Rachel, la “Maricarmen” de Chillán que frenó su desalojo

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¡Hola, Ñuble! Los ojos del país han estado puestos en estos días sobre el complejo volcánico Nevados de Chillán, el cual comenzó un nuevo proceso eruptivo, lo que motivó a las autoridades a mantener la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, y ampliar de uno a dos kilómetros el perímetro de seguridad en torno al centro de emisión. Se trata de una medida preventiva para proteger a las personas ante la evolución de la actividad volcánica y evitar así el ascenso a zonas de mayor exposición.

Pero mientras continúa el monitoreo de los pulsos eruptivos, también pasaron otras cosas. Una de ellas, la polémica desatada por los traslados del delegado presidencial en la Provincia de Punilla, entre Chillán y San Carlos, lo que implicaría cuatro viajes extra para el chofer de la repartición.

• Revisando los dictámenes de la Contraloría al respecto, la prohibición se daría solo si es que los viajes se realizan entre dos regiones distintas. Sin embargo, existen otras condiciones que también deberán cumplirse y que será el órgano contralor el que deberá analizarlas. En medio del debate, funcionarios públicos salieron a criticar el “doble discurso” del Gobierno entre austeridad y sacrificio en un momento en que el ciudadano común y corriente ha sido el más golpeado por los ajustes económicos en el país. Sobre todo en esta región.

• A propósito de lo que sucede en España con la crisis habitacional evidenciada tras el mediático desalojo de una adulta mayor en Madrid, en Ñuble ocurrió un caso similar, pero donde la afectada logró frenar la medida que buscaba sacarla de su hogar a través del uso de la fuerza pública por vivir en un inmueble fiscal hace 40 años. La historia se la contamos en detalle.

• Y entra en tierra derecha el bullado “Caso Led” que encabeza a nivel nacional la Fiscalía Regional de Ñuble. A la detención del exalcalde de Puerto Natales, podrían sumarse más exediles y funcionarios, puesto que solo resta que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago programe los juicios, para que el Ministerio Público saque a relucir los resultados de las investigaciones realizadas en tres municipios y el Ministerio de Energía.

• Hablando de energía, ya tiene luz verde un nuevo parque fotovoltaico en Ñuble que se emplazará entre las comunas de Chillán y Coihueco. La iniciativa considera la construcción y operación de una central compuesta por 404.433 paneles solares.

• Les contamos finalmente de un astrofotógrafo de Quirihue, quien a punta de dedicación y mucha paciencia, maravilló a la NASA con una fotografía de Omega Centauri, uno de los cúmulos de estrellas más grandes de nuestra galaxia, ubicado aproximadamente a 17 mil años luz de la Tierra. ¿Qué tal?
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Polémica por “uso o abuso” de vehículo fiscal de delegado presidencial

En todo un debate se transformó una denuncia contra el delegado presidencial de Punilla –una de las tres provincias que conforman la Región de Ñuble– por el uso de un vehículo fiscal para su traslado diario entre Chillán y la sede de la delegación, ubicada en San Carlos.

El reclamo surgió desde el interior de la sede del Gobierno en la capital provincial y acusa al delegado Cristóbal Jardua (UDI) de utilizar el vehículo fiscal, un Toyota RAV4 gris oscuro metálico, patente KTJJ-44, “como Uber”, aludiendo a los kilómetros que el chofer debe recorrer diariamente al salir desde San Carlos hacia el domicilio de la autoridad, ubicado en el sector Quilamapu, en el oriente de Chillán, distante a 26 kilómetros. Posteriormente, debe realizar el trayecto inverso tras finalizar la jornada laboral. En total, cuatro viajes diarios entre ambas comunas.

A juicio de los reclamantes, dichos desplazamientos debieran ser materia de consulta ante la Contraloría General de la República, por lo que anunciaron la presentación de los antecedentes ante el organismo para que se pronuncie al respecto.

Para el delegado presidencial de Punilla, el reclamo carece de fundamento, por lo que descartó cualquier cuestionamiento a su actuar. “Utilizo el vehículo fiscal exclusivamente para cumplir mis funciones como delegado presidencial provincial. Mis traslados se ajustan a la normativa vigente y no existe un uso particular del vehículo”, afirmó al ser consultado para esta nota.

Pero, ¿qué establece la Contraloría ante denuncias de este tipo?

El tema no es nuevo para el órgano contralor, que ya ha emitido pronunciamientos respecto del uso de vehículos fiscales para el traslado de autoridades. Uno de ellos corresponde a una solicitud de reconsideración presentada en 2025 por el Gobierno Regional de Los Ríos, relacionada con observaciones sobre el uso de vehículos institucionales para el traslado del gobernador regional entre Lanco y Valdivia (72 kilómetros), además del consumo de combustible asociado y el pago de viáticos a funcionarios encargados de dichos desplazamientos.

En ese dictamen, la Contraloría recordó que, según la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 13.482 de 2012, el traslado regular de la jefatura de un servicio hacia las dependencias donde desarrolla sus funciones y posteriormente hacia su domicilio, una vez finalizada la jornada laboral, puede constituir un elemento indispensable para el cumplimiento de los cometidos del organismo.

Sin embargo, el organismo también estableció límites. “Si bien la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General determinó que es procedente dicho traslado regular, aquello debe enmarcarse en un uso adecuado de los recursos públicos del respectivo organismo”, señaló.

En esa línea, precisó que si la autoridad fija su domicilio en una región distinta a aquella donde se encuentra la sede del servicio público en que se desempeña, no corresponde que ese transporte regular sea financiado por la institución ni realizado mediante un vehículo fiscal.

De acuerdo con estos criterios, una autoridad podría utilizar un vehículo institucional para sus traslados si reside dentro de la misma región, aunque bajo determinadas condiciones.

La Contraloría advirtió, además, que dichos desplazamientos no pueden implicar un uso ilimitado de recursos públicos. El hecho de que el domicilio se encuentre dentro de la misma región no habilita al servicio a asumir un gasto sin restricciones de combustible. Como referencia, el organismo recuerda el límite de 300 litros mensuales de bencina de cargo fiscal por vehículo, establecido en el artículo 14 del Decreto Ley N° 786. A ello se suma la eventual consideración de viáticos para el funcionario encargado de trasladar a la autoridad.

Por ello, si la denuncia contra el delegado presidencial de Punilla prospera, la Contraloría deberá determinar si los traslados entre Chillán y San Carlos cumplen con los criterios establecidos por la normativa vigente o si existe alguna irregularidad.

Mientras esa definición se encuentra pendiente, el caso abrió otro frente político, luego de que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) Ñuble incorporara el episodio al debate sobre los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno y las medidas de austeridad aplicadas a ministerios y programas públicos.

Desde el gremio sostienen que el uso del vehículo fiscal por parte del delegado contradice el discurso de restricción del gasto promovido por la administración central y que los ajustes han recaído principalmente en los funcionarios públicos.

“Bajo nuestra apreciación, nos parece vergonzoso que la austeridad sea aplicada solamente sobre derechos y beneficios sociales que van en beneficio de las personas más vulnerables de nuestro país, así como también a los trabajadores del Estado, quienes hoy son vulnerados debido a estos recortes. Sin embargo, vemos cómo este discurso de austeridad y déficit fiscal se cae a pedazos con las acciones de las distintas autoridades del actual Gobierno, más aún cuando vemos un uso indiscriminado de un vehículo fiscal donde se le utiliza con un fin más bien particular y personal”, sostuvo Ceciah Contreras, presidenta de la Anef Ñuble.

La dirigenta agregó que los cargos políticos reciben remuneraciones superiores al promedio de los trabajadores del Estado y cuestionó que las autoridades no apliquen los mismos criterios de austeridad que promueven para el resto de la administración pública.

“Esperaríamos que dicho ejemplo partiera por las mismas autoridades. Es inaceptable que, bajo un escenario restrictivo como el aplicado por el Gobierno al cual representa nuestro delegado presidencial de Punilla, se haga uso y abuso de los recursos sin el criterio razonable del buen uso de los recursos fiscales”, afirmó.

Contreras también aludió a la remuneración del delegado, que asciende a $4.860.430 mensuales, y señaló que “por un lado nos dicen que no hay dinero para pagar el Mepco, pero sí para los traslados particulares de todas las autoridades a nivel nacional en vehículos fiscales, cuando un trabajador común y corriente debe financiar todos esos costos con un sueldo mucho menor”.

Finalmente, desde el gremio señalaron que esperan que la Contraloría fiscalice este tipo de situaciones “con la misma rigurosidad” aplicada a otros casos y llamaron a las autoridades a mantener coherencia entre sus discursos de austeridad y sus prácticas administrativas.

El fallo que le dio la razón a Rachel, la “Maricarmen” de Chillán

En Ñuble se vivió un caso muy similar al sufrido por Maricarmen, la adulta mayor que fue desalojada en Madrid y que tiene sumida a gran parte de España en una profunda crisis política. El caso local pudo haber terminado igual, pero para la adulta mayor de Chillán, la justicia falló a su favor, respaldándola con un fallo que bien vale la pena destacar

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de protección presentado a favor de una exauxiliar de un liceo, hoy jubilada, quien habita un inmueble fiscal desde 1986.

Rachel Llanca, actualmente viuda y que padece enfermedades como diabetes e hipertensión, ocupa una vivienda ubicada en calle Bulnes, a un costado de los terrenos del Instituto Superior de Comercio Fernando Pérez Becerra, establecimiento donde trabajó entre 1984 y 2014, luego de ser autorizada por el Ministerio de Educación en la década de 1980.

En ese lugar crio a sus siete hijos. Uno de ellos aún vive con ella bajo una condición de discapacidad. La familia mantiene un 40% de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares, según consta en el recurso presentado para hacer frente a un proceso de restitución del inmueble impulsado por la Seremi de Bienes Nacionales.

En su respuesta ante el tribunal, el seremi Rodrigo Herrera sostuvo que diversas fiscalizaciones advirtieron a la mujer que debía abandonar la propiedad, salvo que regularizara su situación mediante un contrato de arriendo o la postulación al subsidio correspondiente.

La autoridad también expuso ante la Corte que la residente no contaba con documentación que acreditara una autorización del Ministerio de Educación para permanecer en el inmueble de manera indefinida.

Entre los antecedentes incorporados al proceso figura además un ajuste a las dimensiones del terreno original, de poco más de 13 mil metros cuadrados, que dejó la superficie donde se emplaza la vivienda bajo administración del Ministerio de Bienes Nacionales, mientras el terreno correspondiente al Insuco permaneció en propiedad del Ministerio de Educación.

Con estos antecedentes, además de una serie de normas legales y jurisprudencia, la Seremi de Bienes Nacionales solicitó la restitución del inmueble. El 2 de julio, la Delegación Presidencial de Ñuble ordenó la recuperación administrativa de la propiedad e instruyó a la Seremi de Seguridad Pública otorgar auxilio de la fuerza pública.

La medida motivó la presentación del recurso por parte de la moradora, quien, en un hecho particular, acudió hasta la Corte de Apelaciones de Chillán sin patrocinio de abogado.

El tribunal reunió los antecedentes requeridos para resolver la acción y constató la existencia de la autorización del Ministerio de Educación que permitió a la mujer utilizar gratuitamente la vivienda ubicada en Chillán, sin establecer una fecha de término para dicha autorización.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar al estimar que se vulneró la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución, que señala que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que determine la ley.

“De la normativa transcrita se desprende que efectivamente la Delegación Presidencial cuenta con facultades para solicitar la restitución de inmuebles ilegalmente ocupados, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para dicho objeto. Sin embargo, (…) debe tener presente que la recurrente sí contaba con autorización para habitar el inmueble, según da cuenta la Resolución Exenta 468 de 1986 emanada del Ministerio de Educación, a la que hizo referencia en su calidad de auxiliar del Liceo Comercial A-10 de la comuna de Chillán, sin que se hubiere establecido una fecha de término para dicha ocupación”, señala el fallo.

La resolución agrega que la autoridad debió considerar además lo dispuesto en el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, referido al acceso a la justicia.

Dicha norma establece que “la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, dictado el 22 de septiembre pasado, fue apelado esta semana por el Consejo de Defensa del Estado.

En su presentación, el organismo insistió en la necesidad de recuperar el inmueble y sostuvo que la administración pública había ofrecido alternativas de regularización mediante arriendo, otorgando diversas oportunidades para normalizar la situación antes de solicitar la restitución administrativa.

“Si la autoridad promovió instancias de regularización, concedió plazos, efectuó reiteradas comunicaciones y postergó por un largo período la adopción de medidas compulsivas, difícilmente puede sostenerse que actuó impulsada por mero capricho o arbitrariedad”, argumentó el CDE.

Tras conocerse el caso de la exfuncionaria, surgió inevitablemente la comparación con el de Maricarmen, una mujer española que fue desalojada de su vivienda luego de que los nuevos propietarios actualizaran el valor del arriendo, que se había mantenido congelado durante años, situación que generó protestas vinculadas a la crisis habitacional que enfrenta ese país.

Una realidad que también tiene expresión en Chile y que, en Ñuble, se traduce en un déficit habitacional estimado en más de 21 mil viviendas.

Un mensaje de Inacap

Chat Vocacional con IA supera los 108 mil usuarios y fortalece la orientación para la Educación Superior

En un contexto donde 1 de cada 4 estudiantes no continúa sus estudios tras el primer año, esta herramienta gratuita de INACAP busca facilitar el acceso a orientación y acompañamiento para tomar decisiones más informadas.

En este contexto, INACAP puso a disposición de todas las personas su Chat Vocacional con Inteligencia Artificial, una herramienta online y gratuita que funciona las 24 horas y que mantiene una conversación con cada usuario, adaptando sus orientaciones a medida que incorpora nueva información.

“Elegir qué estudiar es una de las decisiones más relevantes que enfrenta una persona por lo que contar con información y orientación adecuada puede ser determinante para su trayectoria académica y profesional. Desde su lanzamiento en marzo de 2025 el Chat Vocacional ya supera los 108 mil usuarios, quienes han generado más de 519 mil interacciones”, destaca Pabla Flores, directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Chillán.

El Chat Vocacional permite profundizar en intereses, habilidades y expectativas, explorar alternativas de formación y conocer sus perspectivas laborales, entregando una orientación más dinámica y personalizada.

Caso LED: Fiscalía de Ñuble espera fecha de juicio tras investigaciones a tres municipios y al Ministerio de Energía

Esta semana, la Fiscalía de Ñuble obtuvo cinco años y un día de reclusión efectiva, el pago de una multa de $30 millones, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación para desempeñarse en órganos o empresas que contraten con el Estado mientras dure la condena, contra el exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mansilla, quien fue llevado a juicio por el delito de cohecho, en una arista del caso Luminarias LED.

La fiscal Paulina Valdebenito destacó que el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó el veredicto de forma unánime y que se acreditó que la exautoridad aceptó recibir dinero del Holding Itelecom. Lo anterior, “para que, con infracción de los deberes de su cargo, realizara conductas ilícitas, con la finalidad de favorecer a estas empresas en el proceso de licitación para el recambio del alumbrado público a tecnología LED”, afirmó.

En el juicio se expuso que, incluso, el 20 de julio 2019, la exautoridad comunal se comunicó telefónicamente con uno de los ejecutivos del grupo Itelecom, para conversar sobre las especificaciones técnicas de la futura licitación. Se acreditó que “el acusado le entregó un número de teléfono y su correo electrónico para recibir, directamente de él y de los demás ejecutivos del holding, recomendaciones o comentarios, con el fin de beneficiar a Itelecom”.

Esta arista del caso Luminarias LED se suma a la principal que está radicada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la que espera fecha para juicio oral y que incluye las investigaciones en los municipios de Chillán, Negrete, Coyhaique, y en el Ministerio de Energía.

La investigación de la Fiscalía de Ñuble acreditó que la plana ejecutiva de la compañía ofreció sobornos, en forma directa o a través de intermediarios, a funcionarios públicos, para favorecer la adjudicación a dicha empresa de licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en varias comunas del país. Además del soborno y del cohecho, la Fiscalía persiguió delitos de violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y la responsabilidad penal de la persona jurídica.

De los 21 acusados, 11 han sido condenados en procedimientos abreviados, entre ellos el Holding Itelecom por la responsabilidad penal de la persona jurídica, a lo que se suma una suspensión condicional del procedimiento. Estas condenas han permitido, hasta ahora, la recaudación de un monto superior a los $3.272 millones para el Fisco, correspondiente a multas y comisos. Se agrega ahora la condena del exalcalde Paredes.

De Quirihue a la NASA: astrofotógrafo captura impresionante imagen de millones de estrellas a 17 mil años luz

Javier Cadenas, ingeniero civil y astrofotógrafo oriundo de Quirihue, fue seleccionado por la NASA para su reconocida publicación Astronomy Picture of the Day (APOD), gracias a una extraordinaria imagen de Omega Centauri captada desde los cielos de Río Hurtado, en la Región de Coquimbo.

La fotografía muestra Omega Centauri, uno de los cúmulos globulares más grandes y luminosos asociados a nuestra galaxia, ubicado aproximadamente a 17 mil años luz de la Tierra y compuesto por millones de estrellas, muchas de ellas considerablemente más antiguas que nuestro Sol.

La imagen fue captada desde los privilegiados cielos de Río Hurtado, utilizando equipamiento especializado en astrofotografía de espacio profundo.

Para lograr este tipo de registros, Cadenas utilizó un telescopio, una cámara astronómica especializada y una montura ecuatorial, sistema que permite realizar un seguimiento preciso del movimiento aparente de los objetos celestes durante largas sesiones de captura.

La historia de Javier Cadenas con la astrofotografía comenzó hace aproximadamente una década, cuando decidió fotografiar el cielo utilizando una cámara básica.

Sus primeros trabajos estuvieron relacionados principalmente con la Vía Láctea y los paisajes nocturnos. Con el paso de los años fue adquiriendo conocimientos y perfeccionando su técnica de manera autodidacta.

Hace aproximadamente seis años dio un nuevo paso al comenzar a trabajar en astrofotografía de espacio profundo, incorporando telescopios, cámaras astronómicas y sistemas de seguimiento que le permitieron registrar objetos mucho más lejanos y tenues.

Su trabajo lo ha llevado a fotografiar desde distintos lugares de Chile, entre ellos Quirihue, el Cajón del Maipo y Río Hurtado, aprovechando la calidad de los cielos nacionales para la observación astronómica.

Para el astrofotógrafo quirihuano, este reconocimiento representa el resultado de años de aprendizaje, dedicación y numerosas noches destinadas a capturar imágenes del universo.

“Empezar hace una década con una cámara básica y evolucionar hacia el espacio profundo con telescopio y montura ha sido el resultado de un trabajo meticuloso que combina paciencia, técnica y un profundo amor por nuestros cielos. Chile es una ventana privilegiada al universo, y obtener este reconocimiento de la NASA es un orgullo enorme”, expresó Javier Cadenas.

La fotografía de Omega Centauri fue publicada oficialmente como Astronomy Picture of the Day de la NASA, llevando así el nombre de un astrofotógrafo de Ñuble hasta una de las principales vitrinas internacionales de divulgación astronómica.

El reconocimiento también pone en valor la calidad de los cielos de Chile y, particularmente, el talento de quienes desde nuestro país desarrollan iniciativas vinculadas con la astronomía y la fotografía científica.

Para conocer más sobre el trabajo de Javier Cadenas, sus fotografías y registros astronómicos, se puede visitar su cuenta de Instagram @jcadenasparra.

Aprueban parque fotovoltaico “Monterrico Solar” entre Chillán y Coihueco: contará con 404.433 paneles solares

La Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Monterrico Solar, cuya inversión alcanza los US$306 millones y que se emplazará en las comunas de Chillán y Coihueco.

La iniciativa considera la construcción y operación de una central fotovoltaica compuesta por 404.433 paneles solares, con una capacidad instalada de 248,73 MWp y una potencia nominal de 200 MW, cuya energía será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional.

Además, incorpora un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, con una potencia máxima de 200 MW y una duración de almacenamiento de seis horas, fortaleciendo la infraestructura energética asociada al proyecto.
El proyecto contempla una mano de obra máxima de 400 personas durante su etapa de construcción, además de 20 puestos de trabajo en operación y 200 durante la etapa de cierre, sumando actividad económica y nuevas oportunidades laborales asociadas a su ejecución.

De acuerdo con los antecedentes evaluados, el Servicio de Evaluación Ambiental de Ñuble recomendó aprobar la Declaración de Impacto Ambiental al determinar que el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable y con los requisitos asociados a los permisos ambientales sectoriales correspondientes.

Asimismo, durante el proceso se desarrolló una etapa de participación ciudadana, tras recibirse 93 solicitudes de personas naturales y dos de personas jurídicas, realizándose cinco actividades presenciales vinculadas al proyecto.

Entre los compromisos ambientales voluntarios incorporados se encuentran medidas de seguimiento de avifauna, monitoreo de ruido, capacitación en protección de fauna silvestre, contratación de mano de obra local durante las etapas de construcción y cierre, medidas de seguridad vial y acciones de resguardo arqueológico y paleontológico.

La seremi de Medio Ambiente, Angélica Cuevas, explicó que “valoramos este tipo de proyectos porque el aporte a la energía renovable y el desarrollo sustentable en Ñuble es bastante grande”. Además, aseguró que “la inversión y el crecimiento regional avanzan con estricto respeto a las normativas ambientales y a sus exigencias que hoy en día son fundamentales para el desarrollo de nuestra región”.

El seremi de Energía, Cristian Jaque, detalló que “este proyecto viene a cambiar nuestra matriz energética a nivel regional y nacional, con aportes de energías limpias a nuestro sistema completo y además trae bastante mano de obra asociada a la construcción. Se trata de un proyecto que se mantiene a largo plazo porque tiene una vida útil de 35 años”, precisó.

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