Alejandro Irarrázaval: el señor de los parrones

Hace 4 años, un reportaje de televisión denunció que el Ejército arrendaba diversos terrenos en Peldehue a la empresa Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. y que, además, le alquilaba los derechos de agua sobre una serie de vertientes y afluentes del río Colina hasta el año 2047. La noticia generó impacto profundo tras confirmar una práctica extendida y, aunque validada legalmente, dejaba tras de sí un río seco en Colina.

Lo llamativo fue la actuación del Ejército como agente inmobiliario y comerciante de agua en un área de reconocida escasez hídrica –ubicada a 50 kilómetros de Santiago– que ha sido catalogada por expertos ambientales como zona de sacrificio, debido a estar rodeada de relaves, empresas mineras y cultivos de la agroindustria, operaciones que han dejado sin agua a gran parte de la población aledaña.

La denuncia fue interpuesta en octubre de 2021, apuntando a una negligencia de la autoridad al no monitorear este tipo de negocios. “Se entiende que el Ejército trabaja con secretismo en muchas de sus operaciones, pero esta es una operación que no tiene nada de táctico ni estratégico. Estamos hablando de una operación vulgarmente comercial”, se estampó entonces en la denuncia.

Desde el Congreso de aquel entonces, el diputado de la época Gabriel Silber (DC) envió un oficio de fiscalización a la Dirección General de Aguas (DGA), solicitando un informe sobre los contratos suscritos entre el Ejército de Chile y la empresa Agroindustrial Chacabuco Quality Grapes S.A.

La DGA respondió –según pudo constatar la Unidad de Investigación de El Mostrador– que no podía entregar esa información, pues se trataba de un acuerdo entre “particulares”, dejando el asunto en el ámbito privado de los negocios.

Lo que prometía transformarse en materia de debate –en plena discusión sobre la propiedad y los derechos de agua en el proceso constituyente–, finalmente terminó sin ningún tipo de repercusión pública. Eso, hasta que el nombre de la empresa agrícola volvió a sonar, tras comprobarse que uno de los dueños es nada menos que el encargado del Segundo Piso de La Moneda: Alejandro Irarrázaval Alfonso, amigo y colaborador histórico de José Antonio Kast.

• El Mostrador se comunicó con Alejandro Irarrázaval, Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A y con el Ejército de Chile. Nadie quiso responder para este reportaje.

Patrón de fundo

Antes de convertirse en el hombre más influyente del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval construyó su carrera lejos de la primera línea política. A diferencia de otros dirigentes de la derecha chilena que sustentaron su trayectoria desde el Congreso o los partidos, él siguió una ruta paralela a la política: la de los negocios, la gestión empresarial  y el mundo agrícola.

De esa experiencia, quienes lo conocen aseguran que su desempeño empresarial fue más bien pobre, de pocas luces, de continuas chambonadas, y en el que su carácter de hombre arrogante y violento en el trato fueron los rasgos de personalidad que marcaron su característica. Hubo un tiempo en que ocupó un cargo gerencial en una concesionaria automotriz, desde donde fue despedido por abuso de poder contra un funcionario de mucho menor rango.

Más allá de ciertas incursiones en otras áreas, es el mundo agrícola, de raigambre familiar, donde está almacenado su ADN.  Es un “auténtico patrón de fundo”,  aunque más bien “patrón de hacienda”, del tipo Señor de la querencia.

Descendiente de Manuel José Irarrázaval, un destacado militante del extinto Partido Conservador, la familia se asentó en Illapel, donde su padre administraba la hacienda familiar homónima –una de las más grandes de Chile, con más de 570 hectáreas–, expropiada una parte durante la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva y la mayor parte de ella durante la Unidad Popular. De ahí proviene su “iracundo anticomunismo”, opinan varios. Dicha expropiación obligó a la familia a emigrar a Argentina junto a sus nueve hijos. Sus estudios secundarios los cursó en el país vecino.

A comienzos de los 80 regresaron a Chile, etapa que coincidió con el ingreso de Alejandro Irarrázaval a la carrera de ingeniería comercial en la Universidad Católica, un espacio donde se le recuerda como un “pinochetista recalcitrante” y –según algunas fuentes– protagonista de frecuentes peleas con opositores al régimen militar, a quienes iba a golpear con bates de béisbol en el Campus Oriente. “Defendía sus ideas con fuerza y vehemencia en un periodo muy polarizado”, recuerda un exalumno de esos años.

En la universidad conoció a un también joven José Antonio Kast, devoto de la Virgen, de Pinochet y de Jaime Guzmán. Con él adhirió al gremialismo, compartiendo con Rodrigo Álvarez, Rodrigo Pérez, Darío Paya, Arturo Fermandois, Miguel Flores y Carlos Frontaura. Desde entonces, la vida de Kast e Irarrázaval han tenido un trayecto paralelo, alternando negocios con política. “Son muy amigos, viven cerca, tienen afinidades valóricas y es el único del gabinete que tiene línea de crédito con Kast”, dice un exmilitante de la UDI.

El señor de los parrones

Antes de asumir como el jefe del cuerpo de asesores del Presidente, Alejandro Irarrázal ocupó la presidencia de Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., una empresa exportadora de uva que se constituyó de manera oficial el mismo año en que la compañía firmó su primer contrato con el Ejército. En el año 2006.

Aunque el Código de Aguas permite arrendar o ceder derechos de aprovechamiento de aguas, el uso de bienes fiscales por parte del Ejército para alquilar a privados ha sido un tema altamente cuestionado. Sin ir más lejos, el actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se ha mostrado contrario a la administración privada de bienes públicos, por lo que ha sostenido que solicitará a la institución castrense la devolución de terrenos para construir viviendas.

“A mí no me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas hacer negocios inmobiliarios”, comentó Poduje a fines de abril de este año.

La confirmación sobre los negocios de Irarrázaval con el Ejército reabre un viejo debate sobre el agua como bien de consumo, pese a que la reforma al Código de Aguas del año 2022 consagró la priorización del uso doméstico de subsistencia.

Esto último, sin embargo, no ha ocurrido. Al contrario: el río Colina ha disminuido considerablemente su caudal en los últimos 10 años, siendo desviado a través de una compuerta hacia diversos predios agrícolas –entre ellos, los terrenos arrendados por Irarrázaval al Ejército–, sin dejar escurrir una sola gota de agua río abajo.

El contraste con Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. es inmenso. Basta ver su página web para dimensionar la distancia entre el oasis de parronales y la sequía que circunda el lugar. Se trata de condiciones semidesérticas que la empresa valora –baja humedad, viento seco constante y alta radiación solar– que permitirían a la compañía producir –como detalla en su portal– una “uva de mesa de calidad mundial”.

“Dulce, crocante, sana y de apariencia atractiva”, aseguran.

El regimiento Peldehue

En agosto del año 2006, el agricultor Rafael Jordán y el ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval constituyeron la sociedad Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., a través del fondo de inversión Río Colina S.A. El objetivo de la empresa –según consta en el Diario Oficial– fue la explotación de “predios agrícolas, vitícolas, frutícolas, forestales y ganaderos”.

El 11 de agosto de ese mismo mes, la sociedad recién constituida firmó un contrato con el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército para arrendar un sector de la Hacienda Peldehue –160 hectáreas–, colindante con la actual Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, conocida también como Regimiento Peldehue.

• El recinto militar –cabe recordar– funcionó como centro de exterminio durante la dictadura, pues allí fueron fusilados presos políticos y luego enterrados en fosas al interior de sus dependencias. En 1978, a través de la “Operación Retiro de Televisores”, como se conoció la orden emitida por Augusto Pinochet para hacer desaparecer todos los cadáveres sepultados en distintos lugares del país, los cuerpos fueron exhumados, amarrados a rieles y arrojados al mar desde helicópteros Puma que despegaban desde la base de Peldehue.

En septiembre de 2007, El Ejército y Chacabuco Quality Grapes decidieron modificar el contrato de arrendamiento, asumiendo esta vez la responsabilidad legal el Comando de Bienestar del Ejército (COB), el que a través del general Alejandro Joaquín Martínez Barrios suscribió otro documento legal que contemplaba un nueva renta de arrendamiento, especificación de hectáreas, plazos de contrato y uso eficiente de los recursos hídricos.

En junio de 2016, se firmó un nuevo contrato en reemplazo del anterior, ampliando a más de 300 las hectáreas arrendadas a la empresa de Alejandro Irarrázaval, incluyendo una parte del fundo Baños de Colina. Además de los terrenos, el Ejército entregó en arrendamiento a Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. “la totalidad de los recursos hídricos, aguas y derechos de aprovechamiento de aguas, superficiales y subterráneas” de carácter consuntivo que poseía la institución. Los recursos entregados incluyen pozos y el usufructo de las vertientes Carvajalino, Termas de Colina, El Sauce y Quebrada La Leona.

Según el contrato al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, este comenzó a regir el 1 de julio de 2016, estipulando como fecha de término el 30 de junio de 2047. O sea, su vigencia legal superaría las tres décadas, en un negocio de largo aliento que amenaza con disminuir los recursos antes de que expire el contrato.

Los precios pactados entre las partes contemplan una renta escalonada conforme a un cronograma. Los montos partieron en US$ 133.405 el año 2016; aumentaron a US$ 166.900 entre los años 2025 y 2028; y finalizaron con un incremento que alcanza los US$ 288.750, entre los años 2032 y 2047. “Las rentas antes indicadas serán pagadas en moneda nacional, según la equivalencia del dólar observado fijado por el Banco Central de Chile el día del pago efectivo”, indica el documento.

El Ejército, además, autorizó a la empresa agrícola, a través de un “mandato irrevocable”, a solicitar derechos de aprovechamiento de aguas, “sin importar el estado actual de tramitación en que se encuentren”, quedando estas a nombre del arrendador en el Registro de Propiedad de Agua.

Informes

En 2022, un estudio científico de Sergio Iriarte, hidrólogo de la ONG Investiga Colina, comprobó que el caudal del río Colina bajó en 10 años a 270 litros por segundo, equivalente a un 85% menos del promedio histórico, comprometiendo a los sectores rurales, los pequeños agricultores y la población general, que ha visto secarse sus norias y pozos.

El proceso es acumulativo, asegura Iriarte a El Mostrador, porque la extracción indiscriminada de agua por parte de la agroindustria impide alimentar el acuífero, pues la infiltración se produce justo en el tramo del río que hoy se encuentra seco. “Esta pérdida afecta a todos en Colina, porque de ahí se saca el agua que bebemos y que ha ido disminuyendo gradualmente. El impacto, en este sentido, es directo”, explica.

El problema no es solo legal, agrega Iriarte, sino principalmente ético, debido al arriendo que estaría recibiendo el Ejército por parte de la Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. “Es inmoral, porque existe una Constitución que debe garantizar las condiciones ambientales necesarias para vivir, pero el Ejército termina lucrando con el agua, siendo que sus miembros tienen mejores condiciones de jubilación y bienestar que cualquier otro ciudadano del país”, agrega.

Para Eduardo Pérez, presidente de la misma ONG, la venta de derechos de agua por parte del Ejército no solo afecta la recarga natural de los acuíferos y pozos, sino que también impide la existencia de un caudal ecológico mínimo durante todo el año, “afectando a comunidades, medioambiente y biodiversidad”.

“Al quedar sin caudal, la vida alrededor va desapareciendo, generando un daño directo a los pequeños agricultores que deben abandonar sus cosechas por falta de agua… no es posible que sectores como Quilapilún se abastezcan de agua en camiones aljibes mientras el Ejército lucra con el agua y favorece a la gran agroindustria”, añade Pérez.

Un informe del Relator de Naciones Unidas David R. Boyd, quien visitó Chile en mayo de 2023, asegura que el gran problema para garantizar el acceso al agua en nuestro país se debe a la privatización de los derechos consagrado en el Código de Aguas, que permite entregar estos derechos de manera perpetua y sin costo. “Este sistema ha llevado a un mayor control de parte de la agricultura industrial, las empresas forestales y mineras, a costa de las personas de bajos ingresos en las comunidades rurales, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores”, explica.

A continuación, el delegado internacional propone algo que a estas alturas parece de perogrulllo: “El Gobierno de Chile tiene la obligación legal de garantizar que todos tengan acceso a agua potable salubre y suficiente donde viven, trabajan, estudian y juegan. La ley sobre derechos humanos es clara, la asignación de agua debe priorizar primero los derechos humanos, las necesidades de los ecosistemas en segundo lugar y la industria en tercer lugar”.

“Los recientes cambios al Código de Aguas y el programa Agua Potable Rural están hechos para priorizar el consumo humano, pero aún existe una brecha sustancial en la implementación”, agrega el documento, apelando a la escasa fiscalización de las autoridades para hacer cumplir la ley.