La recesión se agudizará en los próximos meses y el Gobierno deberá imperiosamente tomar medidas adicionales. La más inmediata es usar al BancoEstado para que, rebajando las tasas de interés, aunque sea a expensas de rebajar su rentabilidad, compita en el mercado y, si este funciona, baje las tasas de la banca privada.
El dramático llamado del Gobierno al Banco Central, para que actuara con sensatez, produjo resultados. La tasa de instancia, la que el Banco Central cobra a los bancos en los préstamos de corto plazo para cubrir sus necesidades de encaje y maximizar su capacidad de prestar dinero, tuvo una baja sustancial. ¿Significará esto una rebaja en las tasas que los bancos cobran en sus préstamos a los consumidores? Es muy dudoso que así lo hagan.
El año 2002, después de dos años de sucesivas rebajas en la tasa del Banco Central, que llegó en 1999 al 18%, CONADECUS, la Asociación de Consumidores presentó a la Fiscalía Nacional Económica una denuncia en que señalaba que los bancos en una evidente colusión no habían traspasado esas importantes rebajas a los préstamos de los consumidores.
La FNE hizo un estudio y no logró probar que hubiera colusión. Al comparar los movimientos de las tasas de interés de un banco con otro, no se notaba una correlación estrecha. Las instrucciones de la Asociación Gremial de Bancos, si las hubo, fueron dadas verbalmente y la FNE carece hasta ahora, del uso de fuentes de información reservadas para probar la formación de carteles.
La denuncia de CONADECUS fue finalmente desechada. La situación ahora es muy parecida: si la banca privada se resiste a bajar las tasas de interés, o no presta dinero ante la inseguridad del actual escenario de los riesgos, la rebaja no se traspasará a los créditos y no significará un impulso económico para evitar la recesión.
Si a esa situación se suma la creciente venta de dólares del sector privado para reformular sus carteras de inversiones con la consiguiente revalorización del peso chileno, la recesión se agudizará en los próximos meses y el Gobierno deberá imperiosamente tomar medidas adicionales.
La más inmediata es usar al BancoEstado para que, rebajando las tasas de interés, aunque sea a expensas de rebajar su rentabilidad, compita en el mercado y, si este funciona, baje las tasas de la banca privada. Mal que mal, esa es la función del BancoEstado como regulador del mercado crediticio.
La propuesta más innovadora proviene del economista Enrique Goldfard. Desde hace años insiste que hay que desahogar a las Pymes de la catástrofe provocada por las altas tasas de interés de fines de los 90′. Para ello sugiere que se haga una consolidación de todas las deudas de cada PYME, y se la reprograme con tres años de gracia a una tasa muy reducida, o tal vez con interés cero. Como esta consolidación provocaría una pérdida a la banca, pues esos créditos están hechos a tasas de interés muy superiores, propone que de la diferencia de intereses se haga cargo el Estado chileno.
La propuesta del presidente DC, diputado Juan Carlos Latorre de que se modifique la Constitución para permitir que el Estado participe en el salvamento de empresas privadas, con problemas de capitalización y/o gestión, ha sido muy resistida por los partidos de oposición, tal vez por estar mal formulada y, en todo caso, porque no hay votos para proceder a una reforma constitucional en un plazo breve.
En los países desarrollados existe un instrumento que perfectamente se podría usar de inmediato en Chile. Son los llamados préstamos convertibles. En ellos se otorga un préstamo a tasas muy preferentes a una empresa que requiera capital de operación o de inversión para lograr rentabilidad. El préstamo da la opción al prestador de convertirlo en un plazo determinado, por ejemplo 5 o 10 años, en acciones de la empresa, al valor actual en el mercado al momento del préstamo. En cualquier momento el acreedor puede convertir esas acciones y venderlas en el mercado. Esas acciones no dan derecho a voto ni a intervenir en la gestión de la empresa, pero pueden ejercer derecho a veto en ciertas iniciativas. Como la Constitución actual en Chile prohíbe la inversión del Estado en empresas, la opción de acciones debería hacerse en forma simultánea con la venta en el mercado.
El ejemplo más significativo de uso de ese instrumento se daría en el caso de la paralización del Costanera Center de CENCOSUD, por problemas de capital y de rentabilidad en el momento actual. Terminar el mega center, dando trabajo productivo a dos mil obreros, que quedarán desempleados, y rentabilizar a la empresa en un período difícil, aprovechando el eventual aumento futuro de precio de las acciones, sería la mejor inversión del Estado chileno ante la compleja crisis actual.
En la medida que la recesión se agudice se presentarán nuevas oportunidades de usar ese instrumento que cumple con la restrictiva legalidad actual y podría ser usada también por la banca privada.
*Ernesto Benado es director de Conadecus, Asociación de Consumidores.
