Bolivia pide que narcomaderas no sean quemadas pero su destrucción ya está en marcha

¡Llegó por fin la primavera! Sin embargo, el clima está aún errático en esta frontera norte. Lloviznas, vientos intensos y golpes de calor como si fuese noviembre se han dejado sentir esta última semana.

A diferencia del clima atmosférico, el clima político en la región no cambia. Y aunque cueste conseguir versiones oficiales y nuestras consultas “duerman” en seremis y direcciones de servicios, continuamos haciendo periodismo con el sello de El Mostrador.

Vamos ahora con nuestro resumen de esta edición posdieciochera:

• Partimos con la primera nota relacionada con el “Caso Narcomaderas”. La defensa de 15 de las 21 empresas que tienen cargamentos incautados por presencia de trazas de drogas duras pidió que se paralice cualquier intento de incineración o destrucción de las maderas retenidas. Sin embargo, fuentes reservadas revelaron a Aquí Arica que el proceso de destrucción partió el 3 de septiembre sin aviso a los dueños de las mercancías, ya que la Ley de Drogas así lo autoriza.

• En esta edición damos a conocer la decisión de la Contraloría General de la República de iniciar una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica por mal uso de vehículo fiscal, tras el choque en estado de ebriedad protagonizado por el chofer de confianza del alcalde, Juan Olivares Soto. El caso también salpicó a Carabineros, institución que inició un sumario por incumplimientos en el procedimiento policial.

• También incluimos la decisión de la CUT provincial de requerir una fiscalización exhaustiva a los trabajos de demolición de las 220 casas de la población Cerro Chuño. Esto, a raíz de constantes denuncias publicadas en redes sociales en las que acusan maltrato de sus jefaturas por reclamos sobre incumplimientos en las normas de higiene y seguridad, pese a ser una faena de alta exposición a elementos contaminantes y nocivos para la salud humana.

• Y cerramos con el anuncio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de iniciar en 2027 la construcción de un nuevo tramo del paseo costero Las Machas, cuya inversión superaría los $10 mil millones.

Antes de iniciar la lectura, les sugiero ir por un té de hojas combinado con limones del valle de Codpa y así espantamos los resfríos primaverales que están bien de moda entre tanto cambio brusco del tiempo. Además, como siempre, les pedimos invitar a nuevos lectores para que se inscriban gratis y puedan disfrutar cada martes de nuestro newsletter.

Caso Narcomaderas: piden a Fiscalía que cargamentos incautados no sean quemados pero su destrucción ya comenzó

Crédito imagen: El Mostrador

Ante el riesgo de que los 59 contenedores con maderas bolivianas incautados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso por la presunta presencia de trazas de drogas sean incinerados por el Servicio de Salud de Arica, la defensa de 15 de las 21 empresas madereras bolivianas afectadas solicitó a la Fiscalía Regional suspender cualquier medida destinada a destruir las cargas que aún permanecen retenidas.

Los contenedores se encuentran en proceso de inspección para determinar si lo incautado corresponde exactamente a los cargamentos despachados desde Bolivia hacia los terminales chilenos. La defensa fundamentó su petición en el riesgo de destrucción de las mercancías antes de que concluyan estas diligencias.

Pese a ello, Aquí Arica confirmó con fuentes reservadas que el proceso de incineración se inició el 3 de septiembre con un contenedor de prueba y se habría reanudado el 11 de septiembre con otros 5 cargamentos de un total de 48 contenedores que se encuentran retenidos en el terminal marítimo. Las primeras seis cargas incineradas corresponderían a aquellas que no fueron representadas legalmente en Chile en los procesos investigativos que se mantienen bajo reserva.

Si bien ninguna autoridad en la Fiscalía Regional, en el Servicio de Salud de Arica y tampoco en el ISP quisieron ratificarlo, este medio presenció el segundo operativo del 11 de septiembre realizado en la explanada de quemas de sustancias ilícitas en Pampa Concordia, en las proximidades de la Ruta A-13. Ese día, desde temprano se dispuso maquinaria pesada y la asistencia de funcionarios del Servicio de Salud, de Carabineros de Chile y de la Delegación Presidencial Regional para este efecto.

En el Servicio de Salud señalaron que no podían referirse al tema “por razones de seguridad” y en el ISP dijeron que estas materias “eran de competencia del Servicio de Salud y de la Fiscalía“. Y en cuanto al método de análisis utilizado para acreditar si las maderas tenían droga, el ISP se excusó de entregar antecedentes, indicando que estos serán parte de una investigación académica que pronto será publicada.

El calendario de las próximas incineraciones sería manejado bajo estricta reserva, sin notificación a los propietarios de las cargas y bajo un compromiso de confidencialidad para los funcionarios públicos participantes, con la advertencia de que cualquier filtración podría significar el inicio de un proceso penal, dado que la investigación se encuentra bajo reserva de acuerdo a la Ley 20.000.

Las quemas serían coordinadas por la Delegación Presidencial Regional (DPR), entidad que descartó licitar el servicio de retiro y destrucción de las maderas, dado que podría costar unos 8 mil millones de pesos. La operación, suspendida durante la semana de Fiestas Patrias, sería retomada esta semana y se extendería durante todo este mes hasta agotar los 48 contenedores. Con este nivel de celeridad, la autoridad gubernamental pretendería evitar que los contenedores queden abandonados, tal como ocurrió con las 690 toneladas de precursores químicos decomisadas en diciembre de 2022 y que recién pudieron ser trasladadas y destruidas este año.

Consultado sobre este procedimiento, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero negó cualquier intervención de su organismo en la incineración de las maderas. “La ley obliga y otorga un plazo de 30 días desde el comiso. Lo que sí hicimos en su momento en esta causa fue pedir una ampliación de ese plazo porque era muy difícil que se realizara en 30 días. Y se amplió por 120 días. ISP define si hay droga y la ley define que donde hay droga, hay que destruir y da plazo para ello”, afirmó.

Bloqueo a incineraciones

Advirtiendo el inicio de la destrucción de un primer lote de maderas, la defensa del grupo de las 15 empresas afectadas con el decomiso pidió que no se destruyera la evidencia. Los empresarios han insistido en su tesis de que el caso “está viciado”, al conocer que los informes del ISP nunca detectaron la impregnación con droga, sino que solo fueron pesquisadas “trazas”” de entre un 5% y un 10%, cantidades insuficientes para montar una operación de narcotráfico.

A través del congelamiento de la destrucción, los exportadores buscan evitar pérdidas millonarias por incumplimientos en los despachos de estas cargas a sus clientes, pensando en que aún pueden lograr la liberación de las cargas retenidas.

Esa convicción descansaría en las gestiones políticas efectuadas por el Gobierno y el Congreso del vecino país y la presentación de dos informes de exagentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) en los causas que investiga el Ministerio Público. Los análisis contradicen la tesis de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota sobre el hallazgo de un sofisticado método de impregnación con cocaína o ketamina en las maderas.

Sin embargo, el organismo persecutor confirmó hace dos semanas a este medio que el caso estaba cerrado, indicando que el único informe válido y que acreditó la presencia de droga es el que realizó el Instituto de Salud Pública (ISP) y que no se autorizará la realización de un peritaje alternativo, ya que el sistema penal chileno no lo contempla.

Dentro de las 15 empresas madereras que han elegido la vía judicial figuran Andina Forestal SRL, Bolprow SRL, Bolivia S.A., Expres Wood, Manurini Eco Import Export, Multipando, Siempre Verde, Maderera Zalles, Realwood SRL y Río Yata Madera Import Export S.R.L. Todas ellas son representadas por el abogado y exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Daniel Guevara.

La misma defensa de este grupo maderero boliviano presentó la semana pasada una declaración suplementaria en las causas que investiga la Fiscalía Regional, en la que advierte que el ISP no está acreditado internacionalmente ni a nivel nacional para el análisis de drogas. Esta información fue entregada por el experito químico de la DEA, Scott Richard Oulton.

El experto, luego de hacer un análisis normativo y de las credenciales de este laboratorio, indicó que el ISP no posee acreditación nacional del Instituto Nacional de Normalización (INN) “para el análisis forense de drogas incautadas”. Asimismo, a nivel internacional, Oulton expuso que tampoco tiene la acreditación de la Junta Nacional de Acreditación ANSI (ANAB). En esta entidad, el ISP según el perito- solo está acreditado para el análisis de productos farmacéuticos y sujetos a control sanitario, pero no de tipo forense en drogas.

Visita de senadores bolivianos

El lobby político es una vía que los madereros no han descartado. Tras la visita de cuatro senadores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile a La Paz, ciudad donde se reunieron con el Presidente de la República Rodrigo Paz y parlamentarios homólogos, se prevé que un grupo de senadores bolivianos visitará Arica para inquirir detalles sobre el “Caso Narcomaderas” y también está en agenda una próxima visita del Presidente José Antonio Kast al vecino país en las siguientes semana.

Se ignora aún cuándo se efectuará esta visita de los parlamentarios bolivianos. Sin embargo, ya existen alertas en el Gobierno para evitar que la misión se convierta en un hecho político de alta conflictividad, tal como ocurrió con la visita del excanciller del Gobierno de Evo Morales, David Choquehuanca, quien se presentó sin previo aviso en el Puerto de Arica en julio 2016. Allí el ministro ingresó y denunció vulneraciones al Tratado de 1904 que estaría cometiendo en ese entonces el Estado chileno. Si bien la acción fue altamente mediática, finalmente no tuvo el efecto que Bolivia esperaba, ya que en octubre de 2018 la Corte Internacional de La Haya rechazó la demanda marítima presentada por el vecino país en contra de Chile.

La visita de los senadores respondería también a algunas versiones nacionalistas surgidas en Bolivia, sobre un presunto “sabotaje” a las cargas bolivianas en los puertos chilenos. Esta tesis tendría soporte en la retórica de algunos líderes bolivianos que acusan a Chile de ejercer una posición “abusiva”” sobre Bolivia, al tener cautivas sus cargas de exportación e importación por la condición mediterránea que exhibe, tras la pérdida de su acceso al Océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico.

Contraloría ordena investigaciones en municipio y Carabineros por irregularidades en choque de chofer del alcalde

Crédito imagen: El Mostrador.

Un nuevo golpe sufrió la administración del alcalde Orlando Vargas Pizarro, luego de que el miércoles pasado la Contraloría General de la República anunciara el inicio de una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica «por eventuales irregularidades detectadas en el uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde de la comuna». La medida se adoptó tras las indagaciones preliminares realizadas por fiscalizadores de la Contraloría Regional a raíz de la colisión que protagonizó, en estado de ebriedad, el chofer de confianza del jefe comunal, Juan Olivares Soto, la noche del 14 de mayo pasado.

Olivares conducía la camioneta fiscal destinada al uso exclusivo del alcalde cuando protagonizó el accidente.

Pero eso no fue todo. También el organismo fiscalizador detectó anomalías en el procedimiento que efectuó personal de la Tercera Comisaría de Carabineros, tras ser alertados por particulares que efectuaron la detención del conductor, quien huyó del sitio de la colisión en la calle Barros Luco y fue atrapado en las cercanías de la Escuela América por la avenida Capitán Ávalos en dirección hacia el norte.

• A través del Informe de Investigación Especial N° 460 del 11 de septiembre pasado, en 43 páginas los fiscalizadores de la Contraloría Regional evidenciaron una serie de irregularidades y omisiones cometidas por personal municipal y de la policía uniformada al tomar conocimiento de la colisión. El choque dejó daños en un vehículo que estaba estacionado en la calle Ramón Barros Luco. El proceso investigativo se inició tras una denuncia del concejal Maximiliano Manríquez (PL), quien acudió a la Contraloría tras la publicación que hizo Aquí Arica sobre estos hechos el 26 de mayo pasado (ver nota).

Mal uso de vehículo fiscal

La Contraloría detectó que el chofer Juan Olivares “encontrándose a cargo de la conducción y custodia del vehículo municipal placa patente JFTV46 y luego de una actividad municipal, lo utilizó para fines ajenos a los institucionales al interrumpir su trayecto destinado a su resguardo por motivos de carácter personal, donde consumió alcohol, y luego tuvo una colisión con otro automóvil en calle Barros Luco de la ciudad de Arica; además, la prueba de alcotest arrojó un resultado de 1,44 gramos por litro de alcohol en la sangre y el señor habría sido retenido por testigos y civiles del accidente de tránsito en el que estaba involucrado -estos últimos hechos según lo declarado por los/las funcionarios/as policiales ante esta Contraloría Regional”.

En su declaración a la Contraloría, el conductor afirmó que la última actividad municipal en que trasladó al alcalde, se produjo a las 21.00 horas y luego transportó a la autoridad a su casa. Posteriormente, Olivares sostuvo que había pasado a saludar a un conocido y consumió una cerveza antes de protagonizar el accidente.

El reporte indicó que el haberse apartado del trayecto hacia el estacionamiento habitual de la camioneta, bajo la excusa de que pasó a saludar a un conocido y consumió alcohol, “contravienen lo dispuesto en el artículo 2° del decreto ley N° 799, de 1974, el oficio N° 35.593, de 1995, de esta Contraloría General, y constituirían una conducta incompatible con el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 52, inciso segundo, de la citada ley N° 18.575”.

También se acreditó lo que varios testigos anónimos señalaron a Aquí Arica, respecto de que el choque del chofer del alcalde descolocó al equipo de confianza del jefe comunal, al punto que se cometieron irregularidades en el registro de este incidente. En el informe se estableció que el municipio “no acreditó documentalmente el retiro, traslado y custodia del vehículo municipal placa patente JFTV46 durante y con posterioridad al procedimiento policial derivado del accidente del 14 de mayo de 2026, por cuanto no consta quién recibió las llaves; quién lo retiró desde la Tercera Comisaría de Arica; bajo qué autorización fue conducido ni la fecha y hora de ingreso efectivo a dependencias municipales; además, no se advierte la existencia del acto administrativo que determine el lugar de aparcamiento del automóvil en cuestión, aspectos que no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 6° del decreto ley N° 799, de 1974, y a los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575”.

Otras anomalías

El informe verificó otras irregularidades cometidas por la Municipalidad de Arica, al no contar con el respaldo técnico ni administrativo respecto de los daños sufridos por el vehículo municipal, a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 14 de mayo de 2026.

Es más, la investigación preliminar estableció que “las reparaciones del móvil fueron financiadas con recursos particulares del funcionario involucrado –según lo declarado por este último–, sin perjuicio que esa entidad edilicia mantenía la obligación de verificar los daños, autorizar formalmente las reparaciones y conservar los antecedentes que acreditaran la ejecución y recepción de los trabajos, a fin de garantizar la trazabilidad de las actuaciones y el adecuado resguardo del patrimonio municipal”.

En este punto, la fiscalización apunta hacia el propio alcalde y a los jefes de unidades por no ejercer un control jerárquico permanente sobre el funcionamiento de las distintos departamentos y la actuación del personal de su dependencia. En las pesquisas, los fiscalizadores establecieron que el municipio inició recién un sumario el 20 de mayo, seis días después del accidente, es decir, una vez que el choque comenzó a hacerse público y la camioneta fue vista por algunos testigos con daños en su parachoque.

Sobre esta investigación interna, la Contraloría instruyó al municipio el envío de sus resultados de las medidas adoptadas. Hoy se conoce por fuentes informales que el chofer sigue contratado y solo fue trasladado para que ejecutara labores administrativas en el Terminal Internacional. Esta situación ha causado ruido entre los propias funcionarios municipales, ya que el conductor tiene solo enseñanza básica completa. Se ignora cómo fue derivado a funciones administrativas, considerando que él llegó con el alcalde el 9 de diciembre de 2024 y con las siguientes funciones según indica la página de Transparencia del municipio: “conductor del alcalde y personal municipal, apoyar logísticamente en el traslado y armado de requerimientos para actividades municipales; colaborar en tareas de seguridad y en el traslado de documentación”.

La fiscalización advirtió un deficiente registro de la bitácora que tiene cada vehículo fiscal, en la cual deben anotar kilometrajes, actividad, hora y día en que se utiliza el automóvil . En este punto, se reprochó a la Dirección de Desarrollo Comunitario por no mantener un control sobre este móvil que era guardado en esas dependencias.

Es más, el libro registra un hecho inquietante. El chofer, pese al accidente, siguió conduciendo el 18 de mayo el mismo vehículo, según consta en la misma bitácora.

Y el reporte también reveló la omisión de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (DIPRESEH) donde el director de la época, Esteban Maldonado plantea contradicciones con los testimonios de dos funcionarias del área de patrullaje, respecto de la decisión de no registrar este accidente, pese a su relevancia. Una de ellas admitió haber recibido instrucciones de no dejar rastros.

Sobre cómo apareció reparado el vehículo sin que consten órdenes de compra de este servicio en el municipio, la investigación preliminar consignó que el chofer declaró haber financiado los arreglos con recursos propios.

Carabineros en problemas

Hasta hoy se ignora quién del equipo de confianza del alcalde realizó las gestiones ante la Tercera Comisaria de Carabineros para conseguir un procedimiento exprés y sin testigos en la entrega rápida del vehículo siniestrado. Tampoco se ha podido esclarecer por qué la policía uniformada accedió a esta petición, contraviniendo la Orden General N° 1.998, de 18 de marzo de 2011, de Carabineros de Chile, que aprueba el Manual de Procedimientos Policiales.

Sobre este punto, la Contraloría evidenció que “una vez concluido el procedimiento policial derivado del accidente de tránsito ocurrido el 14 de mayo de 2026, el vehículo municipal placa patente única JFTV46 fue trasladado por personal de Carabineros de Chile hasta las dependencias de la Tercera Comisaría de Arica”.

Según señala el Manual, los carabineros no debieron conducir ni trasladar la camioneta, ya que el manual indica que el retiro debe ser “a costa del dueño o entrega del móvil a quien designe el conductor, siempre que tenga licencia de conducir habilitada, salvo que el fiscal disponga otra medida”.

En la misma investigación, la Contraloría obtuvo tres testimonios relevantes en torno a ese procedimiento irregular. Primero el de un subteniente de la comisaría involucrada, que reconoció haber trasladado el vehículo a la Tercera Comisaría. Y el segundo provino del propio chofer, quien señaló que el móvil fue retirado por su pareja en la madrugada del 15 de mayo para llevarlo a un estacionamiento de la Dideco. Eso sí, el conducto no quiso identificar a la mujer, ni tampoco dio luces si contaba ella con licencia de conducir y autorización para conducir un vehículo municipal. Su versión fue desafiada por el funcionario municipal a cargo del control de vehículos en la Dideco, quien reveló que la camioneta del alcalde salió el 14 de mayo a las 07:28 a.m. y recién la noche del 17 de mayo el móvil volvió a ingresar a ese recinto.

Producto de esta situación, el informe consignó que la Prefectura de Carabineros Arica N° 1 dispuso la instrucción de una investigación administrativa destinada a establecer los hechos observados y que esta se encuentra en desarrollo. Asimismo, el organismo contralor fijó un plazo de 15 días hábiles para que la institución policial informe sobre el procedimiento y su resolución.

El concejal Daniel Manríquez (PdG) cuestionó el actuar de la administración municipal frente a este caso, señalando que “esto pone en evidencia la falta de control, la fata de trazabilidad de lo que muchos concejales hemos solicitado frente al uso de vehículos. Esto no solo a nivel de los vehículos de Gabinete, sino respecto de toda la flota de vehículos municipales, algunos adquiridos con aportes del Gobierno Regional y que han sufrido daños por su mal uso. Esto se agrava porque un funcionario administrativo a cargo de la conducción del alcalde que es detenido conduciendo un vehículo municipal, nos plantea una inquietud sobre los filtros que se están aplicando en las contrataciones. A mi juicio debería subirse la vara y establecer como requisito que tengan la licencia profesional, dada la responsabilidad que conlleva el manejo de un vehículo fiscal”.

CUT exige fiscalizar demolición de casas de Cerro Chuño ante quejas de trabajadores por incumplimientos sanitarios

Crédito imagen: El Mostrador.

Desde que partieron las obras de demolición de las primeras 220 casas en la población Cerro Chuño el pasado 2 de septiembre, las faenas ejecutadas por la Constructora San Nicolás (CSN) han sido blanco de denuncias en redes sociales por maltrato a los trabajadores e incumplimientos sanitarios de la empresa tanto en el cuidado de la salud de los faeneros, como en la ausencia de duchas para evitar que los obreros lleven polvo contaminante a sus hogares (ver posteo).

De hecho, tal como ocurrió durante la pandemia por Covid-19, cuando jefes de turno obligaban a trabajar a los jornaleros sin las medidas mínimas sanitarias, ahora han circulado videos tomados por los mismos obreros, en los que se ve a profesionales de CSN ser fustigados por demandar implementos de seguridad y demandar el cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la cual fija varias medidas para evitar la diseminación del polvo contaminado con plomo y arsénico existente en las casas y de las partículas de asbesto en los techos que serán trasladados a un depósito fuera de la región (ver posteo).

Ante ello, la Dirección Provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) decidió intervenir y, a través de un comunicado, señaló que requerirá una fiscalización a la Dirección Regional de la Inspección del Trabajo y a las secretarías regionales ministeriales del Trabajo y Previsión Social y de Salud, para que se verifique el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad vigente.

“Como organización sindical, no pretendemos atribuir responsabilidades ni afirmar hechos que no hemos podido comprobar directamente. Precisamente por eso, solicitaremos a las autoridades competentes que realicen una fiscalización en terreno que permita establecer si las condiciones en que se están desarrollando estas labores cumplen con la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo”, indicó la organización en un comunicado.

La multisindical explicó que su preocupación se debe a “las características del lugar donde se ejecutan estas obras. La propia licitación pública correspondiente al proyecto de saneamiento y demolición de Cerro Chuño reconoce que se trata de un sector afectado por contaminación por polimetales y contempla labores de demolición, limpieza y traslado seguro de residuos. Asimismo, antecedentes públicos del proyecto dan cuenta de la existencia histórica de contaminantes como plomo y arsénico y de materiales asociados a asbesto cemento… Como CUT, nuestra principal preocupación está puesta en los trabajadores que diariamente están ejecutando estas labores, quienes tienen derecho a desarrollar su trabajo en condiciones que protejan efectivamente su vida y su salud”.”.

La organización señaló que espera que en las fiscalizaciones sean aclaradas materias como el Plan de Prevención de Riesgos; el tipo de elementos de protección personal y sin son aptos para esta faena específica; la capacitación a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos; las medidas adoptadas para evitar la exposición al polvo y materiales potencialmente contaminados; los protocolos para el manejo, retiro y traslado de residuos; las medidas de higiene y descontaminación disponibles para los trabajadores; y el plan de vigilancia de salud ocupacional en función de los riesgos identificados.

Preocupación por el entorno

Junto con la preocupación por la salud de los trabajadores, la CUT expresó que también le interesa conocer las medidas dispuestas para proteger a la población que vive o trabaja en los alrededores de la población que está siendo demolida.

“La protección de los trabajadores adquiere especial importancia porque las labores que ellos realizan se desarrollan en un sector ubicado sobre zonas donde actualmente existen familias viviendo. Por ello, junto con resguardar a quienes ejecutan directamente estas tareas, consideramos necesario que la fiscalización determine si las medidas adoptadas durante las labores de demolición, retiro de materiales y manejo de residuos son suficientes para evitar una eventual dispersión de polvo, partículas o materiales hacia las familias que viven en los sectores ubicados más abajo de la zona intervenida”, advirtió el comunicado.

La CUT afirmó que no está actuando desde un prejuicio, culpando a priori a la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización por una mal ejecución de los trabajos que se adjudicó la constructora CSN por $1.820.620.762, luego que el Gobierno Regional le traspasara $3.292 millones para esta faena y el encapsulamiento de los residuos que generará la demolición.

“No estamos afirmando que exista actualmente una afectación a estas familias. Lo que estamos planteando es que este riesgo debe ser evaluado y prevenido por los organismos competentes, precisamente por las características ambientales conocidas del sector. La protección de los trabajadores adquiere especial importancia porque las labores que ellos realizan se desarrollan en un sector ubicado sobre zonas donde actualmente existen familias viviendo”, expuso la multisindical.

En este mismo sentido, el gremio dijo que junto con resguardar la salud de los trabajadores, es necesario que la fiscalización determine si las medidas adoptadas durante las labores de demolición, retiro de materiales y manejo de residuos son suficientes para evitar una eventual dispersión de polvo, partículas o materiales hacia las familias que viven en los sectores ubicados más abajo de la zona intervenida”.

Trajes rotos y polución volátil

El mismo día en que el delegado presidnecial Cristian Sayes junto al gobernador regional Diego Paco dieron el vamos a la demolición, dentro del equipo de obreros había algunos con parte del traje antipolvo con roturas entre las piernas.

Días después, comenzaron a circular videos con maquinaria pesada trabajando en la demolición de las viviendas, levantando polvo contaminado en exceso y generando la sensación de que las pantallas antipolución dispuestas sobre los cierres perimetrales no representaban mayor utilidad. La situación es de alta preocupación, dado que alrededor de las faenas aún quedan más de 500 viviendas que siguen tomadas por familias chilenas y extranjeras que prontamente serán desalojadas como ocurrió en esta primera etapa.

Al iniciarse la demolición, la Seremi de Vivienda y Urbanismo presentó un completo plan del Serviu para cumplir con las exigencias ambientales, sanitarias, y ocupacionales. Incluso aseguró que tenía un inspector fiscal y un prevencionista de riesgos asignado a la faena para verificar el cumplimiento de esta normativa.

También la concejala Dolores Cautivo se sumó a los cuestionamientos a la empresas. En un video en sus redes sociales sostuvo que si la empresa no es capaz de cumplir con la normativa ambiental y laboral, debe rescindirse su contrato y optar por una empresa local (ver posteo).

El domingo en la noche, el Grupo CSN publicó un comunicado en respuesta a las críticas difundidas en redes sociales sobre el trato que ha brindado a los trabajadores reclutados en estas faenas. La constructora comprometió medidas correctivas, pero no especificó cuáles, y señaló que no tenía ninguna denuncia formal a nivel interno de sus trabajadores, pese a los videos que circulan sobre incumplimientos sanitarios.

MOP anuncia construcción de nuevo paseo costero en sector Las Machas durante el 2027

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La continuidad del paseo costero “Playa Las Machas” hacia el humedal del río Lluta anunció el Ministro de Obras Públicas subrogante, Nicolás Balmaceda Jimeno, durante la inauguración de las obras de conservación del segundo tramo del paseo de la playa Chinchorro, cuya inversión ministerial alcanzó los $4.069 millones.

La autoridad ministerial confirmó que la Dirección Regional de Obras Portuarias está efectuando gestiones para edificar una segunda etapa. “Esa nueva iniciativa sumará un kilómetro y medios de obras y permitirá que Arica avance hacia la consolidación de uno de los paseos de borde costero más extensos e importantes de Chile, de aproximadamente cinco kilómetros”, afirmó Balmaceda.

La iniciativa existe actualmente en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Si bien aún no tiene la evaluación de Rentable Socialmente, su ficha indica que las obras y la consultoría podrían costar $10.826 millones, cifra similar a la que significó la primera fase.

Los trabajos inaugurados fueron diseñados e iniciados durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y consistieron en un conservador remozamiento de 1,3 kilómetros de este espacio público de alta concurrencia, donde hubo cambio de pavimentos, construcción de muretes, habilitación de accesos para personas con discapacidad motora, colocación de luminarias que evitan la contaminación lumínica y la reparación de una plaza de juegos infantiles. Eso sí, esta iniciativa era mucho más ambiciosa y contemplaba un mejoramiento integral del sector.

El tramo habilitado se suma a otros 450 metros que fueron intervenidos en una primera etapa y a los 1,6 kilómetros del paseo de playa Las Machas inaugurados en septiembre de 2024. Según trascendió, el proyecto entregado el miércoles inicialmente contemplaba un mejoramiento completo y la construcción de obras nuevas, pero la exsecretaria regional ministerial de Obras Públicas, Priscilla Aguilera, optó por iniciar una obra de menor impacto durante un año electoral como lo fue el 2025.

Como si fuera una obra perteneciente al Gobierno actual, pese a que solo lleva seis meses en ejercicio, el ministro (s) Nicolás Balmaceda la inauguró diciendo “estos objetivos están plenamente alineados con los postulados del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Avanzar hacia ciudades más seguras, recuperar los espacios públicos y devolverlos a las familias. Después de años en que este sector permaneció en condiciones de abandono y de deterioro, hoy ustedes los ariqueños cuentan nuevamente con un lugar renovado, accesible y seguro para caminar”.

Sobre la caída abrupta de la inversión del MOP en la región, cuyo calendario de licitaciones 2026 contempla solo $43 mil millones –la más baja del país y que fueron programadas por el Gobierno anterior–, Balmaceda reconoció que hay preocupación en el Gobierno por la generación de empleo a través de las obras de infraestructura pública, pero no especificó las medidas para revertir esta situación.

La falta de inversión pública fue alertada por el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Vásquez, quien acudió al acto de inauguración. El dirigente expuso que “pese a todas las conversaciones con las autoridades, este año ya está perdido. Esperamos que el próximo año esto se revierta”.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS FIESTAS EN AZAPA?

Una fiesta de 15 años y otra de un matrimonio al estilo andino están anunciadas para la primera quincena de octubre en el valle de Azapa. Los eventos han sido publicitados en las redes sociales de las productoras a cargo de estos festejos. Tal como ocurrió con el matrimonio masivo que fue cuestionado desde la Delegación Presidencial Regional por no solicitar los permisos como prescribe la Ley de Seguridad Privada, los dos eventos tienen previstas presentaciones de bandas tropicales extranjeras y nacionales que atraen a gran cantidad de público.

Después del desborde que hubo en la Parcela Mamani en el kilometro 14 y medio del valle, se ignora si las autoridades tomaron contacto con sus organizadores, a fin de evitar aglomeraciones y el consumo de alcohol excesivo.

Nos despedimos hasta la próxima semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.