Centro de rescate de fauna silvestre se querella contra SAG por falsificación de instrumento público
La Fundación Ñacurutú presentó una querella tras la incautación de un quique y tres loros choroy en Tomé. Su abogada afirma que los animales habían sido entregados por el SAG, mientras el organismo sostiene que el procedimiento se ajustó a la normativa.
En la edición pasada informamos sobre el caso que enfrenta a la conocida Fundación Ñacurutú, que se dedica al rescate de animales silvestres, con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Esta última entidad, en conjunto con la Fiscalía, decomisó un quique y tres loros choroy que estaban al cuidado de la fundación, debido a una denuncia por maltrato animal.
Pero ahora es la fundación la que está contragolpeando judicialmente. La abogada de esta ONG, Rocío García, informó a Aquí Biobío que presentó una querella por los delitos de falsificación de instrumento público y denuncia maliciosa contra todos los que resulten responsables de la incautación de estos animales.
La abogada sostuvo que “la Fundación Ñacurutú contaba con toda la documentación para la tenencia de los animales. Es más, estos animales habían sido entregados al centro por el mismo SAG”. Por ello, García sostiene que lo efectuado por el organismo público “no se entiende”.
- Cabe recordar que la misma Fiscalía anunció a través de sus redes sociales que el 9 de octubre efectuó una incautación de animales silvestres en un domicilio de Tomé, después que se difundiera un video en el que se ve a un quique siendo paseado con un arnés. La fiscal de Tomé, Ana María Aldana, explicó que “no podemos descartar un eventual delito de maltrato animal”.
A los pocos días, una serie de organizaciones medioambientales y otros veterinarios alertaron que la persona a la que le incautaron los animales era el médico veterinario Cristián Herrera y que esas especies requisadas, incluido el quique, correspondían a pacientes de su centro de rehabilitación de fauna silvestre.
A pesar de ello, el SAG insiste en que el procedimiento efectuado junto al Ministerio Público estuvo en regla y que las especies se requisaron “desde un domicilio particular que no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre”.
Esto es desmentido por la abogada García: “Los animales fueron entregados a la fundación por el mismo SAG. Por ello se presentaron las respectivas querellas, a fin de que se establezcan las responsabilidades penales de cada uno de los funcionarios del SAG y demás implicados que realizaron de manera liviana la denuncia ante el Juzgado de Garantía de Tomé”.
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