Alejandra Mizala: cuando la nueva rectora de la U. de Chile y su esposo fueron víctimas de Sartor

Para la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, economista titulada en su alma mater y doctorada en Berkeley, Sartor y la arista penal que involucra las compras y ventas de Azul Azul no le son ajenos, no solo porque la universidad mantiene un convenio por el uso de la marca y los símbolos con la concesionaria Azul Azul y nombra a dos directores, sino también por la decisión tomada por su marido Jaime Gatica Barros, de invertir en Sartor Administradora General de Fondos (AGF).

Cruce Sartor-Azul Azul

En 2021, Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz de Sartor AGF, y Michael Clark, director de Sartor AGF, se convirtieron en dueños del 63% de Azul Azul. No en forma directa, sino a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, que compró el 63% de la concesionaria a Carlos Heller en US$ 15 millones. En ese FIP, Sartor tenía el 90% e Inversiones Antumalal –la sociedad de Clark– el 10%.

No todo el dinero para pagar la operación provino de sus bolsillos, sino de Inversiones Cerro El Plomo SpA, que a su vez obtuvo el financiamiento de los fondos públicos y regulados Sartor Leasing y Sartor Proyección, así como del FIP Deuda Privada, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En simple, los aportantes de estos fondos ayudaron a costear parte de la compra de la concesionaria de la U. ¿De quién es Cerro El Plomo? De varios accionistas de la AGF Sartor.

No es lo único: el 13 de diciembre de 2024, cuando la CMF había aplicado dos drásticas medidas contra Sartor, previas a revocarle la autorización para operar, Michael Clark, a través de Antumalal, compró el 90% que tenía Sartor en el FIP Tactical Sport, lo que hizo público la concesionaria recién el 20 de diciembre de 2024, el mismo día en que la CMF ordenó a Sartor dejar de operar. Clark desembolsó un monto irrisorio: US$ 5,7 millones, poco más de un tercio de lo que antes se le pagó a Heller, dejando a Sartor sin un activo importante.

El Ministerio Público abrió una investigación relativa a Sartor y sus aristas, designando para tal efecto al fiscal adjunto de Las Condes, Juan Pablo Araya. Aún desformalizada, porque no ha habido audiencias para comunicar los cargos, tienen la calidad de imputados Pedro Pablo Larraín Mery, socio mayoritario y presidente de Sartor AGF; Óscar Ebel, dueño de casi un 10%; Carlos Larraín Mery y Hugo Baranda, parte de la trama del factoring Emprender Capital, al que Sartor le prestó mucha plata; Michael Clark, la AGF Sartor y su matriz.

La primera hebra que tiró el fiscal Araya es la de Azul Azul y las cuestionadas operaciones de compra y venta. El 4 de mayo fueron allanados los domicilios de Clark, sus sociedades Redwood Capital SpA, Antumalal Limitada y Bulla SpA, así como los de Azul Azul y Romántico Viajero SpA, la sociedad de José Ramón Correa, abogado de Clark que compró el 21% de Azul Azul gracias a un controvertido préstamo y quien ahora aparece ligado a Luis Hermosilla.

Los antecedentes reunidos hacen presumir al fiscal la existencia de los delitos de negociación incompatible, administración desleal y entrega de información falsa.

La CMF, por su parte, multó a los cinco directores de Sartor AGF –Clark, Pedro Pablo Larraín y Óscar Ebel, entre ellos–, además de la inhabilidad para ocupar un puesto en un directorio por cinco años, debido a que incumplieron el mandato de administrar fondos de inversión exclusivamente en beneficio de los aportantes y nunca en interés propio, lo que no ocurrió, ya que –según la CMF– sociedades de los directores y/o socios de Sartor AGF recibieron millonarios créditos, cuyos dineros provenían de los aportes de los inversionistas que confiaron en Sartor.

Esperado informe en derecho

Conocido el triunfo de Mizala en la segunda vuelta de la elección a la rectoría de la U. de Chile, el 2 de junio, con un 60,93% de los votos, uno de los primeros temas que ella abordó fue la necesidad de revisar el convenio entre la universidad y la concesionaria Azul Azul, que le permiten usar su nombre y sus símbolos. “Asimismo, estudiaré los antecedentes de la investigación penal en curso para actuar con la seriedad y responsabilidad institucional que esta situación amerita”, declaró esa jornada.

Al día siguiente, en CNN señaló que no se sabe quién es el dueño final del club deportivo, que “ha habido falta de transparencia” y que cualquier decisión respecto de Azul Azul, como quitarle el derecho a usar el nombre y los emblemas de la universidad, dependerá del informe en derecho encargado por la actual rectora Rosa Devés al abogado Andrés Jana. “No se descarta nada, pero es bien importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones, y no solamente lo que yo pienso y veo, que obviamente es preocupante”.

“Ahorros importantes de nuestra vida”

“Creo que fue un poco antes de la pandemia, en 2019. No me ha comentado cómo llegó, puede que alguien se lo haya recomendado”, respondió Alejandra Mizala al ser consultada por El Mostrador sobre cuándo y cómo fue que su marido decidió invertir en Sartor AGF.

“Son ahorros importantes de nuestra vida. Somos una de las tantas víctimas”, agregó sin entrar en detalles respecto de la cuantía, argumentando que se trata de un asunto privado.

En efecto, Jaime Gatica Barros –ingeniero comercial de la U. de Chile y doctorado en la U. de Notre Dame– fue uno de los 184 aportantes en el recurso de reposición que presentó, en agosto del año pasado, el estudio del abogado Jorge Bofill ante la CMF, pidiendo dejar sin efecto la resolución que ordenó liquidar 11 fondos de Sartor, designando para ello a la AGF Toesca.

La CMF lo rechazó y recurrieron a la Corte de Apelaciones, alegando que la decisión de la Comisión para el Mercado Financiero vulneró sus derechos, pero también fue rechazado.

Los penalistas Jorge Bofill y César Ramos presentaron entonces una querella a nombre de 125 aportantes por los delitos de estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa a la CMF en contra de todos los que resulten responsables. Gatica Barros no participó en ella.

Sí lo hizo su primo León Guzmán Gatica, psicólogo y socio de una empresa de headhunting, quien el mes pasado se desistió, al igual que otros 91 querellantes, por motivos personales. La decisión coincidió con la presentación de una nueva querella patrocinada por Bofill y Ramos, en representación de 33 víctimas, esta vez en contra de Sartor AGF, sus socios Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante y Óscar Ebel, además de Michael Clark, entre otros, por estafa, administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa a la CMF y manipulación del precio de un valor de oferta pública

Por recomendación de Jaime Gatica, dos sobrinas –hijas de una prima hermana– invirtieron en Sartor AGF.

-¿Cuánto calcula su marido que va a poder recuperar de la inversión?
-No tenemos idea, eso está en manos de (la AGF) Toesca, que es una empresa seria. Toesca ha informado que está haciendo su mejor esfuerzo para recuperar la mayor cantidad de dinero, pero también ha advertido que va a haber una pérdida importante.

Esta administradora tiene plazo hasta agosto de 2028 para liquidar los 11 fondos de Sartor (prorrogables por un año más). Su abogado Sergio Rodríguez Oro presentó el mes pasado una querella por negociación incompatible y administración desleal en contra de los cinco directores de Sartor AGF, sus socios y el gerente general por la fórmula mediante la cual el FIP Tactical Sport financió con plata de los aportantes parte de la compra del 63% de Azul Azul a Carlos Heller.

Mizala hizo hincapié en que sus intereses personales no se han visto jamás contrapuestos con los de la universidad, donde lleva 37 años trabajando. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y fue prorrectora desde 2022 hasta marzo pasado, cuando renunció para dedicarse a su campaña.