Gobernador busca que desalojo de cerro Chuño lo paguen los ariqueños

¡Corriendo nos tienen las noticias! Así transcurren a diario nuestros días para llegar con temas fresquitos y bien abordados en cada edición de Aquí Arica.

Comenzó el Mes del Mar y estamos “navegando” entre tanta temática regional de interés público. Y como nos gusta hacer bien nuestro trabajo, no deja de producirnos cierta gracia que haya quienes se incomoden cuando damos en el clavo o logramos una exclusiva.

A fin de cuentas, de esto se trata, de informar lo mejor posible a nuestros lectores.

Y como siempre, antes de iniciar la lectura, les entregamos un resumen de la edición de esta semana.

• Partimos con un ¡ÚLTIMA HORA!: una nota sobre la polémica solicitud de más de $ 3 mil millones que votará mañana el gobernador regional junto con el Consejo Regional (Core), para financiar con recursos regionales la primera etapa del desalojo y demolición de la población Cerro Chuño comprometida por el Gobierno del Presidente José Kast.

• También abordamos el fallo del Tribunal Oral de Arica que asignó penas mínimas a cuatro de los siete acusados de cometer delitos de corrupción pública en contratos asignados por la Dirección regional de Vialidad a la Constructora San Felipe S.A. Además, el juzgado desechó varias imputaciones y condenó en costas a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

• Incluimos en esta edición el caso de la joven Francisca Sepúlveda, quien padece un cáncer pulmonar diagnosticado tardíamente. Ella se queja por el actuar del sistema público de salud en la atención de su enfermedad.

• Y cerramos con la investigación que realiza la Fiscalía Regional sobre la muerte del obrero René Flores. Tras un operativo de Carabineros, la víctima fue golpeada y reducida con gas pimienta frente a su señora y sus dos hijos en el departamento donde estos vivían.

Antes de comenzar la lectura, bien nos viene un juguito de melón tuna del valle de Chaca con espinacas del valle de Azapa, para desintoxicarnos después de los festejos por el Día de la Madre. Y como nunca está de más, les pedimos que compartan el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y así puedan disfrutar cada martes nuestras noticias.

Gobierno usará $ 3.292 millones del Gore para desalojar y demoler Cerro Chuño

Crédito imagen: El Mostrador.

Una inesperada petición realizó el gobernador regional Diego Paco (RN) al Consejo Regional, al concluir la semana pasada. A través del Oficio N°1987 del 8 de mayo convocó a los consejeros regionales para una reunión extraordinaria que se realizará mañana, en la que pretende conseguir la aprobación del financiamiento por $ 3.292.288.000 para desarrollar el programa “Saneamiento y demolición Cerro Chuño Etapa I Arica”, a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

El requerimiento de última hora tomó por sorpresa a los consejeros regionales, ya que fueron notificados en la última sesión del jueves. Al término de la reunión y con los micrófonos apagados, el gobernador regional les anunció su propuesta, la cual habría sido elaborada en estas últimas semanas por la Seremi de Vivienda y el Serviu. Esto, luego de que asumiera como nueva autoridad el seremi Francisco Meza (UDI) y se concretara la remoción de la directora regional del Serviu, Gladys Acuña (PS), quien se había negado durante cuatro años a ejecutar esta medida, argumentando que este “no era un problema del Serviu, sino del Estado de Chile“.

• Recurriendo entonces al alicaído presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) –el más bajo de todo el país con solo $ 56.062.528.000–, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast intentará resolver un problema endémico originado por fallidas políticas habitacionales, sanitarias y medioambientales ejecutadas desde fines de la década de 1980 en un sector industrial de Arica. En esa zona se construyeron varios conjuntos de viviendas sociales en un sitio no apto para fines habitacionales y que terminaron expuestos a más de 19 mil toneladas de residuos tóxicos importados desde Suecia y abandonados por la empresa Procesadora de Metales (Promel) en un predio fiscal.

Aquí Arica intentó conseguir una versión del gobernador regional sobre esta propuesta que nunca estuvo dentro de sus promesas de campaña. Sin embargo, no hubo respuesta.

En tanto, dos consejeros regionales expresaron desde ya su posición contraria a la solicitud del gobernador. Por un lado, María Victoriano señaló que “Arica no solo enfrenta enormes carencias presupuestarias, sino también carga con la responsabilidad de ser frontera. Por eso resulta inaceptable que el gobernador pretenda destinar más de $ 3.200 millones del presupuesto regional para hacerse cargo de un problema que es nacional. La propia seremi de Gobierno señaló que esto corresponde a un compromiso presidencial de campaña del Presidente José Antonio Kast. Si es así, lo mínimo esperable es que sea el nivel central quien disponga y envíe los recursos necesarios para cumplirlo”.

En una línea similar se mostró el core Oscar Pantoja (PL), quien dijo que “estoy en contra de destinar recursos regionales al desalojo y limpieza de Cerro Chuño. Creo que toda la comunidad está de acuerdo en desalojar, pero aquí estamos frente a otro tema de fondo. Los ministerios de Salud y de Vivienda han diseñado desde el 2012, fecha en que se promulga la Ley de Polimetales, de manera errática las soluciones. Ellos son los que deberían asumir los compromisos con el nivel central. Eso debemos presionar, porque ya suficiente se ha subsidiado con fondos regionales los temas de seguridad, cuando debiera ser el nivel central de los ministerios el que financie esto”.

Quien sí apreció la decisión de Paco fue la diputada republicana Stephanie Jéldrez. “Valoro que el gobernador haya actuado con bastante prontitud frente a este requerimiento. Es difícil para él y su Consejo Regional, puesto que había la intención de poner estos dineros en otras áreas… Lamentablemente, a veces a las personas que estamos en cargos públicos, nos toca tomar decisiones que no fueron responsabilidad de nuestro actuar. Esto viene a demostrar que el gobernador está conectado con las responsabilidades que se asumieron en campaña y ahora desde el Gobierno“, expresó la parlamentaria.

También el diputado liberal Luis Malla, quien realizó varias fiscalizaciones en el sector durante su primer periodo, expresó que era una gran noticia “que al fin haya recursos para cumplir el compromiso del gobierno de Kast, pero qué decepción que la propia región tenga que pagar el costo con sus propios recursos. Demoler cerro Chuño es una urgencia para Arica, y si la única opción del gobierno es usar fondos regionales para hacerlo, no podemos oponernos. Pero queremos dejar en claro que esto debe ser sin ningún beneficio para quienes se lo tomaron; y que el día en que falte caja en la región para mejorar infraestructura, arreglar nuestras calles, mejorar las escuelas, nos acordaremos de esta medida”.

Qué se financiará

Si se revisa en los registros del Banco Integrado de Proyectos (BIP) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es posible advertir que la ficha de Iniciativa de Inversión (IDI) de esta propuesta fue creada recién el 5 de mayo.

En la propuesta que deberán votar los cores, se establece que el programa considera cuatro etapas y que se ejecutará en dos años. La solicitud establece una operación para la apertura y encapsulamiento de los residuos contaminados en un depósito hermético establecido en Quebrada Encantada, para la disposición de todos los desechos de las distintas demoliciones que ya se han practicado en este sector. También involucra la destrucción de las edificaciones y arranques de agua y gastos administrativos. De conseguir los recursos para esta fase, es muy probable que se siga la misma línea: requerir al Gore el financiamiento total para las tres etapas restantes que buscan destruir las 877 casas contaminadas y hoy ocupadas ilegalmente por extranjeros y chilenos.

Cerro Chuño para levantar imagen

La decisión del gobernador Paco de poner el FNDR al servicio del cumplimiento de una promesa de campaña del Presidente Kast, respondería a su estrecha cercanía con el Mandatario y a una suerte de “vuelta de mano” por los nombramientos en que ha logrado influir tanto en el Gabinete Regional como en distintas direcciones regionales.

Según ha trascendido, su equipo de confianza habría evaluado positivamente destinar recursos a esta tarea pendiente, con el objetivo de revertir la alicaída imagen de la autoridad, tras la instalación del nuevo Gobierno y la partida de su asesor político y comunicacional, Sebastián Huerta (UDI), quien asumió como delegado presidencial provincial en Parinacota.

De acuerdo con distintas fuentes, en el entorno cercano de Paco existiría la convicción de que la aprobación de estos fondos podría transformarse en un “gran” hito comunicacional. “Seguro a la sesión donde se aprobarán los recursos llegará la televisión; incluso ya tendríamos comprometida la venida de TVN. Así vamos a quedar como los salvadores de esto”, habría señalado uno de los participantes de esas conversaciones.

• La decisión del gobernador Paco vendría a refrendar la lealtad que empeñó con Kast desde octubre del año pasado, cuando en la cima del Morro de Arica confirmó que abandonaba su apoyo a la candidata de “Chile Vamos”, Evelyn Matthei, y se convertiría en el primer gobernador regional indígena de ese sector en respaldar al abanderado republicano.

En la oportunidad, Paco fue requerido para que develara si en su decisión había logrado “amarrar” un apoyo financiero más contundente para la región, tal como el Presidente Gabriel Boric lo hizo con su región natal de Magallanes, pero no hubo respuesta.

• A la luz de esta repentina propuesta al Core, el acuerdo político sería al revés: subvencionar las políticas de Estado deficitarias, dejando de lado la obligación de ejecutar proyectos según la Estrategia de Desarrollo Regional, la cual privilegia como líneas de financiamiento del FNDR la agricultura, el turismo, los servicios y la logística, pero no la demolición de viviendas sociales de programas fallidos gubernamentales.

Y eso no sería todo. También Paco habría encontrado en esta iniciativa una llave para levantar su baja ejecución presupuestaria. Según el último informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Arica y Parinacota tendría hasta febrero de este año solo un gasto de 12,9% y en abril bordearía un 17%.

¿Y la Ley de Polimetales?

El uso de los recursos del FNDR para ejecutar el desalojo y demolición de las 877 viviendas contaminadas de Cerro Chuño, torcería el mandato de la Ley N° 20.590 de Polimetales en vigencia desde el 2012. A través de ella se responsabilizó a varios ministerios de la ejecución de estas tareas y no al Gobierno Regional.

Así lo expresa el artículo 4° de la normativa: “el Presidente de la República, mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, designará a una Autoridad Coordinadora, quien será la responsable de velar por el fiel cumplimiento de todos los programas establecidos en la presente ley, así como ejecutar la coordinación de las tareas que, en el ámbito de la presente ley, correspondan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Planificación y Medio Ambiente, así como de los servicios públicos creados por ley, para el cumplimiento de sus respectivas funciones administrativas, que operen en la Región de Arica y Parinacota”.

Es más, el artículo 15 de la citada ley plantea que es el Servicio de Vivienda y Urbanización el que debe disponer los recursos para el cumplimiento de todas las tareas que competen al saneamiento de las zonas expuestas a polimetales y no el Gore. “El conjunto de acciones de vivienda y urbanismo dispuestas en este título serán ejecutadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota. [Este] deberá disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de su competencia en favor de quienes sean declarados beneficiarios por el programa establecido en esta ley”, señala el texto legal.

Fiscalía y CDE obtienen penas más bajas en juicio oral por corrupción en Vialidad y son condenados en costas

Crédito imagen: El Mostrador.

Un verdadero “mazazo judicial” recibieron el viernes pasado la Fiscalía Regional del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que el Tribunal Oral en lo Penal diera a conocer las condenas contra cuatro de los siete acusados en el juicio por delitos de corrupción vinculados a contratos de la Dirección Regional de Vialidad adjudicados a la desaparecida Constructora San Felipe S.A.

• La sentencia fue dictada por los magistrados Sergio Álvarez, Jairo Martínez y Sara Pizarro, luego de casi un mes de audiencias. El viernes, solo el CDE asistió a la lectura y tres defensores. En cambio, la Fiscalía no acudió, lo que pudo deberse a que ya conocía que el resultado no le era favorable.

Así, el fallo presentó dos hechos, calificados por diversas fuentes como insólitos: penas más bajas que las logradas para otros seis acusados por los mismos hechos en un juicio abreviado realizado el 3 de septiembre pasado y condenas en costas a la Fiscalía y el CDE por imputar delitos a tres personas que fueron absueltas.

Pese a haber realizado las consultas, hasta el cierre de esta edición ninguno de los dos organismos confirmó si presentaría un recurso de nulidad para requerir un nuevo juicio oral y cumplir así sus expectativas de condenar a los siete acusados con penas más contundentes.

Penas y multas

La resolución estableció las siguientes penas para cuatro de los siete acusados que optaron por ir a un juicio oral, rechazando la oferta de la Fiscalía de someterse a un juicio abreviado en septiembre del año pasado. Ello porque alegaban su total inocencia en alguno de los siete hechos que fueron expuestos en el juicio oral.

• Exinspector fiscal Genaro Leal Figueroa: dos penas de 61 días por dos delitos de negociación incompatible y dos multas de $ 1.200.000 cada una; y suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas.

• Exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez: una pena de 61 días de presidio por el delito de cohecho; una multa de $ 1.200.000; suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; y suspensión por dos años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública, por dos años.

• Exinspectora fiscal, Lilian Medina Higueras: una condena de 61 días de presidio por negociación incompatible; una multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, $ 847.056; y suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

• Exprofesional residente de la Constructora San Felipe S.A., Camilo Delgado Huentrutripai: Dos penas de presidio 61 días por los delitos de soborno y de lavado de activos; una multa de $ 1.000.000 y otra de $ 1.200.000; suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; y suspensión por dos años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

El Tribunal Oral desechó todas las imputaciones por fraude al Fisco que se hicieron a los acusados y también desestimó varias de sobornos y lavado de activos que expuso en el juicio.

Asimismo, los magistrados castigaron a la Fiscalía y al CDE con condenas en costas por las acusaciones que realizó en contra de las tres personas que fueron absueltas. Esto quiere decir que deberán pagar en partes iguales los costos de las defensas sobre los delitos que fueron desechados.

Además, dispuso la misma sanción en contra del CDE por la demanda civil de indemnización de perjuicios que interpuso en contra de los cuatro condenados. Sobre esta decisión, los jueces señalaron que “habiéndose desechado la misma y habiéndose concluido las deficiencias de la demanda y resultando claro conforme a la prueba rendida que el fisco no había desembolsado ningún recurso en relación con los hechos 1 y 3 de las acusaciones, lo que no pudo ser desconocido previo al deducir la acción civil y que evidentemente hacía que faltara un requisito esencial de la responsabilidad civil, lo que da cuenta de una demanda temeraria”.

Tres absueltos

El fallo ratificó la absolución de tres de los siete acusados. En este caso fueron favorecidos el exjefe del Departamento de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Álvaro Núñez Cruz. Los magistrados validaron su alegación de inocencia, apuntando, específicamente, a que los depósitos en dinero con el profesional de la constructora San Felipe S.A., Camilo Delgado, eran lícitos.

También exculparon a Olaya Gálvez Riquelme, cónyuge del exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez; y a Romina Zumelzu Ruiz, esposa del exinspector fiscal Genaro Leal Figueroa.

Sobre estas decisiones también hicieron un duro cuestionamiento a los órganos persecutores, señalando en el fallo que “resultaron absueltos de las únicas imputaciones de que fueron objeto, no acreditándose respecto de las primeras los delitos base de que dependía su condena por lavado de activos, el que no estuvo cerca de acreditarse en lo más mínimo, contándose solo con prueba especulativa, mientras que respecto del último, los persecutores dilataron el juicio con una gran cantidad de pruebas desconectadas temporalmente con los hechos que se le imputó y una gran cantidad de antecedentes impertinentes, aportando indicios vagos y débiles que dieron cuenta de una deficiente labor investigativa y probatoria”.

Las penas del juicio anterior

Con la expectativa de obtener penas más bajas, 6 de los 13 acusados, en este caso, se sometieron a un juicio abreviado el 3 de septiembre del año pasado (ver nota). Sin embargo, el Juzgado de Garantía fue mucho más duro en las sanciones que aplicó respecto de los cuatro condenados que se sometieron en el juicio oral que concluyó el viernes. Las penas fueron las siguientes:

• Exdirector regional de Vialidad, Roonie Focacci Yugo: dos penas por el delito de cohecho de 800 y 300 días de reclusión; multa de un tercio de Unidad Tributaria Mensual; multa de 5 UTM; dos accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y dos accesorias especiales del artículo 251 quáter del Código Penal, esto es: la inhabilitación absoluta temporal, por el mismo tiempo de la condena, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

• Exinspector fiscal de Vialidad, Jorge Padilla Guzmán: pena de cuatro años de reclusión por el delito de cohecho reiterado; multa de $ 1.000.000; accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, a la accesoria especial del artículo 251 quáter del Código Penal, esto es: la inhabilitación absoluta temporal, por el mismo tiempo de la condena, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública, y al comiso del dinero incautado.

• Exinspector fiscal de Vialidad, Fernando Querquezana Querquezana: pena de 300 días de reclusión por el delito de negociación incompatible; multa de $ 4.000.000; accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; y la accesoria de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el mismo tiempo de la condena.

• Exgerente de Operaciones Constructora San Felipe S.A., Carlos Trautmann Montt: tres penas de 300 días de reclusión por dos delitos de soborno y uno de lavado de activos; dos multas de $1.000.000 y una de $ 3.000.000; tres accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; y dos accesorias especiales del artículo 251 quáter del Código Penal, esto es: la inhabilitación absoluta temporal, por el mismo tiempo de la condena, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

• Exjefa de Finanzas Constructora San Felipe S.A., Karen Walton Buzada: una pena de 541 días de presidio menor por dos delitos de lavado de activos; multa de $ 3.000.000; y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

• Exadministrador de Obras Constructora San Felipe S.A., Carlos Strobel Pinto: tres penas de 300 días y otra de 541 días de reclusión menor por tres delitos de soborno y uno de lavado de activos; tres multas de $ 1.000.00 y una multa de $ 2.000.000; cuatro accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; y tres accesorias especiales del artículo 251 quáter del Código Penal, esto es: la inhabilitación absoluta temporal, por el mismo tiempo de la condena, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

Francisca Sepúlveda: la joven que lucha contra el cáncer y el sistema de salud pública

Crédito imagen: cedida.

Francisca Sepúlveda Garrido trabajaba como monitora deportiva en una faena minera de Soquimich, en el Salar de Atacama, hasta que en junio del año pasado comenzó a sufrir una disfonía que se prolongó de manera inusual. Desde entonces, su vida cambió por completo.

Tras una serie de diagnósticos errados y tratamientos insuficientes y nocivos para su salud, hoy enfrenta una doble batalla: contra un cáncer pulmonar y contra las falencias del sistema de salud pública, que –según denuncia– no ha logrado responder oportunamente a su situación.

Por estos días, su familia y amigos han hecho una campaña intensiva por redes sociales difundiendo su caso, para pedir una mejor atención que permita que el cáncer no siga avanzando.

Pese a su complicado estado de salud, Francisca decidió emprender una batalla institucional, interponiendo un reclamo en contra del Hospital Juan Noé, donde labora la única oncóloga que dispone la región y también en la Contraloría Regional de la República. Su denuncia apunta a un “diagnóstico, tratamiento y dilaciones negligentes desde el sistema de salud pública”.

Esto, porque, en principio, en el Hospital Juan Noé fue diagnosticada con un cáncer mamario sin la realización de un examen específico que pudiera confirmar o descartar la patología, pese a que ella se había realizado una ecotomografía que había descartado esta situación y a que ese centro asistencial tenía uno que revelaba indicios del cáncer pulmonar. Solo dos meses después, en Santiago, específicamente en el Instituto del Cáncer, obtuvo el diagnóstico sobre su afección pulmonar que la condujo a una serie de exámenes para confirmar la enfermedad y requerir el tratamiento más adecuado.

Luego, en noviembre del año pasado, en el Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica Alemana, a través de una biopsia pulmonar se identificó el temido carcinoma de células no pequeñas. En su denuncia, la paciente declaró: “desde la fecha de emisión del informe molecular (15 de noviembre de 2025), existían antecedentes objetivos, suficientes y clínicamente validados para la indicación oportuna de terapia dirigida específica anti ROS1, lo que resulta relevante al analizar la oportunidad en el inicio del tratamiento más adecuado conforme a estándares oncológicos vigentes. La omisión de considerar este resultado en la toma de decisiones terapéuticas constituye una desviación de los estándares internacionales de tratamiento en cáncer pulmonar no microcítico con alteraciones accionables”.

Al respecto, Francisca reveló que “se aprecia que no existió un actuar diligente” desde julio de 2025, cuando acudió al hospital de Arica y le diagnosticaron un cáncer de mamas y el especialista broncopulmonar no detectó su cáncer, pese a haber evidencia en los exámenes que le tomaron. Solo 130 días después, la paciente finalmente fue derivada al Hospital del Tórax para su atención.

“Transcurrieron más de cuatro meses sin confirmación diagnóstica ni inicio de tratamiento dirigido, pese a
existir evidencia radiológica inicial altamente sospechosa de cáncer pulmonar, lo que constituye una dilación clínicamente injustificada en una patología de alta letalidad y progresión, profundizando aún más las negligencias al iniciar una quimioterapia errónea para mi caso particular”, señaló en la denuncia.

La situación de Francisca empeoró aún más, dado que durante su estadía en Santiago recibió una quimioterapia errada que terminó provocándole una insuficiencia renal. Si bien retornó a Arica en febrero pasado, la joven señaló que la atención como paciente oncológica no ha sido oportuna, ni con la prioridad que garantiza la ley para este tipo de enfermedades, teniendo aún pendiente una dieta especial por parte de una nutricionista y cursos de acción sobre su nueva terapia oncológica con medicamentos que no le provoquen nuevos daños.

Salud responde

Aquí Arica consultó al Servicio de Salud de Arica y Parinacota sobre la situación de la paciente oncológica. Al respecto, la institución reconoció estar informada del caso y aseguró que junto al hospital local “solidarizan con su preocupación y están trabajando arduamente para dar una respuesta a sus inquietudes, ya que la atención de las personas con patologías oncológicas es y siempre será una prioridad para ambas instituciones”.

Sobre la queja de Francisca respecto de diagnósticos erróneos y tardíos, señaló que “de manera activa y continua, han concretado procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad, particularmente aquellos no disponibles en la región, priorizando la continuidad de atención y el acceso oportuno a evaluación especializada. El hospital ha desarrollado coordinaciones clínicas y administrativas permanentes, manteniendo, además, comunicación constante y directa con la paciente, entregando información respecto del avance diagnóstico, resultados, alternativas terapéuticas y coordinaciones necesarias para garantizar continuidad asistencial y acceso oportuno a prestaciones de alta complejidad, incluyendo aquellas que debieron gestionarse fuera de la región“.

Investigan muerte de padre tras golpiza durante operativo de Carabineros en el Cerro La Cruz

Crédito imagen: cedida.

En silencio, la familia de René Flores Jirón (46) ha masticado el dolor por su muerte, ocurrida tras un violento operativo de Carabineros realizado el pasado 15 de abril en el departamento de su esposa, ubicado en el conjunto habitacional Vista Horizonte, en Cerro La Cruz.

Su cónyuge, Edith Magne Tupa, denunció a Aquí Arica el uso de violencia innecesaria en contra de su marido, luego de experimentar una crisis por posible consumo de drogas. “Yo nunca llamé a Carabineros y no sé cómo llegaron al departamento. Violentamente, echaron abajo la puerta. Yo estaba en un dormitorio con René junto a mis hijos. Él ya estaba calmado en el piso, luego de que tuviera alucinaciones con que alguien lo venía persiguiendo. Sin embargo, un carabinero le dio una patada en su rostro y otro le lanzó gas pimienta en la cara”, recordó.

Luego, la mujer reveló que René fue sacado de la habitación por la fuerza y llevado a la entrada del departamento. Toda esta situación fue vista por sus hijos de 10 y 18 años. “Al parecer, le siguieron pegando y, desde ese momento, René no se levantó más. Un carabinero me fue a pedir un espejo y otro me dijo: ´Ahí está, ya no molestará más´. Ahí me di cuenta de que él había muerto. Cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer”.

Edith reconoció que estaba separada de René, pero aseguró que tenían una buena relación de padres. “Ese día como que él se despidió de nosotros. Habitualmente compartíamos con los niños. Ese día compartimos todo el día hasta que se fue. A las pocas horas me llamó para decir que se sentía mal y que sentía que alguien lo estaba persiguiendo. Lo recogí y lo llevé al departamento, donde continuó con esa sensación de que alguien lo perseguía, pidiendo auxilio. Como tantas otras veces, logré calmarlo sentado en el suelo de uno de los dormitorios. Yo nunca pedí que Carabineros viniera a la casa y no entiendo por qué rompieron la puerta para entrar”, expresó angustiada.

La mujer relató que la policía uniformada llegó a su domicilio “cuando René ya estaba calmado. Incluso yo lo tenía abrazado. Sin embargo, cuando ingresaron violentamente, él volvió a inquietarse porque no entendía por qué llegó tanta gente extraña al lado de él. A mí me apartaron apenas le pegaron la patada y le lanzaron el gas pimienta. De ahí, René no volvió a recuperarse y solo sentí que respiró por última vez”.

Para esclarecer las causas exactas del fallecimiento de la víctima, Edith ha acudido a la Fiscalía Regional del Ministerio Público, donde solicitó la carpeta investigativa para ver las diligencias que se han decretado. “Todavía falta el resultado de la autopsia, el que me dijeron no está listo. Nosotros queremos saber cuál es la causa verdadera de la muerte y saber si esta se produjo por los golpes que recibió René. Hay un parte de Carabineros que dice que yo los llamé por violencia intrafamiliar y nunca fue así. Entiendo que ahora ese parte no se investigará y se centrarán en el fallecimiento”, sostuvo.

También confirmó que requirió apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para contar con asesoría legal, dado que el occiso estaba en manos de agentes del Estado cuando ocurrió su deceso.

Fiscalía investiga

Desde la Fiscalía Regional confirmaron que se abrió una investigación por la muerte de René Flores, causa que fue caratulada como “muerte y hallazgo de cadáver”.

Asimismo, señalaron que entregaron a la viuda una copia de la carpeta investigativa y el informe preliminar de autopsia. Según indicaron, dicho examen concluyó, en principio, que “no establece una causal por parte de Carabineros en la muerte de esta persona”.

Sin perjuicio de ello, el organismo persecutor instruyó la aplicación del Protocolo de Minnesota durante la necropsia, con el objetivo de realizar un análisis más exhaustivo de las causas del deceso, dado que la víctima murió cuando estaba bajo custodia de agentes estatales. Dicho informe aún se encuentra pendiente, al igual que otro elaborado por la PDI sobre el sitio del suceso y las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

En cuanto a la versión de Carabineros, desde la institución informaron que “los antecedentes que dicen relación con el procedimiento policial ocurrido el día 16.04.2026 se encuentran en conocimiento del Ministerio Público y constituyen materia de una investigación penal, no resultando procedente que Carabineros de Chile (o este Mando Zonal) se pronuncie al respecto, considerando lo establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal”.

¿COMPUTADORES SIN MEMORIA? Un extraño caso se produjo en el Departamento de Eventos de la Municipalidad de Arica. Dos computadores quedaron en blanco, sin memoria, luego de la exoneración de dos funcionarias y la remoción y traslado del director Andrés Uribe por errores en la planificación de los espectáculos del Año Nuevo y el Carnaval con la Fuerza del Sol. Los aparatos fueron declarados en desuso y se debieron destinar otros dos para suplir los equipos “sin memoria”. ¿De qué nos perdimos en esos archivos X?

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.