Narcomaderas: empresarios bolivianos contratan a estudio de exfiscal Fodich

¡Cumplimos 19 años como región! Este jueves 8 de octubre se celebra la independencia de las provincias de Arica y Parinacota de la Región de Tarapacá, luego de varias décadas de insistencia de líderes y organizaciones ciudadanas demandando la necesidad de autonomía en las decisiones y de contar con un presupuesto de inversión pública propio.

Si bien se consiguió la creación de la nueva región, aún falta mucho para que este territorio fronterizo despegue económicamente. Hoy sigue teniendo los presupuestos más bajos de inversión pública y hay una caída en el crecimiento de la economía regional. Ambos desafíos son parte de las preocupaciones que tienen las autoridades regionales y los líderes de diversos gremios. Pese a ello, aún no se ve clara la ruta que permitirá revitalizar a la región, tal ocurrió con el movimiento que sostuvo el proyecto que logró la autonomía.

Al cierre de esta edición llegaron los resultados parciales de las elecciones de gobernador regional y alcaldes en Tacna. En el recuento, los candidatos del partido Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional “Siempre Tacna” lideraron las preferencias en los dos cargos más importantes de la Región de Tacna. En el caso del gobernador regional, el abogado Mario Ruiz encabezó las preferencias y, para alcalde provincial de Tacna, Niel Zavala, quien ejercía como alcalde del pujante distrito “Gregorio Albarrracín” lideró las preferencias.

Ahora vamos al resumen de la edición de esta semana, marcada por una balacera que se produjo en una de las canchas de futbolito del Centro Deportivo Piemonte, en el valle de Azapa, mientras se jugaba un partido de fútbol.

• En la primerísima nota les revelamos el cambio en su defensa jurídica que decidieron 10 empresas involucradas en el Caso Narcomaderas, al contratar al estudio jurídico de los exfiscales Alejandro Peña, Vinko Fodich –hoy preso por asociación criminal y secuestros extorsivos a ciudadanos chinos– y José Villalobos.
• En segundo lugar incluimos la caída de un 8,8% del presupuesto del Gobierno Regional que dispuso el Gobierno en el proyecto de la Ley de Presupuesto de la Nación.
• No podíamos dejar pasar el 19° aniversario de la Región de Arica y Parinacota, así es que incluimos la visión de dos exintendentes y exparlamentarios sobre el camino recorrido y lo que falta por hacer para que este territorio mejore su situación económica, haya más inversión pública y se generen más empleos.
• Y cerramos con la nota que revela que un muestreo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) detectó la presencia de restos de aceite de pescado en la playa Las Machas, lo que descartaría la presencia de fecas en la orilla. Ahora queda por saber quién fue el responsable de los diversos episodios registrados en ese sector.

Antes de comenzar la lectura, bien nos viene un juguito de mangos del valle de Azapa con leche, en el centro de Arica, en cualquiera donde dan la “yapa” con un vasito extra. Mientras disfruta ese maravilloso regalo culinario, no olviden invitar a nuevos lectores compartiendo el link para que se inscriban gratis y puedan recibir este newsletter cada martes.

Narcomaderas: empresarios bolivianos contratan estudio de exfiscal Fodich, detenido por secuestros extorsivos

Crédito imagen: El Mostrador.

Un vuelco tuvo el Caso Narcomaderas, luego de conocerse el viernes pasado un cambio en la defensa de 10 de las 23 empresas cuyos 59 cargamentos fueron incautados en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio, tras detectarse trazas de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y ketamina, según informes del Instituto de Salud Pública (ISP). Las madereras optaron por contratar al Estudio Jurídico PFV, del exfiscal Vinko Fodich, quien se encuentra en prisión preventiva a raíz del bullado caso de los secuestros extorsivos contra ciudadanos chinos. Los socios de este estudio son el controvertido exfiscal Alejandro Peña y José Villalobos.

Cabe recordar que tanto Fodich como un grupo de policías de la PDI fueron formalizados por el Ministerio Público por delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión, además de otros ilícitos vinculados a tenencia ilegal de armas y municiones.

La determinación la tomaron al conocer que el recurso de protección presentado por el abogado de Norgénesis, Daniel Guevara Cortés, para frenar la quema de las maderas, reiniciada por el Servicio de Salud de Arica el lunes 28 de septiembre, fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Arica. La acción judicial pretendía paralizar la destrucción de las cargas, que había comenzado con dos incineraciones efectuadas el 3 y el 11 de septiembre en la cancha de quemas ubicada en Pampa Ossa, en la frontera con Perú. El proceso continuó durante toda la semana pasada y se retomó ayer.

El abogado Guevara confirmó a este medio que solo se quedará con 5 de las 15 empresas que inicialmente representaba en este caso y que el grupo de las10 restantes será asesorado por el Estudio Jurídico PFV.

Producto de esta situación, indicó, “un grupo de 10 de los 15 representados que tenemos en la causa del Caso Maderas ha optado por un abogado especialista en la Ley 20.000 de sustancias ilícitas y especialista en narcotráfico, que es el abogado Alejandro Peña. Lo que hemos hecho es transitoriamente delegarle poderes para que Alejandro pueda iniciar las primeras acciones, las cuales van en la misma línea que nuestra oficina había desarrollado, que era solicitar las acciones cautelares de control del procedimiento de ampliación del plazo de quema que, por supuesto, ya fue pedido con anterioridad y está muy próximo a ser resuelto con el informe favorable del Ministerio Público. No es fácil para un abogado cuando tus clientes te dicen llegue hasta acá, pero por lo menos en la parte penal así lo entendemos y respetamos”.

La decisión de las 10 empresas fue adoptada aun sabiendo que el Estudio Jurídico PFV ha sufrido un golpe importante en su reputación, tras el escándalo por la vinculación criminal de su socio.

Según tomó conocimiento Aquí Arica, los empresarios bolivianos contrataron el estudio de Peña y Fodich tras acceder a la recomendación que les habría efectuado el exsubdirector regional para la Región Andina en Colombia y exjefe de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Chile en 2001, James Craig Kuykendall, con quien Peña coincidió cuando fue designado director de la Unidad de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional durante el 2000.

• Cabe recordar que Peña, luego de dejar el Ministerio Público, comenzó a tomar causas de narcotraficantes chilenos y extranjeros, formando hoy parte de la llamada “lista negra” que elabora la Contraloría General de la República (CGR) sobre defensores de narcos.

El experto norteamericano que recomendó a Peña también asesoró a los madereros y elaboró un informe pericial en el que cuestionó los resultados del peritaje del ISP, que detectó trazas de drogas duras en 59 contenedores con maderas de la selva boliviana destinadas a distintos países.

Dentro de las empresas que decidieron cambiar su defensa jurídica figuran Río Yata Madera Import Export S.R.L., Multipando, Manurini Eco Import Export, Dekma Bolivia S.A., Realwood SRL, Express Wood, Liguria SRL, Bolprow Productos Forestales de Bolivia SRL, Maderera Zalles y Maderera Jotoya de Joel Torres Yáñez.

Dado que resultó imposible evitar las quemas de las maderas incautadas, en el grupo de empresas bolivianas crece el convencimiento de que tendrán que recurrir a organismos internacionales, que regulan incumplimientos de tipo comercial, para conseguir una indemnización por los perjuicios económicos y el daño en la reputación del cluster que les habría causado esta investigación penal gestada desde octubre del año pasado. Por ahora, algunas ya han confirmado que derivaron sus cargas a los puertos de Iquique y Matarani con el fin de evitar nuevos decomisos.

Quemas continúan

A pesar de que un grupo de 15 empresas intentó por la vía judicial frenar las quemas de los cargamentos incautados, finalmente el fiscal regional Mario Carrera Guerrero confirmó a la Comisión Investigadora del Senado de Bolivia, que visitó Arica la semana pasada, que los 59 contenedores serían incinerados, dado que ya estaba excedido el plazo de 30 días para ejecutar su destrucción tal como lo establece la Ley N° 20.000.

Si bien reconoció que hizo la solicitud al Servicio de Salud el 21 de septiembre, Carrera dijo que “el único que tiene la potestad de modificar lo que expresamente le señala la ley es un juez. Lo que efectivamente hicimos desde la Fiscalía, cuando vimos que ingresó una solicitud al tribunal en torno a pedir la suspensión de las quemas, nosotros oficiamos al Servicio de Salud y le pusimos en conocimiento esto, para que las pusiera en pausa a la espera de lo que resolviera el tribunal. El tribunal no resolvió acogiendo esto”.

El fiscal regional expuso que el Instituto de Salud Pública (ISP) ratificó la presencia de drogas en las cargas incautadas “y lo que procede cuando hay un informe de esa naturaleza es la destrucción de cualquier tipo de contenedor que contenga ese tipo de sustancias. Eso es lo que está haciendo hoy el Ejecutivo. Recordemos que Salud Pública tiene 30 días para proceder a la destrucción y esos 30 días, en teoría, se cumplieron hace muchos meses atrás”.

Sobre la línea investigativa en este caso, reconoció que aún no existen formalizados, pero que se indagan dos líneas: que exista una operación de narcotráfico o que se haya producido un sabotaje a las cargas de estas empresas. Solo el 8 de septiembre hubo una audiencia de formalización por tráfico ilícito de estupefacientes en contra del empresario maderero Héctor Oscar Alberto De La Fuente Gazzaniga, quien exhibe dos causas en este caso. La cita fracasó por la no presentación de las partes.

Senadores bolivianos molestos

El reinicio de las quemas de los cargamentos de maderas incautados irritó a la Comisión Investigadora del Senado de Bolivia, que visitó Arica entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Crédito imagen: El Mostrador.

Al término de la reunión con el fiscal regional, el presidente de la Comisión, Nicolas Cochi, expresó el jueves pasado que “nos estamos yendo con un vacío de nada, no ha habido muchas conclusiones. Revisadas las actuaciones que han hecho algunas autoridades, lamentablemente se han vulnerado los derechos de las empresas que están defendidas por los abogados. Nosotros vamos a tener una sesión donde vamos a vertir nuestras resoluciones”.

El parlamentario reprochó que las maderas estén siendo incineradas, porque dijo que “constituyen una prueba que debiera ser conservada. Al parecer quieren hacer desaparecer las pruebas suficientes”.

Respecto de la visita del Presidente José Antonio Kast este mes a Bolivia, el legislador señaló que “tratándose de un problema mayor, en consecuencia, nosotros como pueblo boliviano conocemos a nuestra gente. Hay mucha gente que está en la calle, que ha perdido sus fuentes de trabajo porque las empresas han cerrado. En consecuencia, me imagino que el Presidente va a sufrir duras críticas, por tratarse de la imagen de un país cuando se ha mencionado que Bolivia tendría un clan internacional de tráfico de drogas y resulta que no existe esa cantidad de toneladas de droga, solo hay trazas“.

Asimismo, la senadora Wanda Medrano denunció que “se está incumpliendo con el debido proceso en virtud a que la libertad probatoria y la presunción de inocencia están siendo vulneradas. No nos han demostrado la idoneidad del Instituto de Salud Pública para la valoración de las muestras. Tampoco hemos tenido conocimiento sobre cuáles han sido los resultados obtenidos en las muestras. No tenemos conocimiento exacto de las muestras tomadas y tampoco los protocolos sobre cómo se ha realizado esa toma de muestras. Tampoco se nos ha explicado por qué se rompe la cadena de custodia y se procede a la quema cuando esta es la prueba del supuesto delito”.

En paralelo, la Cancillería boliviana emitió un comunicado el 1 de octubre en el que pidió que las maderas no fueran incineradas hasta que concluyera la investigación.

Gobierno propone disminución de un 8,8% en el presupuesto del Gore de 2027

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Contrariamente a las medidas contracíclicas que suelen recomendar los expertos en economía cuando los indicadores son negativos, el Gobierno central propuso una rebaja de un 8,8% en el presupuesto 2027 del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, cuyo proyecto ingresó el 30 de septiembre al Congreso Nacional.

En total, la propuesta considera $51.857.112.000 para el próximo año, unos $5.005 millones menos que los $56.862.528.000 asignados a la región para 2026. El monto también representa una nueva reducción para esta zona fronteriza, que el año pasado ya había sido objeto de críticas por el nivel de recursos asignados.

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani (RN), señaló que este panorama “nos obliga a unirnos todos para lograr que no haya una caída del presupuesto regional, tal como ha estado ocurriendo en los últimos años. Hay una tendencia a la baja que no es solo este año, sino desde hace varios años, donde hemos ido viendo cómo ha ido disminuyendo el presupuesto regional. Reconozco, eso sí, que ha habido interés por destinar mayores recursos al cuidado de la frontera y a combatir el crimen organizado, pero eso obviamente no es suficiente cuando tenemos una caída del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) y un desempleo que va creciendo”.

La máxima autoridad regional señaló que espera que todos los parlamentarios de la región se unan, para realizar una defensa del presupuesto regional y lograr un aumento en la tramitación en el Congreso. Por ahora, dijo, solo ha recibido el apoyo del senador Enrique Lee Flores y de la diputada republicana Stephanie Jéldrez Ortiz.

Hasta el momento se desconocen los criterios aplicados en esta baja. En años anteriores se esgrimió como causa la baja ejecución presupuestaria que exhibía el Gore. En el último informe de este indicador, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) informó que hasta agosto pasado, el Gore de Arica y Parinacota tenía un 50,6% de los recursos gastados, es decir, un punto menos que el 2025.

El más bajo

En la radiografía nacional, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota aparece, tal como ocurrió el año pasado, con el presupuesto más bajo asignado por el Gobierno este año. Es más, tiene una diferencia de más de $ 20 mil millones con la Región de Tarapacá, que es la segunda con menos recursos para el 2027.

Asimismo, para lograr un aumento del presupuesto regional, la administración del gobernador Paco descansa en la partida presupuestaria paralela relacionada con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). Esta, en el proyecto de Presupuesto 2027, considera solo $ 69.958.400.000 para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, y Magallanes y la provincia de Palena, la comuna de Cochamó, Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández.

El Gore deberá ser ágil en la solicitud de estos recursos, ya que según el propio instructivo del PEDZE, estos fondos podrá solicitarlos “una vez publicada esta Ley de Presupuestos, indicando las iniciativas que priorizan y el programa de ejecución que proponen para cada una de ellas. Corresponderá a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con la Dirección de Presupuestos, distribuir los recursos e informar lo resuelto a los gobiernos regionales respectivos. A más tardar dentro del primer trimestre del año de vigencia de la presente ley deberán estar distribuidos los recursos comprometidos en proyectos de arrastre”.

Esto debe hacerse al finalizar el año, con el objetivo de evitar una situación como la ocurrida durante el primer trimestre, cuando el Gobierno saliente destinó una mayor proporción de recursos a la Región de Magallanes –zona de origen del Presidente Gabriel Boric–, quedando un escaso presupuesto para Arica y Parinacota. La situación fue reclamada a la nueva administración gubernamental por el gobernador Paco, quien en marzo se reunió con el nuevo subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa Melo, para conseguir una redistribución más equitativa de los fondos.

Dos exintendentes analizan los 19 años de la región y sus próximos desafíos

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El jueves 8 de octubre se cumplirán 19 años de la creación de la Región de Arica y Parinacota, proceso que significó la separación definitiva de las provincias de Arica y Parinacota de la Región de Tarapacá. La iniciativa, que requirió varios años de sensibilización y convencimiento sobre la pertinencia del proyecto, atravesó distintos gobiernos y gestiones parlamentarias, hasta que durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fue promulgada en 2007.

Si bien algunos líderes soñadores impulsaron la idea de darle a la zona un estatus especial, como el que tuvo con el Puerto Libre y la Junta de Adelanto en la década de 1950, finalmente la nueva región no contó con nada de eso. En estos casi 20 años, sigue pendiente el desafío de dotarla de mayores herramientas que permitan impulsar un desarrollo económico sostenible.

Esta necesidad se hace más patente a la luz de dos indicadores económicos recientes: la caída del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de un 4,9% durante el trimestre abril-mayo-junio y una tasa de desempleo de un 9,4% en el trimestre junio-julio-agosto.

Para el jueves 8 de octubre, el Gobierno Regional tiene preparada una celebración por los 19 años de la creación de la región. La ceremonia será a las 18.00 horas en el Salón de Eventos del Hotel Antay.

Dos exintendentes y exparlamentarios de la región, Luis Rocafull López y José Durana Semir, decidieron entregar sus visiones a Aquí Arica sobre la situación de la región y lo que está pendiente al cumplirse un nuevo aniversario de la autonomía de la región.

“Hacer más que diagnosticar”

El primer intendente que tuvo la nueva región de Arica y Parinacota fue Luis Rocafull (PS), quien luego fue diputado por este mismo distrito. Aunque dijo estar un tanto alejado de la discusión política, el exparlamentario señaló: “Lo que creo nos falta es hacer más que seguir diagnosticando. Hay una Estrategia de Desarrollo Regional que tiene claros los ejes, que son la agricultura la logística y el turismo, pero no vemos acciones concretas. Seguir estudiando la región no creo que sea el camino, más bien hay que avanzar en todos los proyectos que están entrabados y que no hay explicación alguna de por qué están sin ejecutarse”.

A Rocafull le correspondió en 2007 el montaje de todo el aparato gubernamental regional. Al respecto agregó: “Y si bien fue una tarea muy trabajosa, creo que aún faltan temas por resolver. Hoy efectivamente tenemos unos indicadores preocupantes, como la caída del crecimiento económico y un aumento del desempleo. Ambas situaciones obligan a las autoridades a impulsar un plan de corto plazo y, en paralelo, otro de mediano y largo plazo, donde deben ejecutarse finalmente los proyectos que están trabados”.

El exintendente dijo que le tocó partir con la región con una cesantía con dos dígitos, “razón por la cual habilitamos el Programa Proempleo con mil cupos, y, en paralelo, formé un grupo de trabajo que definió los proyectos de mayor impacto que priorizaríamos y, entre ellos, estaban los embalses Chironta y Livílcar. Le otorgamos financiamiento a los diseños y se logró construir el primero. También habilitamos el poder de compra de Enami que dio paso a la minera Pampa Camarones y aumentamos considerablemente la construcción de viviendas sociales. Por lo mismo, uno cuando es autoridad debe pensar que no todas las obras se ejecutarán en su periodo. Definitivamente, las carteras de proyectos deben trabajarse con una visión de largo plazo”.

Rocafull expresó que el desafío de hoy es impulsar proyectos potentes en las carteras de Vivienda, Obras Públicas, Salud y Educación, a raíz de que todas ellas son generadoras de gran cantidad de empleos. “Los proyectos deben gestionarse, no solo anunciarse. Creo que hay que preguntarse qué es lo que queremos a futuro. Por ejemplo, preguntarnos hacia dónde va a crecer la agricultura, dónde van a construir nuevas viviendas, resolver lo del vertedero municipal y definir si se va a impulsar el sector pesquero y si necesita una caleta pesquera nueva”, sentenció.

El exdiputado señaló que también es necesario definir cómo la región participará en el corredor bioceánico: “Eso amerita una conversación sobre cómo se genera empleo a través del manejo de las cargas. Hoy, por el Tratado de 1904, los transportistas chilenos no pueden movilizar las cargas bolivianas. Bueno, es pertinente conversar y modificar esto de que el tratado sea usado como escudo para evitar que camioneros chilenos participen de esta logística”.

Como tarea, mencionó que es pertinente revisar la batería de incentivos tributarios que contiene la Ley Arica: “Esto es porque el mundo ha cambiado vertiginosamente y con ello la forma de hacer comercio. Creo que seguir pensando en que vamos a revivir la Junta de Adelanto es un error. Lo que se debe trabajar es en cómo ejecutamos los proyectos que están pendientes y en cómo atraemos inversión extranjera”.

“Debe ser un territorio especial”

Otro que decidió analizar estos 19 años fue el exintendente durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y exsenador, José Durana (UDI). Hoy ejerce como director del Ferrocarril de Arica a La Paz. A su juicio, “lo que ha pasado con la región es que no hemos tenido una ruta clara de desarrollo e inversión. Cuando nació la región, algunos fuimos impulsores de que esta región fuese distinta y se creara un territorio especial. Ese proyecto de ley fue presentado por parlamentarios de Magallanes y de Arica, y luego yo lo volví a presentar. Aún sigue en trámite, pero nadie lo ha movido. Imagino que hay algo de temor porque ese proyecto permite que las decisiones se tomen en la zona y no a dos mil kilómetros en Santiago”.

Respecto de la Estrategia de Desarrollo Regional que está vigente desde el 2020 y que debe potenciar la alianza público-privada, el exlegislador mencionó que “este es un documento poco utilizado en la decisión pública, y en la oportunidad que también tiene el sector privado de aprovechar esa inversión pública asociada a los ejes de desarrollo”.

Durana mencionó que hay problemas de origen en los ejes estratégicos como la agricultura, donde existe un problema con la mosca de la fruta, que fijó una barrera fitosanitaria justo en el límite sur de la región, cuando este asunto debiera trabajarse con Tacna para eliminar la plaga. Asimismo, expresó que el Plan de Recursos Hídricos está paralizado, ya que este se detuvo con la millonaria inversión en el embalse Chironta y quedaron proyectos pendientes como los embalses Umirpa y Livílcar.

En el ámbito logístico comentó que se debe trabajar para evitar que las cargas cautivas que tiene el Puerto de Arica sigan prefiriendo este terminal. Sin embargo, planteó que no hay un compromiso del nivel central para reimpulsar el corredor Arica-Santa Cruz-Santos, y planteó la duda de si se construirá una ruta alternativa hacia Bolivia.

También expuso que es necesario revisar la batería de incentivos tributarios disponibles en la Ley Arica, ya que se advierte que no resultan de interés, especialmente en los inversionistas extranjeros. Del mismo modo, el exsenador manifestó que es necesario realizar un plebiscito regional para zanjar si la ciudadanía está de acuerdo con impulsar la minería en la región, “dado que no puede ser que un grupo reducido de personas sea capaz de paralizar el desarrollo de la actividad minera que en las regiones vecinas se ejecuta sin problemas. Se tiene que tomar una decisión, y esto con todo el respeto a las comunidades indígenas”.

Contaminación en Las Machas: muestreo de la Armada detecta posibles restos de aceite de pescado

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Surfistas y bañistas han puesto el grito en el cielo por la aparición, desde agosto, de residuos que serían fecas y que estarían llegando hasta la orilla de las playas Las Machas y Chinchorro. Si bien muchos apuntaron al emisario de la sanitaria Aguas del Altiplano como el posible origen de esta contaminación, un muestreo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) habría detectado en ese sector costero restos asimilables a aceite de pescado o harina granulada de pescado.

Los resultados fueron dados a conocer en la tercera sesión del Consejo de Coordinación de Ciudad Puerto, que encabeza el gobernador regional Diego Paco Mamani. En esa instancia estuvieron representantes de la Municipalidad de Arica, la Armada, la Empresa Portuaria Arica, el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) y de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas.

En el informe se concluye que hay presencia de un “patrón compatible a esteres metílicos de ácidos grasos de origen biogénico con características similares al aceite de pescado, peor afectado por la degradación producida por los agentes ambientales”. Las muestras fueron tomadas el 13 de agosto y el análisis fue emitido el 21 de agosto.

El gobernador dijo que “esperaremos el segundo muestreo para tener una mayor precisión de lo que se encontró en el borde costero. Por ahora debe investigarse la fuente productora de estos desechos que no corresponden a materias fecales como se denunció, sino que podrían corresponder a materias relacionadas con aceite o harina de pescado. Debemos, entonces, ser muy responsables y evitar las alarmas innecesarias, ya que esto puede perjudicar la imagen turística de la ciudad”.

En paralelo, la autoridad comprometió el envío de oficios a la Secretaría Regional de Salud, a la Superintendencia del Medioambiente, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y al SHOA, para que se realicen muestreos y acciones tendientes a identificar la causa de esta contaminación en la playa. “Lo que queremos es dar tranquilidad y seguridad a las familias y a los turistas de que nuestras playas son ecosistemas seguros y limpios. Queremos que estas instituciones puedan identificar al responsable de esta situación que está perjudicando la promoción del borde costero”, indicó.

Una de las tesis que se estaría investigando para explicar la presencia de estos desechos en el borde costero apunta a una posible descarga desde las sentinas de buques pesqueros extranjeros, mayoritariamente chinos, que realizan faenas mar adentro frente al sector donde se han registrado varios episodios de este tipo.

DIRECTOR DE SERPAT (S) FUE ACUSADO EN CASO DE BB.NN. ¡Sin pudor en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT)! Así lo hizo saber una fuente reservada respecto del desempeño del jefe jurídico regional de esa entidad, Pablo Leiva Villalobos, como director subrogante del SERPAT desde hace varios meses. A nadie en el Gobierno le ha producido ruido el hecho de que el abogado haya sido uno de los 16 acusados en el caso de corrupción en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. Es más, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Hernán Zamora Salinas, se ha fotografiado en varios eventos oficiales junto a Leiva.

El directivo accedió el 5 de agosto a una suspensión condicional del procedimiento (ver nota). El profesional había sido acusado del delito de uso indebido de contraseña cuando se desempeñaba como encargado de la Unidad de Regularización de Bienes Nacionales. Para evitar un juicio oral, Leiva aceptó un acuerdo con la Fiscalía y optó por esta salida alternativa. Como parte del acuerdo, se comprometió a fijar domicilio ante el Ministerio Público durante dos años y a realizar una donación de $500.000 a la Fundación Coaniquem.

Tal como ocurre con otros asesores jurídicos de servicios públicos de la región, Leiva mantiene paralelamente su estudio jurídico, desde el cual representa a distintos particulares y empresas en demandas civiles. Esto ocurre, además, junto a otro acusado en la misma causa, el abogado y exdirigente regional de RN, Joshua Rivera Tarque, quien también fue favorecido con una suspensión condicional del procedimiento en el mismo caso. Rivera fue acusado del delito de acceso ilícito a la información y se comprometió a fijar domicilio ante el Ministerio Público durante dos años y a realizar una donación de $500.000 a la Fundación Gente Grande.

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