Caso Narcomaderas: Fiscalía consultará a tres laboratorios para nuevo peritaje a carga incautada

La Fiscalía Regional del Ministerio Público de Arica y Parinacota propuso al Juzgado de Garantía de Arica consultar a tres laboratorios de entidades públicas para que confirmen si cuentan con la capacidad de realizar exámenes alternativos que permitan determinar la presencia de sustancias ilícitas en uno de los 13 contenedores que permanecen incautados en los puertos de San Antonio y Valparaíso. La propuesta se produjo luego de que el tribunal acogiera la solicitud de realizar una contramuestra, planteada por los cuatro estudios jurídicos que representan a las 23 empresas bolivianas cuyas cargas fueron decomisadas tras detectarse trazas de cocaína, pasta base y ketamina, según informes del Instituto de Salud Pública.

En la audiencia judicial del pasado 29 de octubre, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero sugirió como alternativas los laboratorios de la Facultad de Química de la Universidad de Chile, de Carabineros (Labocar) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Este último, eso sí, generó recelo entre los defensores privados, quienes plantearon que, por razones de objetividad, no consideraban conveniente convocarlo a realizar nuevos análisis, dado que la Armada había participado en el operativo de decomiso de las cargas.

Carrera se comprometió a consultar a las tres entidades su disposición para efectuar este peritaje y confirmar en una próxima audiencia el inicio de las pericias.

El fiscal regional precisó a Aquí Arica que lo que se estudiará en este muestreo “es metodología, es decir, si lo que hizo el Instituto de Salud Pública (ISP) es erróneo, aunque ha ido cambiando el lenguaje y ahora se habla de contaminación cruzada y no de que no hay lo que el ISP ha dicho. Por eso se va a tomar uno de los contenedores que está en Valparaíso y se van a analizar distintos pallets. Mi propuesta es que se tomen tres muestras y una cada laboratorio. Podría ser que el juez decida que sea solo un laboratorio, pero como la decisión es mía –la de realizar el muestreo–, yo podría recurrir a los tres laboratorios”.

En la audiencia se acordaron seis puntos que deberán ser considerados en los análisis. Entre ellos se incluyó determinar si las muestras indican sustancias ilícitas, si la contaminación es superficial o no, el tipo de droga y el grado de pureza encontrado, cuantificación de la droga, y la existencia de riesgo de contaminación cruzada.

Salud confirmó quemas

Tras la audiencia de cautela de garantías, el Servicio de Salud remitió un informe al Juzgado de Garantía de Arica mediante el cual confirmó la quema total de las maderas incautadas entre octubre del año pasado y abril de este año.

A través de la Resolución N° 164 del 29 de octubre pasado, la directora de ese organismo, Patricia Sanhueza Zenobio, informó al juez de Garantía, Juan Araya Contreras, que el proceso de destrucción de las maderas había concluido el 8 de octubre. “En cumplimiento del mandato legal y técnico antes reseñado, este Servicio de Salud finalizó el procedimiento administrativo de destrucción de las maderas incautadas con fecha 8 octubre de 2026, esto es, 12 días antes de la audiencia de fecha 20 de octubre de 2026 en que US. dispuso la suspensión”, se expone en el documento.

Y se agregó que “a la fecha en que fue dictada y comunicada la resolución de IJS., el referido procedimiento se encontraba íntegramente ejecutado y agotado en sus efectos, configurándose respecto de dichas especies una situación consumada. La orden de suspensión, que por su naturaleza produce efectos hacia el futuro, carece de objeto material sobre el cual recaer en lo que a dichas maderas se refiere, sin que ello importe incumplimiento alguno por parte de este Servicio, cuya actuación se ajustó estrictamente a la normativa vigente al momento de su ejecución”.

También advirtió que por cada cargamento fueron extraídas contramuestras y guardadas debidamente, para ser utilizadas en un nuevo análisis en caso de que sea solicitado, en cumplimiento a la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.

El organismo sanitario informó al tribunal que solo quedaba una carga de 19,6 toneladas de madera sin incinerar y que cumpliría la orden de suspender su destrucción, dictada por el juez de Garantía Juan Araya el 20 de octubre. El cargamento corresponde a la empresa Exportmader Bolivia SRL, del español Manuel Palmi Alcober, quien fue declarado prófugo por la Fiscalía General de Bolivia luego de ser vinculado a un cargamento de 700 kilos de cocaína ocultos en un envío de madera con destino a Barcelona. La investigación fue dada a conocer por la Fiscalía Regional de Arica el 22 de noviembre del año pasado.

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