Corte ordena sumario contra juez y receptor judicial investigados por la PDI

¡El baile y la música mueven multitudes en la región! Eso sí, también ambos elementos desatan las diferencias, tal como ocurrió con la celebración del Machaq Mara, rito que marca la llegada del solsticio de invierno, es decir, el inicio de un nuevo ciclo de las cosechas en el mundo andino.

El tradicional acto oficial con pasacalle incluido por el centro de la ciudad, que si bien no es parte del ritual ancestral, fue el punto de la discordia entre el municipio y las dos organizaciones que agrupan a los bailarines del “Carnaval con la Fuerza del Sol”, poniendo en jaque la gobernanza y organización del multitudinario evento veraniego y que hoy trasciende fronteras.

Como siempre, en esta frontera el escenario es muy dinámico. Previo al Machaq Mara, el Morro se encargó de recordarnos que sus grietas son profundas y que las conclusiones del estudio que así lo estableció, son ciertas. En su ladera sur se produjo un nuevo desprendimiento tras una llovizna. Una vez más se debió activar un cerco alrededor, luego de una evaluación de profesionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Además, al cierre de esta edición, desde Brasil se reportó el hallazgo de otro cargamento de droga impregnada en madera. Pese a ello, en Arica un grupo de madereros afectados por los dos decomisos realizados en el puerto, insisten en que sus cargas no tienen sustancias ilícitas en su interior.

Vamos ahora al resumen de nuestra edición:

• La primerísima nota revela el impacto de nuestro artículo sobre el juez y el receptor judicial investigados por la PDI en el caso de corrupción de la Seremi de Bienes Nacionales. Ahora la Corte de Apelaciones ordenó un sumario para establecer si ambos funcionarios cometieron irregularidades en la gestión de una causa sobre precisión de deslindes.

• También abordamos lo que fue la realización de dos pasacalles por el Machaq Mara ante el quiebre que se produjo entre la Municipalidad de Arica y las dos organizaciones que agrupan a bailarines del “Carnaval con la Fuerza del Sol”, a raíz de diferencias por el trámite del permiso sobre el evento y la gestión del próximo carnaval del verano.

• En esta edición cumplimos con el artículo que quedó pendiente sobre la sesión del Consejo Regional, instancia en la que se rechazó la propuesta del gobernador regional Diego Paco de promover la invitación de la sanitaria Aguas del Altiplano para visitar su planta desaladora de Copiapó, en medio del lobby de la empresa por lograr apoyo a esta iniciativa que aún no logra consenso ciudadano.

• Y cerramos con una nota sobre la designación del nuevo directorio de la Empresa Portuaria Arica (EPA) y los movimientos para capturar la administración de esta entidad pública, la cual se ha convertido en un verdadero “botín político”.

Antes de comenzar la lectura, les sugiero ir por un té de hojas con limón y jengibre producidos en el valle de Azapa para hacerle frente a los resfríos de invierno. Además, les recuerdo que pueden invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis para que todos los martes puedan disfrutar de las ediciones de Aquí Arica.

Caso de corrupción en BB.NN.: Corte ordena sumario contra juez y receptor judicial investigados por la PDI

Aunque aún la Fiscalía Regional del Ministerio Público no ejecuta diligencias contundentes sobre el caso que tiene en sus manos desde febrero de 2024, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica reaccionó ante la publicación de Aquí Arica del pasado 9 de junio.

• El tribunal de alzada ordenó el inicio de una investigación administrativa en contra del juez del Segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quiroz  Espinoza, y del receptor judicial Luis Bardi Farfán, por su aparición en un informe reservado de la PDI realizando gestiones a favor de una causa sobre deslindes de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” en el valle de Lluta.
• El expediente fue tramitado posteriormente por el mismo magistrado y en él intervino con un informe pericial su amigo Carlos Falcón Arredondo, quien es unos de los acusados de varios delitos en el Caso de Corrupción Pública en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

El Pleno se reunió el lunes15 de junio, tras recibir sendos informes que había requerido en un plazo de 48 horas a los dos involucrados y funcionarios del Poder Judicial, luego de la publicación de este medio. En esa sesión participaron el presidente Marco Flores Leyton, las ministras titulares Juana Ríos Meza y Nora Bahamondes Acevedo, el ministro interino Héctor Gutiérrez Massardo y el ministro suplente, señor José Rodrigo Urrutia Molina.

En la resolución de dos páginas se plantearon dos objetivos que deberá esclarecer la investigación:

• Verificar la “efectividad de haber incurrido don Gonzalo Quiroz Espinoza, juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica en las conductas que se señalan en el medio de comunicación El Mostrador con fecha 9 de junio de 2026,
• Y en particular, si habría dictado sentencia en los autos Rol V-340-2023 favorable a los intereses de quien fuere representado por don Luis Bardi Farfán, actual receptor judicial de Arica o de terceros, tras haber entregado orientación para obtener dicho resultado”.

Y como segunda línea, la indagación deberá “determinar la existencia de alguna infracción de carácter disciplinario y, en su
caso, las eventuales responsabilidades que puedan atribuirse a los investigados”.

Asimismo, el Pleno dispuso que el fiscal judicial de la Corte, Juan Escobar Salas, investigue este caso “en atención a la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados”.

• El Caso de Corrupción en la Seremi de Bienes Nacionales no le sería ajeno a este alto funcionario judicial. Ello, porque el 12 de septiembre del año pasado, la Corte de Apelaciones revocó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual que pesaban en contra del exencargado de la Unidad de Ventas y Concesiones de la seremi, el abogado Franklin Flores Flores, tras haber sido detenido el 3 de septiembre en las oficinas de ese servicio público.

La situación llamó la atención, ya que Flores fue el único que logró revertir las medidas impuestas por el Juzgado de Garantía, solo a pocos días de concretarse el megaoperativo que dirigió la fiscal Paulina Brito Doerr.

En los pasillos judiciales se conoció que el profesional es desde el 2021 el marido de la también abogada y oficial de la Fiscalía Judicial de la misma corte, Melissa Montenegro Iribarren, cuyo jefe directo es el fiscal judicial Juan Escobar. La funcionaria estuvo presente durante la larga audiencia en la que fue formalizado su cónyuge en el tribunal, siguiendo atentamente la lectura de cargos y comentando algunos pormenores con algunas de las señoras de otros imputados del caso.

Caso sin avances

El caso en el que aparecen involucrados el juez Gonzalo Quiroz y el receptor judicial Luis Bardi corresponde a la llamada “Arista Quiroz”, dentro de la causa madre sobre una red de corrupción detectada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y que fue formalizada en septiembre del año pasado.

• En medio de las pesquisas, personal de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) reportó en febrero de 2024 a la fiscal Paulina Brito Doerr una compleja arista: las acciones del magistrado para fallar favorablemente sobre la solicitud de sus amigos, el consultor Carlos Falcón Arredondo y el abogado Luis Bardi Farfán, y la inscripción con nuevos deslindes de un predio de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos en el valle de Lluta. Lo anterior, a sabiendas de que el loteo tenía menos de la superficie que la declarada en un informe elaborado por Falcón.

En exclusiva, Aquí Arica obtuvo el Informe Policial N° 20240103526/00244/302 del 22 de febrero de 2024. En el documento, la PDI reveló a la fiscal Brito que existían varios audios de conversaciones telefónicas interceptadas, en las que aparecía el juez proponiendo alternativas para resolver el problema de los deslindes de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” con el consultor Falcón y el abogado particular de la entidad, Luis Bardi Farfán, sugiriéndoles ingresar una causa en su tribunal. (ver nota).

Cisma por Machaq Mara entre municipio y organizaciones de bailarines puso a prueba la Ley de Seguridad Privada

Crédito imagen: El Mostrador.

La tradición de celebrar la llegada del Machaq Mara (Año Nuevo Andino) los días 20 y 21 de junio en Arica, trajo un inesperado cisma entre la Municipalidad de Arica y las dos poderosas organizaciones de bailarines que coorganizan el carnaval “Con la fuerza del sol”.

• Una reunión de la Comisión Especial del Concejo Municipal, efectuada el 1 de junio para afinar detalles del carnaval y su gobernanza, molestó a las agrupaciones, desembocando finalmente en un quiebre que significó la convocatoria de dos eventos paralelos para recibir el solsticio de invierno el fin de semana pasado.

La división era inminente, ya que la sesión de esta instancia municipal había sido antecedida por denuncias en redes sociales de las dos agrupaciones en contra del municipio, acusándolo de no tramitar a tiempo el permiso para el pasacalle por el Machaq Mara ante la Delegación Presidencial.

Solo 24 horas antes de los dos pasacalles que convocaron, por un lado, el municipio, y, por otro, la Confraternidad de Bailes Andinos Inti Ch’amampi y la Federación de las Artes Indígenas Kimsa Suyu, la Delegación Presidencial Regional otorgó los permisos bajo la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada. Ambos fueron calificados como “reuniones de personas” y no como eventos masivos. Bajo esa nomenclatura, las actividades cumplieron exigencias de menor intensidad, como la de contar con una ambulancia y el cierre acotado de calles en una corta extensión.

Así, la Municipalidad optó por mantener su pasacalle por el Paseo 21 de Mayo para posterior rematar el desfile en el frontis de la Catedral San Marcos. En tanto, las dos organizaciones de danzantes escogieron el sector rural de Cerro Sombrero en el valle de Azapa para su evento.

La medición de fuerzas se hizo evidente. Ello, porque el municipio logró convocar a solo seis agrupaciones de bailarines según el programa que difundió, mientras que las dos organizaciones que escogieron Cerro Sombrero congregaron a 57 grupos.

El pasacalle municipal contó con calles pavimentadas y un escenario frente a la Catedral San Marcos más toda su logística. En tanto, el de las agrupaciones si bien tuvo amplificación e iluminación, se vio un tanto deslavado debido a que los bailarines debieron recorrer un tramo de tierra de este sector rural de Azapa donde no llegó masivamente el público por la lejanía y la falta de locomoción pública.

“Pasaron la prueba”

• El delegado presidencial regional, Cristian Sayes, evaluó positivamente la realización de los dos eventos que autorizó. “No hubo incidentes que lamentar y, en ambos casos, cumplieron con el horario y las exigencias pactadas. Si le soy sincero, me llamaron varias personas por el evento de Cerro Sombrero, para que lo suspendiera, porque consideraban que era un riesgo. Yo decidí autorizarlo porque vi un compromiso de los dirigentes por cumplir con todo lo que les exigimos”, expresó la autoridad.

• Sayes dijo que esta es una muestra de que la Ley de Seguridad Privada “se va asentando en la comunidad y las organizaciones han ido comprendiendo que pueden gestionar los permisos y cumplir con lo que se les pide, sin tener que depender de las autoridades. En este caso, definimos que no eran eventos masivos, sino reunión de personas a lo largo del tiempo, porque no iban a juntar 10 mil personas en un solo momento. El de Cerro Sombrero empezó a las 10:30 de la mañana y terminó a las 12 de la noche. El del municipio partió más tarde y también terminó a la hora”.

La autoridad llamó al municipio y a las organizaciones de bailarines a mantener un diálogo fluido para que el próximo carnaval sea exitoso. “Nosotros tenemos el deber de tramitar los permisos y esperamos que ellos logren un acuerdo. Por ahora, estamos abocados a colaborar en la tramitación de permisos para eventos de los colegios y de distintas organizaciones, califícándolos si son o no masivos. Nos preocupa desde ya la fiesta religiosa de Las Peñas, que se efectúa en octubre, y por eso, ya estamos trabajando para que los permisos se tramiten con tiempo”, expuso.

Relaciones rotas

Si bien este cisma por el Machaq Mara puso a prueba la capacidad de organización y convocatoria del municipio y las organizaciones de bailarines, el conflicto sigue latente y en suspenso por la organización del próximo “Carnaval con la Fuerza del Sol”.

El alcalde Orlando Vargas, junto a los concejales, en especial el edil Daniel Manríquez (PdG), expresaron sus críticas al manejo de las organizaciones, apuntando a prácticas como la expulsión de bailarines o alzas desmedidas de cuotas de socios, así como su negativa a que nuevas agrupaciones participen en el carnaval. De hecho, la aspiración del concejal Manríquez es crear un empadronamiento de bailarines para tenerlos identificados y así evitar la aplicación de sanciones que les impidan bailar en el evento (ver nota municipal).

En tanto, las dirigencias de las dos entidades de bailarines apostarían por exhibir como logros la capacidad de convocatoria que tuvieron al congregar a la mayoría de los grupos de bailarines en su celebración del Machaq Mara y el hecho de que ese evento no tuvo incidentes.

Sin embargo, desde el municipio no habría ánimo para torcer su voluntad de tomar mayor protagonismo en la gestión del carnaval, teniendo como poderosa herramienta el aporte de $ 1.000 millones que destina al evento, además del personal municipal y las gestiones con Carabineros de Chile y las autoridades de Gobierno para apoyar la logística, seguridad y promoción de este evento.

Gobernador sale trasquilado en el Core al proponer invitación de sanitaria a visitar planta desaladora en Copiapó

Crédito imagen: cedida.

Terminó mal la sesión del Consejo Regional (Core) del pasado 10 de junio. En su último punto, el gobernador regional Diego Paco (RN) recibió un verdadero “portazo” desde el Core, al proponer la invitación extendida por la sanitaria Aguas del Altiplano (ADA) a visitar este jueves las instalaciones de la planta desaladora en Copiapó, infraestructura que opera el holding Aguas Nuevas al cual pertenece esta empresa.

Varios consejeros de oposición, salvo la consejera socialista, Denisse Morales, rechazaron y se abstuvieron ante la propuesta, cuyo traslado y alojamiento debían ser costeados por el Gobierno Regional. Los cores le enrostraron que no era estético andar promoviendo los intereses de una empresa que lucra y también lo emplazaron a no apresurarse en la decisión de apoyar la construcción de una planta desaladora en Arica, especialmente porque está en curso un estudio financiado con recursos regionales, para fijar la política de recursos hídricos para la región, además de los reparos ambientales de algunas organizaciones.

Al parecer, las cuentas del gobernador fallaron, al pensar que tenía seguros todos los votos de la derecha, especialmente los de los dos consejeros republicanos. Solo la recién asumida Elena Fornés lo apoyó. Mientras tanto, el consejero Ignacio Gómez se abstuvo, no sin antes declarar su apoyo a las empresas privadas “buenas” y su ejercicio en la región. Sin embargo, a este egresado de Derecho algo no le hizo sentido, al ver al gobernador promoviendo una invitación de una empresa que ha sido cuestionada en la región por la calidad de su servicio y las constantes roturas de pavimento que deja en las calles de Arica. Contradictoriamente, antes de abstenerse, Gómez dijo que era necesario visitar la planta desaladora para tomar una decisión basada en argumentos técnicos sobre su conveniencia. Su postura era seguida de cerca por el asesor del gobernador y presidente regional de RN, Patricio López, quien además dirigió la cámara de su celular hacia el consejero minutos antes de la votación.

“No es malo que los consejeros puedan asistir adonde se vaya a hacer una desaladora… No ir para allá sería algo negativo, porque estaríamos aprobando, quizás, o discutiendo algo con desconocimiento de causa más allá de los papeles que nos puedan presentar”, expuso el consejero, quien no fue escuchado por el gobernador porque justo salió de la sala al igual que la consejera socialista Denisse Morales.

Según fuentes, la decisión de Gómez generó una extraña reacción en el gobernador, quien no advirtiendo que la sesión quedaría grabada, le reiteró en un tono bajo varias veces “Te van a retar”. Si bien nunca especificó desde dónde vendría el reto, lo que trascendió es que Paco podría referirse a asesores del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Para despejar las dudas sobre si la propuesta contravendría principios de probidad, Paco se hizo acompañar por el asesor jurídico del Gore, Andrés Palma, quien intervino señalando: “No veo problema en que puedan concurrir, sobre todo si se trata de materias relacionadas con el quehacer de Gobierno Regional. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente en que puedan asistir a visitar la planta, porque eventualmente el Consejo Regional podría participar de una decisión como esta”.

Al ser interpelado por el consejero liberal Oscar Pantoja respecto de la inconveniencia de hacerse parte del lobby de la sanitaria, el gobernador lo trató de “impreciso” y luego fue más allá:

“Déjeme decirle: los dueños de una planta desaladora, de una sanitaria, de una infraestructura, del alcantarillado, de una matriz, no es una empresa privada. No es ni de Aguas del Altiplano, ni de Aguas Nuevas, ni de Aguas Nuevas Atacama. Eso es de Econsa, que es una empresa pública, que es del Estado de Chile, que es dueña de toda la infraestructura de las sanitarias de Chile. Ahora distinto es que una empresa privada, por una licitación pública, la concesione y la explote o la trabaje, porque alguien la tiene que administrar”, retrucó.

Antes de votar si miembros del Core aceptarían la invitación y, agobiado por los cuestionamientos al lobby y a los efectos medioambientales de una planta desaladora, el gobernador dijo que él igual iría a visitarla: “Después de ese jueves 18 de junio, voy a tomar decisiones, y voy a marcar una postura, y esa postura va a determinar esa visita a la planta desaladora en la Región de Atacama,… y se los trasparento desde ya: voy a marcar una posición, pero no la voy a marcar en este momento hasta no conocer el funcionamiento real y que me expliquen los técnicos cuáles son las causas y efectos”.

Al final, luego del extenso debate no se logró la mayoría de ocho votos para aprobar la visita. Tres consejeros votaron en contra de la visita, específicamente Carlos Ojeda (PH), María Victoriano (PC) y Daniel Linares (independiente). En tanto, Sofía Clavijo (ex-RN), Marcelo González (PDC), Ignacio Gómez (Partido Republicano) y Oscar Pantoja (PL) se abstuvieron. Solamente el gobernador y los consejeros Lorena Ventura (RN), Elena Fornés (Partido Republicano), Hermes Gómez (independiente), Nino Estay (Demócrata), Cristian Villanueva (Partido Social Cristiano) y la socialista Denisse Morales apoyaron la propuesta.

En una salida inesperada de libreto, el gobernador sorprendido con la derrota propuso votar nuevamente, advirtiendo varias veces al consejero Ignacio Gómez: “¡Te van a retar!”. La repetición del acto generó molestia en algunos consejeros, y solo luego de que la consejera socialista se le acercó para decirle algo al oído, la autoridad declinó en su intención de reiterar la votación.

• Y pese a tanta insistencia, al final el gobernador después del bochorno sufrido, no viajó a Copiapó a visitar la desaladora. La autoridad decidió cambiar los planes y se trasladó únicamente a Santiago la semana pasada, donde participó en reuniones de la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile y en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Insistencia por la desaladora

El proyecto de la desaladora fue planteado en 1998 durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, pero hasta hoy no ha sido posible concretarlo. Esto, a raíz de que no ha habido una voluntad en los sucesivos gobiernos de destinar recursos fiscales para su concreción, ya que de hacerlo por cuenta propia la sanitaria, el costo del agua potable a los consumidores subiría considerablemente.

• El último intento lo hizo el mismo Paco el año pasado, al presentar a la sanitaria como expositor del proyecto que incluía la desaladora y una planta de tratamiento de aguas servidas, dentro del debate sobre iniciativas que debían incluirse en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).
• Su intención no tuvo eco y finalmente el proyecto no fue incorporado, debido a serios reparos de los consejeros regionales sobre la legalidad de incluirlo, dado que esta obra corresponde a un plan de inversiones que debe ejecutar la sanitaria para garantizar el abastecimiento de la ciudad en su área de concesión.

El proyecto se ha vuelto crítico, dado que desde febrero del año pasado Arica presenta problemas de escasez hídrica, a raíz de que un conjunto de pozos en el valle de Lluta registraron una caída considerable en su producción de agua potable.

Pese a ello, la construcción de una desaladora de agua de mar aún no genera consenso en la región, especialmente por reclamaciones que existen en la tramitación del estudio de impacto ambiental del proyecto presentado por la sanitaria. AL respecto, organizaciones de pescadores han alertado de efectos negativos en su área de extracción en el sector de Arenillas Negras. La propuesta de Aguas del Altiplano considera la producción de 200 litros para el consumo humano.

Sanitaria responde

Por su parte, Aguas del Altiplano confirmó a Aquí Arica que en mayo de este año invitó formalmente al gobernador a conocer en terreno la planta desaladora de Caldera, operada por Nueva Atacama, filial del grupo Aguas Nuevas. “Con el gobernador, al igual que con otras autoridades regionales, tenemos una muy buena relación, sosteniendo reuniones periódicas, que son solicitadas y quedan registradas en la plataforma de lobby. Como es práctica habitual del grupo con autoridades y actores relevantes del territorio, la invitación contemplaba el acceso a las instalaciones, un recorrido guiado, una reunión técnica para explicar en detalle la operación de la planta y un espacio de diálogo con el equipo local. La invitación no incluía ni contemplaba en ningún caso el pago de pasajes ni de hospedaje”, expuso la empresa.

Según la sanitaria, su propósito era que el la autoridad “conociera de primera fuente cómo funciona una planta desaladora y, sobre todo, cómo beneficia a las personas de la región contar con suministro de agua potable garantizado por las próximas décadas, algo que hoy lamentablemente no es una realidad en Arica”.

La empresa señaló que esta visita también se enmarca dentro la búsqueda de alternativas para resolver el problema de escasez hídrica que enfrenta la ciudad. “Es de público conocimiento que una parte relevante de la región cuenta desde hace más de un año con un decreto de escasez hídrica, como ocurre en la zona de Lluta Bajo. Esto se debe a un severo déficit en sus fuentes de abastecimiento, que en nuestro caso se traduce en una reducción del 50% del caudal en los sistemas de captación de la zona.
Hoy enfrentamos una situación muy compleja: toda el agua que producimos se consume. No existen reservas y tampoco es posible producir más con los recursos continentales disponibles”, indicó.

Asimismo, la sanitaria expresó que, tras realizar estudios en profundidad y evaluar varias alternativas, “llegamos a la convicción de que una planta desaladora es la mejor solución para dar seguridad hídrica a la región y garantizar su desarrollo en las próximas décadas. Esta convicción se sustenta en la experiencia: el uso de agua desalada para consumo humano ha demostrado ser una solución segura y eficiente en otras zonas del país, como Antofagasta, Tocopilla, Chañaral, Caldera y Copiapó. Se trata, además, de una solución de largo plazo, que permite a la región proyectarse, crecer y planificar su futuro”.

Sobre el proyecto cuyo estudio de impacto ambiental fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en abril de 2024, confirmó que se encuentra actualmente en la etapa de elaboración de su última adenda. Y respecto de cómo se financiará, la firma expresó que “existen diversas alternativas de financiamiento para esta obra, hoy en discusión, con un foco claro: que la inversión tenga el menor impacto posible sobre la tarifa de los habitantes de Arica”.

Directorio de Empresa Portuaria Arica debuta con error en nombramiento de vicepresidenta

En casi cuatro horas, el lunes 16 de junio la Empresa Portuaria Arica (EPA) tuvo dos directorios nombrados por el Consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP). La situación quedó en evidencia al ser publicados dos hechos esenciales sucesivos en la web de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entidad a la que deben ser comunicados los cambios en las administraciones de las empresas fiscalizadas por esa instancia.

En el mundo político oficialista regional atribuyeron esta situación a un “error” de transcripción del acuerdo del SEP. Pero el equívoco no fue menor.

En el primer comunicado se informó a las 08.39 horas que la presidencia de EPA quedaba en manos del ingeniero Pedro Jaramillo Valdés, quien se desempeñó como gerente de TPA entre 2010 y 2013, y como gerente general de la agencia Ultramar entre 2013 y 2017, ambas filiales del grupo Von Appen. La vicepresidencia recaía en la encargada de la Unidad Transporte Internacional de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, la abogada Constanza Ferreira Soto; y como directora figuraba la gerente en Gestión de Personas de Vantrust Capital y jefa de la División de Políticas de Igualdad en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el segundo gobierno del Presidente Piñera, la sicóloga Loreto Cornejo Ponce, quien es prima del rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez Ponce.

La composición de este directorio no duró mucho. A las 12.38 horas fue publicada una carta aclaratoria suscrita nuevamente por el gerente general, Jorge Cáceres Godoy, en la que se evidenciaba un cambio en la vicepresidencia de la EPA. La abogada Constanza Ferreira Soto -esposa del recientemente nombrado director regional de Vialidad y exingeniero de la desaparecida Constructora San Felipe S.A., José Rivera Benedetti- era reemplazada por la exintendenta regional del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y profesora, María Loreto Letelier Salsilli (UDI).

Nombramiento esperado

La designación del directorio de la EPA era uno de los asuntos que mantenía atentos a los partidos políticos de Gobierno en la región, dado que esta empresa portuaria se ha convertido en una especie de “botín político” por los altos sueldos que se pagan a la plana gerencial, sumado a la posibilidad de contratar a militantes al interior de la EPA.

Si bien desde hace dos semanas había trascendido que la exintendenta Letelier había sido nombrada, resultó una sorpresa que en su puesto apareciera inicialmente la abogada de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Constanza Ferreira Soto, quien junto a su marido se definen como cercanos al Partido Republicano.

• El proceso no fue fácil, dado que distintas fuerzas políticas intentaron colocar a sus figuras desde la asunción del nuevo Gobierno. Por ejemplo, se conoció de las intenciones de encabezar el directorio del exintendente regional y exgerente general de la EPA en el primer Gobierno de Piñera, Rodolfo Barbosa Barrios. Si bien fue entrevistado por el equipo reclutador, no fue seleccionado. Lo mismo ocurrió con el exvicepresidente de la EPA de la misma época que Barbosa, Sebastián Montero Lira.

En las gestiones por colocar piezas en el directorio de la empresa pública también estuvo el gobernador regional, Diego Paco, quien desde el año pasado se acercó a la administración de EPA y del concesionario TPA para reposicionar a Arica como un puerto dentro del corredor bioceánico norte que incluye a Bolivia y a los estados de Mato Grosso y Rondonia. Su carta tampoco habría sido seleccionada.

Plana ejecutiva en ascuas

• Una de las tareas que deberá resolver el nuevo directorio es la definición de la plana ejecutiva que incluye a la Gerencia General y tres gerencias, además de la continuidad de todo el personal, dado que durante la administración designada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se aumentó de 16 a 26 empleados desde 2022 hasta el 2026, sin que se registrara un aumento de la carga que justificara un incremento en la dotación.

La continuidad del gerente general Jorge Cáceres Godoy sería clave para este puzzle. Si bien el máximo ejecutivo generó cercanía con el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN), habría voces a nivel político, como la de la diputada Stephanie Jéldrez Ortiz, que estarían por practicar cambios. Una poderosa razón sería el historial político de Cáceres, quien hasta el 2022 era militante de la Democracia Cristiana. Por ese partido obtuvo nombramientos como secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Un detalle que estaría pesando en contra de Cáceres es haberse involucrado en la campaña electoral parlamentaria, publicitando su aporte monetario al actual diputado DC y exgobernador regional, Jorge Díaz Ibarra, contendor de la diputada Jéldrez y rival electoral del gobernador Diego Paco en 2024. Lo anterior, contraviniendo la recomendación de las guías del Sistema de Empresas Públicas (SEP), de evitar vinculaciones políticas y regalos o donaciones a personas o entes que puedan fiscalizar a la empresa.

Y si bien Cáceres al interior de la empresa ha dado señales de que se quedará en la Gerencia General, también está en evaluación la denuncia que fue levantada por la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile sobre prácticas antisindicales durante la renovación del directorio del sindicato de la EPA (https://fenatraporchile.cl/2025/10/16/fenatraporchi-denuncia-practicas-antisindicales-en-empresa-portuaria-arica/).

El conflicto se produjo con denuncias ante la Inspección del Trabajo por despidos de dos trabajadores, luego de que fueran hostigados tras no acceder a la recomendación de una de las gerentes de votar a favor de la candidata a presidenta del gremio, Bárbara Ringler González. La ingeniero constructor llegó de la mano de la administración de Cáceres y destronó al histórico presidente de la organización, Oliver Ortiz Rivera, que iba por una repostulación tras ejercer cargos en la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (Fenatraporchi). Actualmente, hay tres acciones judiciales en contra de la administración por las dos desvinculaciones, acusando vulneración de derechos y Ley Karin, y por prácticas antisindicales.

El poder del vicerrector UTA

Una fuerza que también probaría su nivel de influencia en el mantenimiento de la plana ejecutiva de la EPA, sería la del vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de Tarapacá, Jorge Bernal Peralta (RN). Este último es un conocido operador político en la región que, incluso, en gobiernos contrarios a su sector político, ha conseguido realizar gestiones a favor de su entorno (ver nota).

La última fue la contratación de su hijo en la misma EPA, el ingeniero en Computación e Informática, Jorge Bernal Navarrete, como encargado de Tecnologías de Información y Ciberseguridad. Una vez reclutado en 2023, el profesional, sin estar vinculado a la industria portuaria, logró en junio del año pasado una posición privilegiada: fue nombrado por los trabajadores como representante de ese estamento ante el directorio de la empresa. Por esa función, que implica asistir a las reuniones del directorio, recibe una dieta mensual extra de $ 1.129.408.

En todo caso, el fichaje de su hijo le habría merecido críticas a Bernal al interior de su partido. Es más, hoy su influencia estaría bastante limitada, pese a ser cercano al embajador en México y exsenador Francisco Chahuán, dado que postuló como tesorero a la dirigencia regional de RN, pero su lista perdió esa batalla el 28 de marzo.

Extracto de listas postulantes a mesa directiva regional de RN.

También el año pasado libró sin éxito la postulación del rector saliente de la UTA, Emilio Rodríguez Ponce, como candidato a senador por RN. Su carta fue desechada de manera unánime y con bastante enojo de la militancia, que concurrió a la reunión ampliada regional donde se votó esa proposición. Le enrostraron con mucha firmeza que estaba postulando a un exintendente regional “de izquierda” que el 2014 había propiciado los despidos de gran cantidad de funcionarios contratados durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pese a su fracaso y a haber sido sancionado por el uso de los correos institucionales de la UTA para promover su candidatura a diputado en 2013, en mayo del año pasado fue nombrado vicerrector de Administración y Finanzas en esa casa de estudios (ver nota).

Bonus Track: Exconcejal detenido por contrabando

Antes de despedirme, les cuento del impacto que provocó en la comuna de General Lagos la detención del exconcejal por “Chile Vamos”, Pablo Villalobos Quispe (independiente por el PRI), al ser sorprendido mientras conducía un camión repleto con mercancías de contrabando, específicamente fardos de ropa usada y zapatillas de marcas internacionales, productos avaluados en $ 106 millones.

El exedil fue intervenido por Carabineros por un paso no habilitado en la ruta que une Visvivi con Parinacota. Tras ser formalizado por contrabando, quedó en libertad, pero bajo la prohibición de salir del país y con firma mensual. El delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta (UDI), exhibió el resultado de este operativo fronterizo como uno de los logros del Gobierno en su plan para frenar el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado en las zonas fronterizas.

Si llegó hasta aquí es porque se leyó completa nuestra edición. ¡Muchas gracias y nos vemos la próxima semana!Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.