El costo que el presupuesto no ve

Los Nobel de Medicina y Física de 2026 muestran algo incómodo para nuestra discusión presupuestaria: no siempre sabemos qué conocimiento terminará siendo útil ni cuánto tiempo necesitaremos para producirlo. El Presupuesto 2027 no abandona la ciencia, pero reduce varios de los mecanismos que transforman investigación en capacidad productiva. La pregunta, entonces, no es solo cuánto ahorra: es qué país quiere ayudar a construir.

Un alga que nada hacia la luz y miles de sensores enterrados bajo el hielo antártico parecen tener poco que ver con el desarrollo económico de Chile. Los Nobel de Medicina y Física de este año muestran lo contrario. El primero reconoce la trayectoria científica que convirtió el mecanismo fotosensible de un microorganismo en una herramienta para controlar la actividad de neuronas. El segundo premia el trabajo que permitió observar neutrinos procedentes del cosmos mediante un gigantesco detector instalado en la Antártida.

Entre las preguntas originales y los resultados que hoy celebramos transcurrieron décadas. Eso no convierte toda investigación en una buena inversión ni concede inmunidad presupuestaria a la ciencia: miles de proyectos inciertos nunca producirán un Nobel ni una innovación comercial y el Estado debe evaluar, exigir resultados y cerrar programas deficientes. Pero una cosa es evaluar y otra exigir que el futuro demuestre su rentabilidad antes de financiarlo.

Esa diferencia importa al mirar el Presupuesto 2027. Chile no está dejando de financiar ciencia: Fondecyt mantiene una posición relativamente protegida, continúan decenas de centros de investigación y se incorporan nueve nuevos. Pero la composición del ajuste muestra algo menos tranquilizador. Fondequip queda sin nuevas convocatorias durante 2027; Fondef, destinado a investigación aplicada, disminuye alrededor de una quinta parte; el Programa de Investigación Asociativa pierde aproximadamente una cuarta parte; la inserción de investigadores se reduce casi a la mitad, y los recursos destinados a fortalecer la innovación en educación superior caen cerca de 70%.

Cada decisión puede tener una justificación. En Fondequip, por ejemplo, el Gobierno plantea una objeción razonable: antes de seguir comprando equipos conviene saber qué ocurrió con los ya financiados. La política científica tampoco consiste en acumular máquinas cuyo uso nadie evalúa. El problema aparece cuando observamos simultáneamente equipamiento, investigación aplicada, asociatividad, inserción de investigadores e innovación universitaria. Entonces ya no estamos discutiendo solamente eficiencia administrativa: estamos decidiendo qué partes del sistema que conecta conocimiento y producción queremos sostener.

Chile lleva décadas diciendo que necesita una economía más sofisticada. Queremos agregar valor al cobre y al litio, desarrollar combustibles verdes, incorporarnos a la inteligencia artificial, enfrentar tecnológicamente el cambio climático, elevar la productividad y diversificar exportaciones. Cambian los gobiernos y permanece el diagnóstico: debemos depender menos de la extracción de recursos y generar más conocimiento alrededor de aquello que producimos. Pero una economía no se vuelve más compleja porque lo escribamos en una estrategia nacional. Comprar una máquina no equivale a dominar la tecnología que contiene, contratar inteligencia artificial no crea capacidad para desarrollarla y poseer litio tampoco genera una industria tecnológica alrededor del litio.

Para reconocer conocimiento producido fuera, adaptarlo a nuestras necesidades y eventualmente mejorarlo necesitamos conocimiento propio. La economía denomina capacidad de absorción a esa facultad. Chile no necesita inventarlo todo; necesita saber lo suficiente para aprovechar inteligentemente lo que inventan los demás. Eso requiere investigadores, ingenieros, universidades, empresas, equipamiento y redes, porque una parte importante del conocimiento productivo no viene incorporada en una máquina ni puede descargarse junto con un programa informático: se adquiere investigando, utilizando equipos, resolviendo problemas, colaborando y equivocándose.

Partimos, además, desde una base estrecha. El gasto chileno en investigación y desarrollo permanece alrededor de cuatro décimas del PIB. La cifra no significa que aumentarlo mecánicamente vaya a producir crecimiento, pero sí muestra que no estamos ajustando un sistema sobredimensionado. Las empresas también invierten poco en investigación y desarrollo, creando un círculo difícil de romper: demandan poco conocimiento sofisticado porque nuestra estructura productiva utiliza relativamente poco conocimiento sofisticado, mientras parece difícil justificar nuevas inversiones científicas porque las empresas demandan poco de ellas.

Instrumentos como Fondef, la inserción de investigadores o la investigación asociativa intentan precisamente construir conexiones que nuestra economía genera con dificultad. Podemos reformarlos, evaluar sus resultados y cerrar aquellos que no funcionan. Lo que no deberíamos hacer es confundir las deficiencias de un instrumento con la irrelevancia de la función que intenta cumplir. Si el diagnóstico es que Chile necesita conectar mejor ciencia, tecnología y producción, reducir simultáneamente varios de los instrumentos que intentan construir esos vínculos exige algo más que una explicación contable.

El problema presupuestario contiene además una asimetría. Sabemos exactamente cuánto cuesta una convocatoria de Fondequip o un programa de inserción de investigadores y cuánto ahorramos cuando los reducimos. Ese número aparecerá inmediatamente en las cuentas públicas. Mucho más difícil es contabilizar al investigador que continúa su carrera fuera de Chile, el equipo que se dispersa, la colaboración internacional que encuentra otro socio o la empresa que nunca incorporó conocimiento científico porque el vínculo nunca llegó a construirse. Medimos con enorme precisión el costo de construir conocimiento y bastante peor el costo de dejar de construirlo.

El tiempo agrava esa asimetría. El Estado puede reducir una partida en 2027 y reponerla en 2028, pero un equipo científico no necesariamente regresa con ella. Los investigadores se desplazan, los estudiantes cambian de especialidad, los instrumentos envejecen y las redes se reorganizan. Lo que tomó años construir puede deteriorarse mucho más rápido. Por eso estamos haciendo una pregunta demasiado pequeña cuando discutimos cuánto sube o baja el presupuesto de Ciencia. La pregunta relevante es qué país quiere ayudar a construir este presupuesto.

Una Ley de Presupuestos no es solamente una contabilidad de ingresos y gastos. También distribuye posibilidades futuras. Al decidir qué protege, qué reduce y qué posterga, expresa una idea —aunque nadie la formule explícitamente— acerca de dónde espera que el país produzca valor dentro de diez o veinte años. Si Chile quiere seguir siendo fundamentalmente una economía que extrae recursos naturales, importa tecnología y adopta innovaciones desarrolladas en otros lugares, puede vivir con una base científica estrecha. Necesitará buenos profesionales, empresas eficientes y capacidad para comprar tecnología. Es una estrategia posible. Lo incoherente es declarar que queremos otra cosa y financiar como si no la quisiéramos.

No podemos proclamar una economía del litio con mayor valor agregado, minería inteligente, inteligencia artificial, combustibles verdes y diversificación exportadora y tratar después como secundarios algunos de los mecanismos que permiten construir el conocimiento necesario para conseguirlo. No podemos aspirar a una estructura productiva del siglo XXI y financiar el conocimiento como complemento de la estructura productiva del siglo XX.

Los Nobel de este año permiten ver la contradicción. La optogenética no apareció porque alguien encargara una tecnología para controlar neuronas mediante luz; surgió de investigaciones cuyo resultado final nadie podía anticipar. IceCube tampoco fue construido después de descubrir los neutrinos astrofísicos que justificarían su existencia; estos pudieron observarse porque durante décadas se había construido la infraestructura necesaria para encontrarlos. También en el desarrollo las capacidades preceden al resultado: los países no se vuelven tecnológicamente sofisticados y después comienzan a invertir en conocimiento; en buena medida se sofisticaron porque construyeron conocimiento antes de conocer todas sus aplicaciones.

La responsabilidad fiscal obliga a escoger, pero precisamente por eso debe distinguir entre un gasto que puede postergarse y una capacidad cuya pérdida será mucho más costosa de revertir. Esa diferencia no contradice la disciplina fiscal: forma parte de ella. La pregunta incómoda del Presupuesto 2027 no es, entonces, cuánto consigue ahorrar en ciencia, sino qué país está financiando con sus prioridades y qué país está dejando sin financiamiento.

Un alga terminó ayudándonos a comprender el cerebro y miles de sensores enterrados bajo el hielo abrieron una nueva ventana hacia el universo. No sabemos cuál será el equivalente chileno, ni corresponde fingir que podemos adivinarlo. Lo que sí podemos decidir es si queremos conservar la capacidad de reconocerlo, comprenderlo y desarrollarlo cuando aparezca.

Chile lleva décadas prometiéndose que dejará atrás una economía demasiado dependiente de recursos naturales y tecnologías desarrolladas por otros. Si reducimos precisamente los puentes entre conocimiento, tecnología y producción, no estamos simplemente economizando recursos: estamos financiando la continuidad del modelo productivo que decimos querer superar.

Las cuentas de 2027 podrán cerrar perfectamente. Ese no es el problema. Un país también puede cuadrar su presupuesto hipotecando su capacidad de cambiar. Y cuando dentro de 10 años volvamos a preguntarnos por qué Chile sigue produciendo básicamente lo mismo, no bastará culpar al mercado, a la productividad o a la falta de innovación. Habremos contribuido a financiar esa respuesta nosotros mismos.