siguen operando.

La activación de la quebrada Honda y el desplazamiento de agua, barro, rocas y restos vegetales por sectores como General Blanche, Camino El Alba y avenida La Plaza demostraron que los aluviones no son simples inundaciones: son flujos de detritos capaces de arrastrar vehículos, dañar viviendas, bloquear calles y comprometer infraestructura en cuestión de minutos.

La preocupación principal es que estos fenómenos puedan repetirse. Basta que un río atmosférico vuelva a impactar una cuenca o un sistema de quebradas susceptible de activarse en la precordillera para que vuelva a existir un escenario de riesgo. Y eso podría ocurrir antes de que termine el actual episodio de El Niño.

¿Cuáles son entonces los elementos necesarios para una prevención eficaz frente a peligros súbitos como los aluviones provocados por tormentas torrenciales? La respuesta es compleja porque cruza meteorología, geología, hidrología, urbanismo e institucionalidad.

Una lluvia extrema puede caer sobre una cuenca intervenida por viviendas, infraestructura, caminos, canales, rellenos, incendios o pérdida de vegetación. La isoterma cero puede transformar precipitaciones que normalmente caerían como nieve en lluvia líquida sobre zonas altas. Y una vez formado el flujo, el margen de reacción se reduce drásticamente.

Por esta razón, no basta con limpiar quebradas después de cada emergencia ni con retirar el barro cuando ya está en las calles. La prevención requiere contar anticipadamente con mapas de amenaza actualizados, control efectivo del uso del suelo, obras de retención donde corresponda, restricciones al estacionamiento de vehículos en calles susceptibles de convertirse en vías de flujo, mantención permanente de cauces y colectores y una institucionalidad climática capaz de coordinar municipios, ministerios, servicios técnicos, empresas y comunidades antes de la catástrofe, no durante la emergencia.

Otro factor clave es cómo diseñamos un sistema moderno de alerta a la ciudadanía. La experiencia demuestra que un sistema eficaz no puede depender de un solo mensaje ni de una sola institución. Debe integrar tecnologías de alta resolución, radares, sensores en quebradas, cámaras, estaciones de monitoreo de caudal y sedimentos, información satelital y también observación comunitaria.

Pero la tecnología solo salva vidas cuando se traduce en instrucciones claras: evacuar hacia zonas altas, no cruzar cauces ni calles con barro, cerrar rutas antes de que colapsen, suspender actividades en zonas expuestas y activar puntos de encuentro previamente conocidos. Cuando sea apropiado, el Sistema de Alerta de Emergencia para telefonía móvil debe complementarse con sirenas locales, radios, redes vecinales, aplicaciones municipales, transporte coordinado y simulacros periódicos. En un aluvión, el tiempo no se administra: se gana o se pierde.

Las experiencias internacionales muestran que convivir con el riesgo no significa resignarse. Japón, Suiza, Italia y otros países montañosos han combinado mapas de peligro, monitoreo instrumental, obras de protección, educación pública y protocolos de evacuación definidos con anticipación.

La lección es clara: los sistemas excesivamente centralizados pueden fallar cuando no incorporan el conocimiento local, y los sensores más sofisticados sirven de poco si no existen rutas de evacuación, señalética, confianza institucional y comunidades preparadas. La prevención no es una obra puntual: debe convertirse en una política pública permanente.

 Conclusiones

Necesitamos con urgencia una política de Estado para las cuencas críticas que incluya ordenamiento territorial, restricciones a nuevas construcciones y urbanizaciones en zonas de alto peligro, relocalización gradual de asentamientos e infraestructura expuesta cuando sea necesario, restauración de vegetación nativa en laderas y quebradas, financiamiento permanente para obras de disipación y retención de sedimentos, y fortalecimiento de Senapred, Sernageomin, la Dirección Meteorológica de Chile, la Dirección de Obras Hidráulicas y los municipios. También se requieren estándares obligatorios de mantención, fiscalización y transparencia.

La evidencia científica apunta a que el calentamiento global está modificando las condiciones físicas del planeta. El aumento del nivel del mar, el calentamiento y la acidificación de los océanos y la degradación de ecosistemas terrestres y marinos no son fenómenos separados de la economía, la vivienda, la salud pública o la infraestructura. Son parte del contexto en el que deberán tomarse esas decisiones. Pretender que una reforma puntual o un nuevo anuncio resolverán por sí solos esta crisis es subestimar su escala.

A partir de octubre de 2026, Chile debe asumir que convivirá con aluviones, remociones en masa, incendios, sequías, marejadas e inundaciones en un territorio largo, sísmico, costero y montañoso. La respuesta no puede seguir dependiendo del ciclo de emergencia, reconstrucción y olvido. El desafío frente a los aluviones no es reconstruir mejor después del barro, sino decidir antes dónde no se debe construir, qué se debe proteger y quién debe responder cuando el riesgo ya era conocido.

El aluvión de San Carlos de Apoquindo no debería quedar archivado como una anécdota meteorológica ni como una mala jornada en la comuna de Las Condes. Debe ser leído como una advertencia: Chile necesita una estrategia permanente de prevención, mitigación y adaptación frente a los aluviones y otros eventos extremos. La pregunta ya no es si ocurrirá el próximo desastre, sino si seguiremos esperándolo con diagnósticos dispersos, presupuestos insuficientes y responsabilidades diluidas. Ahora es cuando.